Ley para víctimas de la violencia: 8 novedades a debate
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Ley para víctimas de la violencia:
8 novedades a debate

El Senado discute la Iniciativa de Ley General de Víctimas, que busca dar un lugar preponderante en el marco del Derecho mexicano a los ciudadanos afectados por delitos o violaciones a sus derechos humanos
Por Paris Martínez
18 de abril, 2012
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Este martes, el Senado de la República emprendió la discusión de la Iniciativa de Ley General de Víctimas, consensuada por representantes de todos los grupos parlamentarios y con respaldo de la UNAM y el Movimiento por la Paz, que busca dar un lugar preponderante en el marco del Derecho mexicano a los ciudadanos afectados por delitos o violaciones a sus derechos humanos.

A continuación, te presentamos un resumen de los principales aportes que incluye esta iniciativa de ley, turnada para su discusión a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, y que se prevé sea votada el jueves, para que pueda ser elevada al pleno ese mismo día, para su aprobación o rechazo.

Requisitos para ser considerado “víctima”

La iniciativa de ley considera “víctimas directas” a quien acredite haber sufrido en su persona “algún daño” económico, físico, mental, emocional o jurídico, “como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos”; además, la ley los define como “víctimas indirectas” a los familiares o personas con una relación directa con el afectado.

Cualquier persona que considere haber sufrido un “daño” en los términos de esta ley deberá presentar su caso ante el Sistema Nacional de Víctimas, que seleccionará a aquellos que cumplan los requisitos para acceder a beneficios tales como atención médica, asesoría legal para el acceso a la justicia, becas educativas, programas de crédito o indemnizaciones económicas.

De esta forma, la iniciativa de ley reconoce que las víctimas de delitos y de violaciones a garantías individuales tienen el derecho a la reparación integral del daño ocasionado, para lo cual la norma obliga a las autoridades a garantizar la restitución de sus derechos violados; a otorgarle tratamiento especializado para su rehabilitación física y psicológica; a proporcionarle una compensación económica; a la revelación pública y completa de la verdad sobre los hechos sufridos para restablecer su dignidad (lo que en la ley se denomina derecho a la satisfacción), así como a que a la víctima le sea garantizada la no repetición del agravio.

¿Qué obligaciones tiene la autoridad?

Los servidores públicos en general deberán brindar a la víctima y sus familiares información clara, precisa y accesible sobre los beneficios que les concede esta ley, así como atención especializada en materia legal, médica y psicológica.

Es particular obligación de los funcionarios adscritos a comisiones de derechos humanos el presentar ante el MP las denuncias correspondientes por el daño causado a la víctima, tras un presunto delito, en un plazo máximo de tres días a partir de que la queja fue interpuesta, además de que toca a dichas comisiones vigilar que la autoridad judicial no cometa omisiones en su labor y, en caso de que éstas se presenten, denunciarlas ante la instancia correspondiente.

Además, será el Sector Salud el encargado de dar la atención médica y psicológica a las víctimas, para lo cual habrá de brindar capacitación especializada a sus empleados y crear un equipo que, con este fin, opere las 24 horas del día, asegurándose siempre de que, al brindar este servicio, no se violen derechos humanos de los afectados.

Acceso a la justicia

Según el proyecto de ley, las víctimas tienen derecho a que se realice una investigación judicial pronta y efectiva, que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de todos los responsables del daño sufrido.

Para ello, esta ley en debate prevé la creación de “abogados victimales”, es decir, asesores jurídicos proporcionados por el Estado y que actuarán en beneficio de la víctima, por lo que no sólo tendrán a su cargo brindar apoyo legal a los afectados, sino proceder contra agentes investigadores, jueces u otras autoridades que obstruyan el derecho de su defendido a la seguridad jurídica.

Además, se prevé que las víctimas y sus familiares puedan acceder a “medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad personal o libertad sean amenazadas o se hallen en riesgo”, entre las cuales queda establecida la posibilidad de testificar contra sus victimarios, ante un juez, “sin ser identificados dentro de la audiencia”.

La ley también reconoce el derecho de las víctimas de origen extranjero a que “su consulado sea inmediatamente notificado”, mientras que las víctimas que no hablen el español o que tengan discapacidad auditiva, verbal o visual tienen derecho “a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor”.

Servicios disponibles

La ley en discusión establece que la autoridad deberá proporcionar apoyos para que las víctimas satisfagan sus necesidades alimenticias, de abasto, sanitarias, de alojamiento (de manera transitoria), tan pronto como el daño sea reportado a la autoridad. Este aspecto de la ley es tan detallado que se no sólo prevé otorgar a la víctima medios para adquirir alimentos, sino también “utensilios de cocina”.

La ley aclara que los costos de la asistencia a víctimas “en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho”.

Fondo de atención

La norma a debate prevé la conformación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño, con el que se financiará la atención a las víctimas y de donde saldrán las compensaciones económicas que se les asignen, fondo que sería auditado todos los años.

Estos recursos deberán venir etiquetados desde el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados y, se subraya, no podrán emplearse para ningún fin que no sea el estipulado. Otra parte de este fondo se integrará con los recursos decomisados al hampa, de las fianzas efectivas en caso de que el inculpado no cumpla con la reparación del daño, de las sanciones económicas a empresas que financien a grupos fuera de la ley y, también, de las multas impuestas a quienes violen esta norma (esto incluye las multas al Estado y a sus funcionarios, cuando violen derechos humanos).

La ley también prevé la posibilidad de que particulares donen recursos para este fondo a través de colectas en cajeros automáticos y redondeo en supermercados.

Búsqueda de desaparecidos

La iniciativa legal marca como obligación de la autoridad emprender “de oficio” (es decir, sin necesidad de que medie una petición) la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas. Lo anterior incluye la recuperación de cadáveres, su identificación e, incluso, su inhumación.

Ésta se trata de una responsabilidad asignada enfáticamente a los agentes del Ministerio Público, los cuales “deben vigilar el cumplimiento del deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas”.

Además, se establece que las víctimas tienen derecho a conocer todos los detalles del delito o violación de derechos sufrida, y en el caso de las víctimas asesinadas o desaparecidas se preserva el derecho a su localización, identificación y restitución de la dignidad.

Adiós a la “criminalización”

Otro derecho reconocido en la iniciativa a las víctimas es el de no ser “criminalizadas”, es decir, que la autoridad no la culpe por el daño sufrido y, por ello, establece la norma, “las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie”.

En relación con lo anterior, la norma prohíbe explícitamente que cualquier autoridad e, incluso, cualquier particular, entre los que cita a los medios de comunicación, “especule públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva”.

Justicia simbólicas

Como parte de la restitución de la dignidad de las víctimas, la iniciativa prevé que, por cada caso, se rinda una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos.

También se contempla la realización de actos que rindan honor a las víctimas, tales como “la construcción de monumentos, estatuas y museos; la identificación de lugares de conmemoración; la celebración de fechas oficiales de luto; el cambio del nombre de calles, parques y otros sitios públicos; y otras formas de manifestación artística o social”.

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Shinzo Abe: asesinan al exprimer ministro de Japón cuando daba un discurso

Shinzo Abe murió en el hospital después de que le dispararan mientras daba un discurso en la ciudad occidental de Nara.
8 de julio, 2022
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El exprimer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado este viernes cuando daba un discurso en la ciudad de Nara, en el sur de Japón.

El exmandatario de 67 años falleció en el Hospital de la Universidad Médica de Nara, donde estaba recibiendo tratamiento médico tras el incidente.

Colapsó inmediatamente tras los disparos y fue trasladado de urgencias al hospital, donde los médicos pasaron cuatro horas y media tratando de salvarle la vida.

El corresponsal de la BBC en Tokio, Yuko Kato, califica la noticia como “el peor desenlace posible“.

“Independientemente de lo que mucha gente piense de la gestión de Abe, Japón ahora está unido por el dolor, la ira y la conmoción”, agrega.

El tiroteo ocurrió sobre las 11:30 hora local (02:30 GMT) del viernes y su presunto autor, un hombre de 41 años, fue arrestado.

Tras el anuncio de su muerte, un médico del hospital confirmó en una rueda de prensa que había encontrado heridas en el lado derecho del cuello, pero dijo que no había encontrado ninguna bala.

Además, aseguró que su equipo no había detectado signos vitales cuando el ex primer ministro llegó al hospital.

El médico experto concluyó que, tras caer en un estado de paro cardiopulmonar en la escena del crimen, Shinzo Abe murió desangrado.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, calificó el ataque como un acto de brutalidad y aseguró que estaba “sin palabras“.

“Tengo un gran respeto por el legado que dejó Shinzo Abe y le doy mi más sentido pésame”, agregó, y describió a Abe como un “amigo personal” y alguien con quien “pasaba mucho tiempo”.

“Recibí valiosos consejos y apoyo de Abe”, prosiguió.

Cómo ocurrió el ataque

  • Abe se encontraba haciendo campaña en la ciudad de Nara, en el sur de Japón, a dos días de las elecciones de la Cámara alta del Parlamento japonés previstas para el domingo.
  • Estaba dando un discurso de campaña en apoyo al candidato político Kei Sato, un miembro actual de la Cámara alta que se postula para la reelección en Nara.
  • Se escucharon dos disparos y se cree que Abe recibió uno de ellos en el cuello.
  • El exmandatario colapsó inmediatamente y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.
  • Los agentes de seguridad que se encontraban en la escena abordaron al atacante, quien está ahora bajo custodia.
  • Un arma no identificada fue filmada en el suelo después del ataque. Se cree que el atacante usó un arma casera, pero la policía no ha confirmado esta versión.

La policía incautó el arma del atacante, quien fue identificado como Yamagami Tetsuya.

Un hombre, que se cree que es sospechoso de disparar al primer ministro japonés Shinzo Abe, es retenido por agentes de policía en la estación Yamato Saidaiji en Nara.

Reuters

Tetsuya le dijo a los investigadores que no estaba contento con el ex primer ministro y que tenía la intención de matarlo, según fuentes policiales.

El atacante es exmiembro de la Fuerza de Autodefensa Marítima (fuerza naval) de Japón, reportaron los medios locales.

Los ataques de este tipo son muy raros en Japón, un país en donde existen estrictas restricciones sobre la posesión de armas de fuego y donde apenas se registran incidentes de violencia política.

Su legado

Abe fue primer ministro de Japón entre 2006 y 2007, y de nuevo entre 2012 y 2020, siendo el mandatario que más tiempo ha servido en ese cargo en la historia de Japón.

Hijo del excanciller Shintaro Abe y nieto del exprimer ministro Nobusuke Kishi, Abe pertenecía a la realeza política y todavía era considerado una figura poderosa en la política japonesa.

Era conocido por su agresiva política exterior y una estrategia económica característica que popularmente se conoció como “Abenomics”.

Shinzo Abe

EPA
Abe fue primer ministro de Japón entre 2006 y 2007, y de nuevo entre 2012 y 2020, siendo el mandatario que más tiempo ha servido en ese cargo en la historia de Japón.

Es, hasta el momento, el primer ministro con más años de servicio en el país asiático.

Su primera etapa como primer ministro fue breve, duró poco más de un año a partir de 2006, y estuvo marcada por el escándalo.

Pero hizo una reaparición política en 2012 y se mantuvo en el poder hasta 2020 cuando renunció por motivos de salud.

Abe renunció luego de semanas de especulaciones, revelando que había sufrido una recaída de colitis ulcerosa: la enfermedad intestinal que provocó su renuncia en 2007.

Fue sucedido por su aliado cercano en el partido Yoshihide Suga, a quien luego reemplazó Fumio Kishida, el actual primer ministro.

El exlíder japonés fue uno de los políticos más influyentes de Japón en los tiempos modernos.

Su asesinato ha provocado conmoción y condena tanto en Japón como en el extranjero.


Análisis de Rupert Wingfield-Hayes

Corresponsal de la BBC en Japón

La primera pregunta que mucha gente se estará haciendo es ¿qué arma usó el atacante y cómo la consiguió?

La respuesta parece ser que puede que él mismo la haya fabricado.

Las fotografías que han surgido del sospechoso mientras estaba siendo detenido muestran lo que parece ser una escopeta de dos cañones improvisada o hecha en casa.

Un arma no identificada en el suelo cerca de la escena del crimen.

Reuters
Un arma no identificada en el suelo cerca de la escena del crimen.

La violencia con armas de fuego es muy rara en Japón, donde es extremadamente difícil poseer una.

La violencia política también es extremadamente rara.

Abe contaba con un equipo de seguridad. Pero parece que el atacante aun así pudo acercarse a Abe sin ningún tipo de control o barrera.

El tiroteo de una figura tan prominente es profundamente impactante en un país que se enorgullece de ser tan seguro.


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