A casi un año, el presunto homicida de Gamaliel sigue impune
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A casi un año, el presunto homicida de Gamaliel sigue impune

Por Rosario Carmona
16 de abril, 2012
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Marcha para exigir justicia por el asesinato del pequeño Gamaliel.

“Ya no puedo más, ya no tengo nada por qué vivir”.

Es lo primero que dice doña Vicenta, que a cada paso, parece desfallecer.

Una vez más regresó al Distrito Federal para exigir la justicia para su hijo, Gamaliel, violado y asesinado el 8 de junio del año pasado, en una ranchería de San Mateo Piñas, Oaxaca.

El proceso penal lejos de terminar, se ha extendido por la presentación de un certificado médico que pretende ubicar al presunto homicida, Julio César Ruíz Martínez, a ocho horas de camino del sitio del crimen.

La versión que presentó la defensa de Julio César terminó por lastimar más a la familia de Gamaliel.

“Yo soy la madre del niño José Gamaliel, que hace 9 meses fue asesinado brutalmente. Violado, asesinado de cinco puñaladas”, dice con el mismo grito que mantiene ahogado desde el día de la muerte de su hijo de 6 años de edad.

Luego, se desborda el dolor atizado con el coraje porque los meses pasan y la justicia no llega. Por eso, acusa al doctor David Argelio Chávez López, no sólo de prestarse para encubrir al homicida, sino además de ser tan responsable como los que buscan impedir que se dicte una sentencia.

“Pido la justicia, pido la justicia para que la muerte de mi hijo no quede impune. Yo le pido a las autoridades que me escuchen”, exige.

“Ese doctor es un hombre sin corazón porque está impidiendo la justicia. Mi dolor es muy fuerte. Me siento muy triste, muy acabada, pero yo sí pido que ese hombre tenga el castigo justo porque mi niño era un ángel, un niño de 6 años al que lo llamaba mi amigo y cómo pudo él hacer esto con mi hijo. Esta situación me tiene muy mal”.

Y sí, el cansancio del viaje desde su ranchería hasta el Distrito Federal, la delgadez que se vuelve mayor con el paso de los días y el cabello que blanquea de tanto esperar por una justicia que  no llega, descubren a una madre que muere cada día en vida.

Desde su ranchería, son tres horas para llegar a San Mateo Piñas, de ahí hay que salir a las tres de la mañana y tomar el único microbús que sale para el Portillo de Copalita y de ahí son 8 horas para llegar a Oaxaca, nada más ahí, hay que pagar entre 120 y 150 pesos, cuenta doña Vicenta.

“Estoy desgastada económica, moral y sentimentalmente, porque a mi hijo jamás lo veré caminar junto a mí y esa gente se burla de mí…”

Supuesto certificado médico del doctor David Argelio Chávez López.

 

La piedra en el proceso penal

Roberto García López, tío de Gamaliel, explica los obstáculos que se han presentado en el juicio.

El expediente, dice, fue atraído a Oaxaca, ya que en el distrito de Pochutla –donde se inició el proceso penal- se detectaron varias irregularidades y actos que favorecían a la defensa.

Actualmente el caso se encuentra radicado en el juzgado Tercero Penal bajo el número 25-2012.

A 9 meses del homicidio, agrega, no se ha hecho justicia porque la defensa presentó testigos de coartada, incluyendo al médico, director del Cecati 68 de Oaxaca, dueño de una clínica, que aportó una receta y un certificado que coloca a Julio César en otro lugar diferente al sitio del asesinato.

El documento, que fue ratificado en el juzgado por el médico David  Argelio Chávez López, pretende demostrar que el presunto homicida se encontraba a 245 kilómetros y ocho horas de camino de la ranchería donde fue violado y apuñalado José Gamaliel.

Los familiares  y el abogado de doña Vicenta acudieron a los directivos estatales del Cecati (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial) sin que obtuvieran ningún apoyo a la queja que presentaron, por ello decidieron viajar al Distrito Federal para llevar la denuncia hasta las instancias federales.

El abogado, Pedro Delgado, explicó que presentaron el expediente a Alejandro Cervantes, responsable de Asuntos Jurídicos y Seguimiento y Evaluación en la dirección de Cecati, ya que el doctor David Argelio Chávez López es integrante del sistema.

La respuesta de Cecati fue que darán seguimiento al caso.

Quien pone la piedra en el camino de la justicia es el doctor Chávez López, describe Roberto García.

Su testimonio es el único argumento que ha impedido que se dicte sentencia. Dado que presentó una receta ubicándolo en otro lugar, cuando ese 8 de junio a las 16 horas, se encontraba en la ranchería de San Cristóbal Bajo cometiendo el homicidio de cinco puñaladas. Además de que se tienen las declaraciones de habitantes de la zona que son testigos de que fue Julio César, quien se llevó al niño al salir de la escuela en un caballo, también está el primer testimonio que da el doctor negando la validez del documento”.

Sin embargo, reconoce que el testimonio del doctor es parte de la maquinaria que ha instalado la defensa para evitar que se haga justicia.

El rancho se quedó solo

En medio de los platanales, pasando dos ríos y a una hora y media caminando por una vereda, está la casa de Gamaliel. Sola.

La ranchería no ha vuelto a ser la misma desde ese 8 de junio, cuando, por la mañana, el niño de 6 años se despidió de su mamá, le dijo que no fuera por él a la escuela, que no quería que se cansara.

Al salir de clases, los vecinos de San Mateo Piñas lo vieron junto a Julio César. “Lo subió a un caballo, todavía le compró unas golosinas y un refresco y luego ya no se supo de él, hasta que encontraron su cuerpo en una barranca, apuñalado y violado”, recuerdan.

El mayor temor de doña Vicenta y de su familia es que los testigos sucumban ante las amenazas o incluso ante los intentos de extorsión que don Gregorio, el padre del presunto homicida, lanza para defender a su hijo.

Hasta  en la cárcel hizo sentir su poder. Pagó para que Julio permaneciera en una zona especial y sus familiares lo presumían entre los habitantes de la comunidad, dice Roberto García.

A la distancia, doña Vicenta García no pide nada más que justicia, pero reconoce que día con día las fuerzas se le van minando y su salud se deteriora en medio de esa tristeza que parece no terminar.

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El gobierno de Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos y desató una nueva ola de protestas en Venezuela

En 2022 ha habido un repunte de las protestas en Venezuela, luego de dos años consecutivos en los que venían disminuyendo. BBC Mundo te cuenta qué hay detrás de este cambio,
23 de agosto, 2022
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El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

Rebajas de ingresos

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
Muchos trabajadores culpan al ONAPRE por la reducción en sus ingresos.

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Victoria parcial

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

La diferencia es notable.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Salarios de hambre

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

Una enfermera muestra un cartel que dice "No al salario de hambre".

Getty Images
Los funcionarios públicos en Venezuela se quejan por cobrar un “salario de hambre”.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

Qué ha dicho el gobierno

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Manda el bolsillo

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
2022 ha visto un repunte de las protestas callejeras en Venezuela.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.


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