Decadentes, propuestas de presidenciables en Derechos Humanos: Arena Electoral
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Decadentes, propuestas de presidenciables en Derechos Humanos: Arena Electoral

Mientras la violencia ha alcanzado a civiles, periodistas, y defensores de Derechos Humanos, tres presidenciables reprueban en la materia; AMLO aprueba con baja calificación
9 de mayo, 2012
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En un país como México, donde la violencia y crímenes relacionados con la delincuencia organizada han alcanzado a civiles, periodistas, indígenas, defensores de Derechos Humanos e incluso, integrantes de las propias Fuerzas Armadas, los presidenciables no presentan propuestas claras para desarrollar una verdadera política pública de Derechos Humanos.

Las propuestas de los candidatos dejan mucho que desear en este rubro, pese a que es urgente resolver casos como el de Valentina Rosendo Cantú, indígena que fue agredida sexualmente por dos militares del 41 Batallón de Infantería, en febrero de 2002, en Guerrero, y a la cual 9 años después, insulsamente se le “resarce” el daño con una simple disculpa pública que le ofreció el Estado Mexicano, obligado por una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que los militares que la violaron aún siguen libres.

Luego de revisar sus propuestas, Andrés Manuel López Obrador es el único aprobado en materia de Derechos Humanos, aunque con baja calificación (6.8), según la evaluación que realizó Arena Electoral. Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Gabriel Quadri, ni siquiera llegan al 5; obtuvieron 4.4,  4.7 y 3.3, respectivamente.

Lo anterior, deriva de las observaciones que realizaron expertos en la materia, convocados para realizar este ejercicio de valoración de las propuestas de los presidenciables en este tema de agenda nacional.

Cabe señalar que de acuerdo a información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2011 fueron masacradas al menos 43 personas ajenas a la “lucha” contra el narcotráfico.

Como el caso de Valentina, existe también el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, quien fue violada por tres militares frente a sus cinco hijos, también en Guerrero. Después de una década de haber ocurrido los hechos, el Estado Mexicano aceptó su responsabilidad apenas el 6 de marzo pasado, sin que los militares responsables y los servidores públicos omisos hayan sido procesados.

De ahí la urgencia de que los presidenciables valoren con mayor seriedad el tema de Derechos Humanos.

Algunas de actuales propuestas:

 

JVM

AMLO

EPN

GQT

Reforma constitucional para proteger la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural Profunda Reforma del Estado; las recomendaciones de la CNDH deben tener un carácter vinculatorio

Se deben buscar coincidencias en temas relevantes de la agenda internacional para negociarlos de manera conjunta

Escuela formadora de ciudadanos libres, respetuosos de la legalidad, con plenos valores cívicos

Fortalecer condiciones en que se otorga el juicio de amparo Creación de una Comisión de la Verdad Seguridad reconocida como un derecho ciudadano
Consolidación del Consejo de Derechos Humanos como el órgano principal en la materia Garantizar los derechos de las mujeres y discapacitados En seguridad nacional se buscará apoyar la reglamentación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y, de manera específica, la del artículo 29 constitucional Política exterior de principios, de acuerdo con el Artículo 89 de la Constitución Política
Capacitación a jefes, mandos, agentes de la policía y tropa de las fuerzas armadas

Aunque hubo observaciones que los presidenciables compartieron en torno a que no especifican aspectos como canalización de presupuesto, rendición de cuentas y mecanismos de evaluación, lo que sobresale es que existen contenidos ausentes en sus propuestas.

A la panista lo más criticable es:

  • La reforma constitucional que propone para “proteger el derecho a la vida humana”, es contraria a los principios de derechos humanos.
  • La propuesta está limitada a una agenda legislativa y no al diseño e instrumentación de políticas públicas.
  • Se plantea que se buscarán mecanismos para los ciudadanos pero sólo en dos áreas: voto en el extranjero y libertad de expresión sin abordar en específico el problema del derecho a la información y la violencia.
  • Ausencia de la reparación del daño ante las violaciones a los derechos humanos en los últimos años

Al candidato de las Izquierdas:

  • La propuesta de crear una comisión de la verdad es absolutamente contraria a los estándares internacionales en la materia.
  • Contiene perspectivas e interpretaciones de los derechos humanos que ya han sido superadas desde hace varios años, por lo que contiene errores conceptuales graves.
  • Carece de un planteamiento en cuanto a la proyección internacional en materia de Derechos Humanos.

Al priista:

Se orienta a la cuestión de la inseguridad y alude al artículo 29 para la defensa de los ciudadanos.

  • En su gran mayoría, se apegan a discurso retórico y dadivoso donde la base es convertir los derechos humanos en “beneficios políticos”.
  • Faltan temas de la agenda política que no coinciden con la realidad urgente del país.
  • La propuesta está diseñada para una proyección internacional y, por consiguiente, resta importancia a las problemáticas concretas del país, cuya necesidad de atender es urgente dado el contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos que existe en la actualidad.
  • No aborda la violación a los derechos humanos ya existente y en materia de derecho a la información sólo habla de ampliar el acceso a la información pública de manera general.

Al representante de Nueva Alianza:

  • El objetivo y las metas son pobres.
  • No presenta una coherencia con los principales problemas del cumplimiento de México con los derechos humanos.
  • Falta de conocimiento de la agenda pública y de las obligaciones del Estado.
  • Presenta un grave desconocimiento del ordenamiento jurídico en materia de Derechos Humanos.
  • No observa tampoco a los grupos vulnerables ni en la reparación de los daños.

Sobre los evaluadores:

Visita el sitio web de Arena Electoral para consultar las propuestas completas de los candidatos y los comentarios íntegros de los evaluadores, resultado de este ejercicio que se realiza junto con Lupa Ciudadana: Combate a la Corrupción.

Dora Elvira García. Líder de Proyectos Estratégicos en Humanidades. Coordinadora de la Cátedra UNESCO-Tecnológico de Monterrey sobre Ética y Derechos Humanos. Es directora de la revista En-claves del pensamiento.

Issa Luna Pla. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son: derechos humanos, derecho de acceso a la información, libertades informativas y protección de datos personales.

Luis Eduardo Zavala de Alba. Doctor en Derecho Internacional. Profesor visitante en la Universidad de Yale e integrante del SNI. Sus líneas de investigación son: derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos, solución de controversias y ética en el ejercicio de la función pública.

Ricardo González Bernal. Oficial de Protección y Seguridad en la organización internacional Artículo 19. Especialista en derechos humanos y libertad de expresión. Internacionalista por la Universidad Iberoamericana.

Tania Arroyo. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en derecho a la libertad de expresión.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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