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Detienen a un tercer General; enfrentarán proceso por la vía civil
En las próximas horas podrían ser detenidos más militares presuntamente involucrados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas.
Por Omar Sánchez de Tagle
18 de mayo, 2012
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La “Operación limpieza”, lanzada por la PGR en el 2008; la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre del 2009; y la captura de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, en agosto del 2010, dio desde entonces nuevas líneas de investigación a las autoridades federales, sobre todo en lo que respecta a la colaboración de mandos militares en complicidad con grupos de narcotraficantes, tanto, que la Procuraduría General de la República ha decidido investigar hasta el momento a tres generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De esta forma, y por la vía civil y no por la militar, el Ministerio Público Federal solicitó, desde el pasado 7 de marzo, diversas órdenes de localización y presentación contra Generales y otros mandos militares que pudieran estar involucrados con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas.

De hecho, funcionarios a cargo de la investigación detallaron que en las próximas horas podrían ser detenidos más militares presuntamente involucrados con dicha organización delictiva.

Fue así que ayer la propia Sedena informó, que personal perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Militar, logró cumplimentar la orden de localización y presentación contra el General de División Diplomado de Estado Mayor retirado, Ricardo Escorcia Vargas.

En las próximas horas, Escorcia Vargas será interrogado por personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la misma averiguación previa que fue abierta contra el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomas Ángeles Dauahare, y del general Roberto Dawe González.

Funcionarios de la SIEDO explicaron que  las investigaciones contra los generales surgen de distintos testigos protegidos,  como presuntamente de documentos y fotografías que descubrieron las autoridades al capturar a “La Barbie”.

De acuerdo a Alejandro Ortega Sánchez, abogado del general Ángeles Dauahare, en las constancias ministeriales se habla de un testigo protegido de nombre Jennifer, quien fuera un operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Destaca que Jennifer,  ha dado cuenta a la PGR de varios casos en los que los hermanos Beltrán Leyva pagaban a altos funcionarios protección, tal es el caso del ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y de Fernando Rivera Hernández, director de inteligencia de la SIEDO.

El testigo protegido de nombre Jennifer cobra relevancia en las investigaciones de la llamada “Operación Limpieza”, la pesquisa anticorrupción más importante de los últimos años que puso en descubierto a una red de funcionarios involucrados con los hermanos Beltrán Leyva.

Pero Jennifer ha sido utilizado, entre otros casos, ejemplo de ello es el del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez, a quien se le acusó por supuestos vínculos con los Beltrán Leyva, pero al término de las investigaciones y de un arraigo, éste salió libre por falta de pruebas.

El arraigo

Ayer, el Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones otorgó al ministerio público federal la medida cautelar del arraigo por 40 días contra los generales Tomas Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González.

Lo anterior como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, iniciada en marzo y con antecedentes en otras indagatorias del 2009, entre cuyas evidencias están los testimonios de varias personas procesadas.

Fue así que bajo un fuerte dispositivo de seguridad de más de 30 elementos militares y federales los generales fueron trasladados al Centro Federal de Investigaciones de la PGR, en la colonia Doctores del Distrito Federal.

Este viernes 18 de mayo, el General Roberto Dawe González promovió una demanda de amparo contra el arraigopor 40 días que le dictaron las autoridades mexicanas. El amparo también contempla un recurso contra la retención de la que Dawes es objeto y cualquier otra orden de aprehensión que exista en su contra.

Los antecedentes del General Ricardo Escorcia Vargas

De acuerdo a un comunicado de la Sedena, el general Escorcia Vargas “causó baja del servicio activo el 16 de abril de 2010 por haber cumplido la edad límite, ascendiendo al grado inmediato para efectos de retiro, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas”.

Dos años y medio antes de causar baja, el general pasó un mal momento del cual legalmente salió limpio, pues el 31 de diciembre del 2007 cuando era comandante de la 24 Zona Militar fue abruptamente separado de su cargo al tiempo que fue degradado.

Y el motivo no era para menos, pues tres días antes, militares y elementos de la Policía Federal Preventiva permitieron el aterrizaje de un avión Air-king procedente de Sudamérica cargado de cocaína, avión que era monitoreado por la Drug Enforcement Administration (DEA)

Tanto la DEA como personal de la Sedena  advirtieron a la 24 Zona militar de la llegada del avión, pese a ello, la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Marino-Matamoros en Morelos, lugar en el que los tripulantes y la droga desaparecieron.

Tras este hecho Escorcia Vargas fue enviado a Mazatlán, Sinaloa como jefe de Estado Mayor de la Tercera Región Militar, en el cargo no duró ni dos meses pues en marzo del 2008 pidió año sabático y regresó a vivir a Cuernavaca; Morelos

General Roberto Dawe González

De acuerdo a José Ordoñez, abogado del  general brigadier Dawe González, el militar estaba a cargo de una zona militar en Colima cuando fue requerido en la Ciudad de México por los altos mandos de la Sedena, al llegar y acudir a la sede castrense, fue enviado a la SIEDO, y desde el lunes se encuentra declarando ante el Ministerio Público

La CNDH pide a la PGR informes sobre las detenciones de los Generales

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la PGR informes sobre las quejas presentadas por los abogados de los generales Dawe y Ángeles, para verificar si se han vulnerado sus garantías individuales.

Según Alejandro Ortega Sánchez, defensa, dijo que la SIEDO mintió al rendir los informes ante el organismo nacional y que “desde el martes que fueron asegurados se les ha negado todo contacto con su defensa y se les impuso un defensor de oficio”.

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