El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, dijo hoy que pidió apoyo a México, como presidente del G-20, en la crisis con Argentina por la posible expropiación de YPF, filial de la española Repsol, en un contexto en el que México, a través de Pemex, anunció recientemente una alianza con Repsol, tras la compra de acciones de la petrolera privada española.
El gobierno de Argentina comenzó el proceso de nacionalización de YPF enviando al Legislativo un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al 50.01% de las acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Federales, una empresas que perteneciera al Estado argentino y que actualmente está en manos de la española Repsol y en menor medida al Grupo Petersen, de la familia Eskenazy.
Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen -todas las que tienen los Eskenazy- y 96.5 millones de los títulos que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57.43% a Repsol y en un 25.46% al Grupo Petersen, mientras que un 17.09% está en la bolsa y un 0.02% ya está en poder del estado argentino.
El proyecto de ley establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01%, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas. En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”.
También señala que “el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.
El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, principal agente de los intereses de la multinacional petrolera en el gobierno metropolitano español, amenazó este jueves con que cualquier “gesto de hostilidad” contra empresas de su país será interpretado como un gesto “hacia España” y “trae consigo consecuencias”, en clara referencia al gobierno argentino.
La nacionalización de YPF sería un duro golpe para la compañía española, ya que representa el 25% del ingreso neto de Repsol. Para calcular el daño exacto que tendría Repsol ante la nacionalización habría que saber si la nacionalización afectará a todas sus acciones o sólo a una parte y, de igual forma, si se haría por expropiación o por compra. No obstante, las especulaciones sobre la posible nacionalización ya han afectado a la compañía reduciendo su valor en bolsa estos días.
Aunque hasta el momento la compañía no tiene comunicación oficial sobre la posible nacionalización (por lo que no puede tomar medidas legales), algunas provincias en las que Repsol realiza exploraciones, han cancelado las licencias a YPF alegando que los trabajos no se hacían de la manera apropiada, por lo que la compañía española ha recurrido ante tribunales.
En Argentina es posible la nacionalización de las empresas privadas a través de leyes donde por medio del argumento de un “valor de interés nacional” podrían concretar una compra o expropiación, es decir, el gobierno podría comprar la empresa privada para hacerla pública.
Antecedentes recientes
En argentina hay un precedente a esta situación con las Aerolíneas Argentinas, empresa que fue vendida por el gobierno argentino a la estatal española Iberia, que adquirió el 85% de la compañía de cara a su futura privatización. En 2001, se dio el traspaso de la aerolínea al Grupo Marsans, el consorcio español formado por las aerolíneas privadas Spanair y Air Comet, que adquirió el 92.1% de las acciones. Finalmente, en 2009, la empresa fue comprada y regresó a manos del Estado argentino.
En un antecedente latinoamericano de nacionalización de una empresa petrolera Hugo Chávez nacionalizó en mayo de 2009 hasta 74 empresas de servicios petroleros.
Por otra parte, el fallecido líder libio, Muamar Gadafi, quiso nacionalizar en 2009 petroleras de varios países occidentales, entre ellos la española Repsol. También el presidente boliviano, Evo Morales, lanzó el pasado mes de febrero la amenaza de nacionalizar las operaciones de aquellas empresas petroleras foráneas que no cumplan sus compromisos de inversión.
Argentina sería “apestado internacional” si expropia YPF: España
El gobierno español advirtió el viernes a Argentina que la expropiación de YPF, propiedad de la petrolera española Repsol, le convertiría en un “apestado internacional”, cuya consecuencia más inmediata se dejaría sentir no sólo en sus relaciones con el país ibérico sino con toda la Unión Europea. Madrid, con el apoyo de sus socios europeos en Bruselas, elevó el tono de la protesta diplomática por los últimos acontecimientos en torno a la compañía. El gobierno señaló que está recabando el apoyo de sus aliados y dejó entrever que la nacionalización de YPF implicaría una ruptura de relaciones, no sólo económicas.
Tras entrevistarse durante una hora con el embajador argentino en España, el canciller José Manuel García-Margallo confió en encontrar una solución dialogada al contencioso pero dijo que cualquier “agresión” a Repsol será considerada “una agresión al gobierno español”. En ese sentido, el secretario de Estado para la Unión Europea de la cancillería, Iñigo Méndez de Vigo, precisó que la nacionalización de YPF afectaría las negociaciones comerciales en curso entre los 27 socios de la Unión Europea y los países del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
“Romper las reglas del juego tiene un coste y Argentina se va a convertir en un apestado internacional”, dijo Méndez de Vigo a la emisora Onda Cero. Poco después, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló que no tiene constancia de que Argentina haya iniciado un proceso de expropiación de YPF pero aseguró que, de producirse, el gobierno responderá. “Las medidas no se anuncian, se adoptan”, afirmó Sáenz de Santamaría preguntada en rueda de prensa sobre si España se plantearía suspender las importaciones y otras inversiones en el país sudamericano. “La obligación de este gobierno es defender con todos los instrumentos que tiene a su alcance los intereses generales de España”, agregó.
En Bruselas la Unión Europea pidió a Argentina que respete los compromisos adquiridos y dijo que había hecho llegar una “nota diplomática” a un miembro del gobierno de Cristina Fernández. “Estamos al lado de España en esta situación”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly. “Esperamos que el gobierno argentino respete los compromisos internacionales y la protección de las inversiones extranjeras en su territorio”. España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos. La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los 23.242 millones de dólares en 2010, un 26,3% del total con respecto al 16,8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.
Mientras tanto, Repsol remitió el viernes un comunicado el regulador bursátil en España en el que asegura no haber recibido “notificación alguna por parte de las autoridades argentinas en relación con su participación accionarial en su filial YPF, S.A.”. Las acciones de la petrolera se desplomaban 2,6% a media sesión en una jornada de pérdidas generalizadas en la Bolsa de Madrid. El comunicado de la compañía y la dura reacción del gobierno español llegó horas después de intensos rumores a uno y otro lado del Atlántico sobre la posibilidad de que Argentina tome la decisión de expropiar YPF a Repsol, adquiriendo más de la mitad de su paquete accionario. Pero la presidenta Fernández evitó hablar de la petrolera en un mensaje a la nación en la tarde del jueves.
YPF está participada en un 57,43% por la española Repsol y en un 25,46% por el grupo argentino Petersen, que es el responsable de su gestión. El Estado argentino tiene una participación minoritaria. La filial argentina representa el 42% de las reservas totales de Repsol, cifradas en 2.100 millones de barriles de crudo, y un 25% de sus beneficios de explotación. Seis provincias argentinas han retirado recientemente concesiones de distintas áreas hidrocarburíferas a YPF, alegando el incumplimiento en los planes de inversión. Ello supone el 19% de la producción nacional de crudo de la empresa, según estimaciones del sector energético. En respuesta, YPF, que niega las acusaciones de falta de inversión, ha interpuesto demandas ante la justicia. Pero muchos analistas consideran que detrás de la presión oficial para que la compañía aumente sus inversiones en la exploración y explotación de petróleo y gas hay una voluntad de nacionalizar la petrolera, que fue privatizada en la década de 1990.
YPF es una filial argentina de Repsol y actualmente posee el 58,23% de sus acciones, adquiridas en 1999 por 13 mil 437 millones de euros al comprar casi la totalidad de las acciones de la petrolera estatal argentina. Aquella sociedad se llamó entonces Repsol- YPF, S.A. Con esta adquisición, Repsol se convirtió en la octava productora de crudo del mundo y la decimoquinta compañía energética, con operaciones en 30 países.
Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, fue reestructurada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y entre 1989 y 1992 fueron privatizadas juncto con la llegada de las principales reformas. El primer paso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (que era una Sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.). En el año 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, mientras las provincias argentinas tenían el 12%. El sector privado era propietario del 46% de las acciones. El sector privado en YPF lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro. Finalmente, se culminó la privatización al venderse el último 24% de acciones estatales y provinciales a la española Repsol en 1999 por un valor de 9 mil millones de dólares. Pero el mismo año la española compró otro 73% de acciones que pertenecían al sector privado.
Posteriormente, en diciembre de 2007, el Grupo Petersen, conglomerado argentino de empresas propiedad de Enrique Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A.. El 4 de mayo del 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10%. De esta manera, el Grupo Petersen pasa a poseer el 25,46% de YPF, la compañía Repsol tiene el 58,23%, mientras que el 16,34% restante se encuentra en manos de inversores del mercado.
Repsol-YPF anunció el año pasado el descubrimiento de un yacimiento de petróleo y gas no convencional en un área llamada Vaca Muerta -en las provincias de Neuquen y Mendoza- un hallazgo que puede triplicar las reservas del país y hacerlo autosuficiente. Ahora Repsol-YPF cuenta con la licencia de exploración de la zona, pero podría perderla con la nacionalización. Extraer estos recursos no convencionales es demasiado costoso y según Repsol sería necesaria la inversión en el proyecto de otras compañías.
Con información de CubaDebate, El Universal, RTVE y Associated Press.
