El procurador general de los Estados Unidos, Eric Holder, informó a la agencia Associated Press que espera ser interrogado por los investigadores del caso “Rápido y Furioso”, una operación en la que agentes federales del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) fueron supuestamente ordenados por superiores en el Departamento de Justicia a permitir la entrada ilegal de más de dos mil armas a México, las cuales fueron recuperadas en ambos lados de la frontera, incluyendo en la escena del crimen donde falleció el agente fronterizo Brian Terry.
A pesar de que los demócratas de la Casa de Representantes intentaron deslindar a los altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama, incluyendo a Holder, documentos obtenidos por distintos medios estadounidenses, entre ellos CBS, demostraron a finales de enero que el Procurador General conocía el caso de “Rápido y Furioso” desde julio de 2010. Este hecho contradice la declaración hecha por el procurador el 3 de mayo de 2011 frente al congreso, en el que aseguró que la primera vez que había oído del operativo fue unas semanas antes de su audiencia.
A mediados de febrero, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, John Boehner, sostuvo que la operación fue un abuso de poder por parte de su propio gobierno e instó a que el Departamento de Justicia, encabezado por el Procurador General, esté sujeto a una fuerte “rendición de cuentas”.
El caso “Rápido y Furioso” ha ganado presencia en Washington durante las últimas semanas luego de que el diario CBS diera a conocer el 19 de marzo que el procurador omitió evidencias sobre la captura y liberación de Manuel Acosta, un personaje clave en el tráfico ilegal de armas a los cárteles.
Su incumplimiento ante la comparecencia del congreso ha puesto a Holder bajo la lupa; distintos sectores de la sociedad civil ahora demandan su renuncia o destitución.
Con información de AP y CBS.
