“Baluarte inmaculado de las instituciones”, así definió el presidente Ávila Camacho, al Ejército, al comenzar la década de 1940 cuando comenzaba el exitoso proceso de regresarlo a los cuarteles y garantizar su lealtad, después de varias décadas en que los militares habían definido la vida política nacional y los ejércitos se movían en torno a la figura de uno o más caudillos. Bajo la sombra de la revolución institucionalizada, el Ejército encontró su lugar hasta convertirse en garante de la estabilidad y la paz social dentro del sistema político mexicano.
El reciente arraigo de cuatro oficiales de la alta jerarquía militar mexicana –dos generales de división en retiro, un general Brigadier y un teniente coronel de caballería también en retiro-, cimbra a una de las instituciones más sólidas –hasta ahora- del Estado mexicano y rompe con una tradición de más de 70 años en la cual, la alta jerarquía militar –como cuerpo- no había sido involucrada en escándalos, y mucho menos se había cuestionado su lealtad al Estado mexicano –el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo condenado a 40 años de cárcel por sus vínculos con el cártel de Juárez, en 1997, aparece más como un hecho aislado-.
Uno de los grandes e indiscutibles logros de la revolución institucionalizada desde 1929 fue haber organizado, tecnificado y profesionalizado al ejército nacional, pero sobre todo haber creado una serie de mecanismos que permitieron que el ejército se conviritiera en garante de la estabilidad política y la paz social, incluso por encima del propio partido oficial, como quedó demostrado al no intervenir en la transición democrática de los últimos años del siglo XX y mucho menos lo que fue la prueba de fuego de su lealtad hacia las instituciones: la alternancia presidencial del 2000.
Hasta antes de su proceso institucional, el ejército había visto de todo; la mayor parte de los miembros del victorioso ejército de la revolución –particularmente el que acompañó a los sonorenses al poder tras la caída de Carranza en 1920-, eran militares improvisados, hechos sobre el campo de batalla, sin ningún sentido de clase y cuya lealtad era hacia el caudillo, no hacia la causa o los principios.
Este ejército sufriría una importante y definitiva transformación entre 1920 y 1940.
Varios de los generales y oficiales que llegaron al poder con los sonorenses, murieron en 1924 cuando decidieron sumarse a la rebelión delahuertista en contra del gobierno de Obregón –en lo que fue una verdadera purga militar-. Luego de la poda bélica, durante el régimen de Calles (1924-1928), comenzó la reorganización y profesionalización del ejército, aún así, México vivió todavía dos movimientos armados de cierta importancia: en 1929 se levantó en armas Gonzalo Escobar –que cimbró la incipiente estabilidad del ejército pero fue derrotado- y en 1939, Saturnino Cedillo, quien cayó muerto en campaña.
Luego de la rebelión de 1939 –la última que involucró a una parte del ejército-, el fantasma de una revolución armada organizada desde el interior del propio ejército nacional desapareció por completo y aunque en 1940 y en 1952, viejos generales compitieron por la presidencia de la república –Juan Andreu Almazán y Miguel Henríquez Guzmán, respectivamente- y hubo algunos connatos de rebelión debido a los fraudes denunciados, el ejército mexicano mantuvo su lealtad al gobierno legalmente constituido.
Los viejos generales optaron por el retiro de la vida pública, por encontrar acomodo dentro de las entrañas del sistema jugando a la política, como aquellos que fundaron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en 1954 o por aceptar prebendas y concesiones que alejaron el fantasma de la intromisión militar en la política nacional. No fue gratuito que el ejército recibiera un gran terreno para su Hospital Central, creara sus propias escuelas de medicina e ingeniería, tuviera un fondo de ahorro que permitió la creación del banco del ejército y la armada. El ejército ha permanecido fiel a las instituciones, bajo cualquier circunstancia, desde 1940.
El arraigo ha despertado toda clase de suspicacias; los cuatro oficiales están detenidos, pero no han sido acusados formalmente; aún están sujetos a investigación.
Sin embargo, cualquiera que sea el resultado tras cumplirse el periodo de arraigo -40 días-, el ejército ha recibido un golpe a su integridad que no tiene parangón en la historia reciente. Si los oficiales son acusados, el gobierno tendrá que reconocer que ha sido infiltrada la última línea de defensa del Estado mexicano; si los oficiales son liberados, el gobierno tendrá que explicar las razones de haber procedido así, provocando cuando menos un distancimiento entre el poder político y el poder militar que no se había visto en la historia reciente de México, en momentos en que el país necesita cerrar filas.
