Necesitamos más inversión pública para seguridad: EPN; JVM urge a aprobar ley contra lavado de dinero
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Necesitamos más inversión pública para seguridad: EPN; JVM urge a aprobar ley contra lavado de dinero

Durante el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el priista Enrique Peña Nieto dijo que está en desacuerdo con la propuesta de que fuerzas de seguridad de la ONU apoyen a México en tareas militares. Por su parte, la panista Josefina Vázquez Mota dijo existe la necesidad de impulsar medidas que permitan no sólo que el nuevo sistema de justicia se cumpla en el país, sino que se fortalezca y profundice.
24 de mayo, 2012
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El candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, consideró que falta más organización, más inversión pública y definición de la estrategia a seguir por el Estado mexicano para ofrecer a los mexicanos mejores resultados en materia de seguridad.

Durante su intervención en el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. A cuatro años de la reforma penal: “Lo que falta”, sostuvo que en las autoridades mexicanas tienen la capacidad y fuerza suficientes para llevar a cabo labores de seguridad y de combate al crimen organizado.

Por ello, el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) manifestó su desacuerdo con la propuesta de que fuerzas de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas apoyen en esa tarea.

Aquí el discurso completo:

Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.

Agradezco esta nueva invitación para participar en este Cuarto Foro sobre Seguridad y Justicia, y en el que he tenido ya en el pasado oportunidad de participar entonces en mi carácter de Gobernador del Estado de México, y ahora como candidato a la Presidencia de la República por el partido PRI en alianza con el Partido Verde.

Sin duda, el tema que hoy nos ocupa es el más sensible y el de mayor preocupación entre la sociedad mexicana. México hoy siente miedo, temor, angustia. Y lamentablemente la ola de violencia que se ha extendido a varias entidades del país, ha dejado entre la sociedad mexicana o está propiciando entre la sociedad mexicana un ambiente de zozobra y de privación a su libertad. Porque hay mexicanos que dejan de hacer o de tener actividades que libremente hubiesen decidido llevar a cabo si no se viviera en este ambiente de violencia y de inseguridad.

Sin duda, es un tema complejo, es un desafío mayor para el Estado mexicano, y que debe resolverse a partir de las instituciones, creadas por todos los mexicanos a lo largo de varias generaciones, que permitan realmente hacerle frente y ofrecer mejores resultados a la sociedad mexicana.

La obligación del Estado mexicano de dar seguridad a todos los mexicanos, es irrenunciable e insustituible, es tarea exclusiva del Estado mexicano.

Y que para lograr este fin, debe propiciar sin duda la participación de la sociedad organizada, de los foros de proteccionistas, pero no puede verse relevado de lo que es su responsabilidad. Es el Estado el garante de que realmente la sociedad tenga condiciones de seguridad.

¿Qué indicadores tenemos hoy en el país, y que lamentablemente nos dejan vivir en este ambiente de miedo?

Tenemos indicadores en materia de seguridad, que lamentablemente se han incrementado. Los índices de criminalidad han aumentado de manera sensible y significativa.

En lo que es el indicador universal, para medir las condiciones de seguridad de cualquier Entidad o Nación, que es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en nuestro país, pasó de ser de 10 a casi 23 que hoy México tiene.

Y este tema no puede verse de manera aislada con respecto a las otras condiciones del desarrollo social. Y he venido señalando en distintos espacios que lamentablemente el balance que hoy se tiene, en resultado a la gestión de los gobiernos de la alternancia, no es satisfactorio para los mexicanos; que además del clima de inseguridad, hoy tienes a un país que tiene más pobreza, 12 millones de mexicanos que se han sumado a las filas de la pobreza en nuestro país; tienes a un país con un mal desempeño en su economía, el peor que haya tenido en los últimos 80 años, el peor que los países de América Latina, de la que formamos parte, hemos tenido en estos años. No alcanzamos si quiera el 2 por ciento en promedio al año.

Y consecuencia de ello, observamos niveles de desempleo que se viven en el país, el doble, si lo medimos en términos de tasa, y tres veces casi en el número de mexicanos que están en el desempleo.

Y si nos vamos al tema educativo, tampoco se satisface suficientemente la demanda entre los jóvenes que quieren estudiar la preparatoria y la universidad.

Ese escenario es caldo de cultivo ideal para propiciar el clima de inseguridad que hoy tenemos. Y que debe llevarnos a fijar una agenda del Estado mexicano en su conjunto, para realmente definir con toda claridad cuáles son los objetivos que, a partir de este escenario, tenemos que trazarnos en materia de seguridad y de justicia.

En primer lugar, me refiero a la seguridad. ¿Cómo devolverle seguridad y paz a los mexicanos? Y yo vengo postulando que lo primero es definir el objetivo a atender. Y hoy en día el objetivo prioritario para el Gobierno Federal, para el Estado en su conjunto, es abatir los niveles de violencia que México vive; y que se genera prácticamente a partir de tres delitos, que en los últimos años se han incrementado, que es el homicidio, violento además, el secuestro y la extorsión.

Después de tener claramente definido ese objetivo, que debe llevarnos a alinear los esfuerzos del Estado en su conjunto, los tres niveles de Gobierno, dejando de competir –como me parece lo estuvieran haciendo y así lo he señalado de manera reiterada, porque así lo aprecio, y porque además fue la experiencia que tuve en mi carácter de Gobernador del Estado–, esfuerzos aislados, dispersos, por la falta de confianza o por factores otros, que pudieran ustedes imaginar o suponer.

Pero no ha habido una alineación del esfuerzo del Estado en su conjunto para que, en una estrategia compartida y claridad de objetivos, permitan ofrecer a los mexicanos mejores resultados.

¿Qué vengo señalando? Primero, vamos a disminuir la violencia, estrategia nacional para combatir la violencia. Tomemos acciones con la parte preventiva, que nos permita atender las causas y no las consecuencias de la inseguridad.

¿Cuáles son las causas? La pobreza, la falta de oportunidades para los mexicanos. Y esto nos debe llevar a tomar acciones precisamente para revertir estos escenarios.

Crecimiento económico para el empleo; mayor cobertura en el nivel educativo, que hoy tiene demanda; programas focalizados dentro de la política social para revertir la pobreza, de mayor eficacia y de mayor alcance. Y a partir de ello, teniendo reversión en estos escenarios críticos del desarrollo social y económico de México, sin duda será esta la mayor acción preventiva que se tome para revertir las condiciones de inseguridad.

Segundo. Reorganizar al Estado Mexicano en las fuerzas civiles, encargadas de darle seguridad a los mexicanos. Y para este propósito he propuesto tres organizaciones policiacas que debieran ocuparse de la seguridad:

Primero, la policía federal, que aquí públicamente he hecho reconocimiento de lo que se ha hecho en estos últimos años. Creció la capacidad de esa Institución en el número de elementos, en el equipamiento, en la profesionalización. Tarea que no debe suspenderse, sino al contrario, continuarse, para llevar a esta Institución a un cuerpo sólido, donde al menos –espero yo– pase de tener 36 mil elementos, que hoy tiene, a 50 mil elementos.

Segundo, aprovechar la fuerza militar que, en tareas de seguridad, hoy se dedica para combatir la inseguridad. Y que se estima es del orden de 40 mil elementos, que bien podrían pasar a ser parte de una fuerza con preparación militar, pero que bajo un mando civil, apoyen las tareas de las policías municipales debilitadas y algunas inexistentes; y que se han convertido varios Municipios de menor población, en el refugio del crimen organizado.

Por ello, el interés de ampliar esta fuerza y dedicarla a este objetivo de fortalecimiento institucional en los Municipios de menor población y que se requiere realmente que exista la presencia del Estado  mexicano a través de esta fuerza.

Tercero, impulsar la creación de las policías estatales jurídicas. Ana María hace un momento señalaba: “Oye, el crimen organizado, a diferencia de años anteriores, hoy actúa con mayor uso de violencia, con mejor armamento, con mayor sofisticación” El Estado mexicano no estaba suficientemente preparado para enfrentar este perfil de actuación del crimen organizado. Tenemos que profesionalizar nuestra policía.

Y creo que en el orden estatal, en respeto al sistema federalista que México tiene, podríamos dar paso a la creación de estas policías estatales únicas, que bajo mando único realmente tuvieran condiciones de mayor profesionalización, condiciones laborales homologadas, equipamiento también homologado, con lo cual tendríamos una fuerza policiaca de mayor capacidad y más profesional.

Tercer elemento –y es el que centralmente nos ocupa en este Foro–: el Sistema de Justicia. Sin duda, México dio un paso muy importante en la Reforma de 2008 –y aquí está quien es hoy Presidente de la Fundación Colosio, y entonces Presidente de la Comisión de Justicia– encargada justamente de asegurarse, con todos los diputados, con esos muchos diputados –que decía Rafael que hay en nuestro Congreso–, pero de manera consensada impulsar una reforma trascendental en materia de justicia para el país, que vino a trastocar y modificar el sistema de justicia que por casi 100 años teníamos en México.

Y que evidentemente en esta Reforma para transitar a la oralidad, vino a marcar un rompimiento con paradigmas, con estilos y con formas que se tenían en materia de administración de justicia, y que ha enfrentado resistencias en distintos ámbitos: gubernamentales, en profesionistas del derecho, en académicos. Pero que estoy convencido de los beneficios y de las bondades del Sistema de Justicia Adversarial y Oral que hoy tenemos en México.

Lo tenemos plasmado en la Constitución, pero no ha hecho realidad en el país, ni en el orden federal, ni en los órdenes estatales.

Y aquí sí permítanme acreditar mi convicción sobre los beneficios de este Sistema, en lo que sin duda fue la voluntad comprometida que tuve como Gobernador del Estado de México, para darle impulso a este sistema de justicia penal, que conté con el respaldo y el apoyo del Poder Judicial del Estado, de los Foros de Profesionistas, de los académicos, a quienes convocamos a que hiciéramos realidad en el Estado de México, la Entidad más poblada del país, este nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial y Oral.

Y hoy en el Estado de México es una realidad plena, que tiene instaurado en todo el Estado de México, y es el Estado de México una de las tres entidades que hoy tienen este sistema, junto con Chihuahua y Morelos.

¿Qué se requiere para realmente materializar este sistema? Ya lo decían hace un momento: recursos por supuesto, se necesitan recursos destinados a lograr este objetivo; pero antes que ello, y más importante, voluntad política, querer hacerlo, querer realmente llevarlo a cabo.

Unos tienen buenos propósitos. Aquí está acreditado que los buenos propósitos se materializan, y lo he dejado en claro: en el Estado de México acreditamos buenos propósitos y capacidad para llevarlos a cabo. Y eso que hice en el Estado de México me propongo realizarlo en todo el país: que ese Sistema de Justicia Penal se materialice plenamente.

Y lo que tengo que decirle a este Foro, a este espacio de participación ciudadana y de profesionistas del Derecho, interesados realmente en dar seguimiento a este sistema que debe implantarse en el país, me vengo a comprometerme con ustedes y, desde aquí, con todo el pueblo de México, a que este Sistema de Justicia Penal Adversarial y Oral será realidad en el país.

Vengo a comprometerlo, porque soy convencido de los beneficios que este sistema trae para la administración de justicia, y porque la seguridad y la justicia para el país no puede quedarse en un solo espacio, ni en materia de prevención ni de procuración de justicia, sino en toda la cadena a la que Miguel hace un momento se refirió. El sistema de justicia lleva toda una cadena en el proceso, que pasa por diferentes etapas y que todas deben consolidarse plenamente pasa garantizar el debido proceso a cualquier persona procesada, a cualquier mexicano que eventualmente sea acusado de la comisión de un delito, y que debe garantizarle el Estado el debido proceso.

Y que va desde la etapa de procuración, previa la investigación, procuración, administración de justicia y adecuada sentencia condenatoria, y la purga de la pena en un espacio que propicie la rehabilitación.

Un tramo bastante largo, extensos, pero en cada una de sus etapas hoy el país demanda voluntad para modernizar, para reformar, para inyectar recursos públicos a la modernización de cada una de las etapas de este proceso y que garantice el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Pasa por la etapa de procuración de justicia: del fortalecimiento de nuestras instituciones encargadas de la seguridad a las que ya me referí; de modernizar el ámbito de la procuración de justicia para contar con ministerios públicos mejor preparados y capacitados, para que pueda llevar con su investigación un debido proceso ante el juez; el romper estas resistencias en el Poder Judicial para realmente garantizar la instauración plena de la oralidad en la justicia penal en nuestro país.

Y por supuesto, en el proceso de cumplimiento de la sentencia, necesitamos modernizar nuestros sistemas penitenciarios, el cual ya dio de sí. Es un sistema penitenciario no capacitado ni preparado debidamente para la rehabilitación. Hoy, más que para rehabilitación, se han convertido las cárceles en escuelas del crimen; porque por igual purgan ahí codenas procesados y sentenciados de alta peligrosidad, como otros de menor peligrosidad.

Y creo que debemos hacer una revisión ante el crecimiento demográfico que el país ha tenido, la mayor demanda en todos estos espacios, que demandan atención para los mexicanos, y que tenemos que simplificar y modernizar neutros procesos para que realmente, en el sistema penitenciario, tengamos cárceles que propicien la rehabilitación de quienes purgan ahí condena, que aseguren un resguardo efectivo de quienes siendo delincuentes de alta peligrosidad, deban ahí purgar condena. Y todo esto demanda sí mayores recursos, insisto, pero sobre todo el compromiso y la voluntad política de que, a partir de ella, se podrá materializar la modernización de toda esta larga trayectoria que sigue el proceso en nuestro país.

Mi compromiso ante ustedes, y a partir de lo que he acreditado en mi historia política, en mi trayectoria y responsabilidad pública, y muy particularmente en la que tuve como Gobernador del Estado, es, en materia de justicia penal oral, lograr su debida implementación.

Y sin duda, impulsar las Reformas a los distintos ordenamientos legales, tanto en el orden local o estatal, que precisamente permitan la materialización de este objetivo. Así de simple y llano.

Y eso hoy vengo a decirles: que está aquí lo que fue mi experiencia, lo que claramente los especialistas del derecho, investigadores, legisladores, señalan se necesita en México, y debemos de pasar de tener esos objetivos señalados en la Ley, y como aspiración marcada en la Ley, a una materialización realmente plan y real para todos los mexicanos.

Y eso demanda de la gestión de Gobierno eficacia. Y ese es fundamentalmente mi mayor objetivo en esta competencia democrática en la que estoy participando: lograr que México tenga, de su Gobierno y de los otros niveles de Gobierno, Gobiernos eficaces, que estén en la altura y en la capacidad de hacer realidad los distintos postulados y objetivos que están trazados en nuestras leyes, en los planes de Gobierno. Pero que en las leyes, en los ordenamientos legales, hay muchos objetivos que hoy no están materializados. Y muy señaladamente en materia de seguridad de justicia.

De eso se trata, de darle al Estado Mexicano, a partir de su condición democrática, eficacia en la gestión de Gobierno. Esa es la que me propongo llevar a cabo, y que permita realmente que nuestra democracia se traduzca en una mayores resultados para todos los mexicanos.

Este es mi compromiso que antes ustedes hago el día de hoy.

Muchísimas gracias.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

– MODERADORA: Aquí me dice el candidato: “20 minutos” Porque habíamos dicho que las presentaciones por parte de los candidatos fuera de 20 minutos. Y se lo agradecemos.

Vamos a empezar con una Sesión de preguntas. Y yo tengo una pregunta, que cuando lo vi no estaba, no sé cómo lo podríamos vincular o está vinculado al tema que se está discutiendo el día de hoy, que es Seguridad y Justicia, pero leyendo estas dos preguntas, sí están muy vinculadas, que tiene que ver con la credibilidad del sistema.

Yo creo que lo que más podría destruir todo este proceso de reformas, es que se usara este nuevo sistema en una forma política; o sea, un poco lo que estaba mencionando Miguel Jarry, que se empezaran a violar los derechos o que se percibiera que es un sistema en donde se estarían persiguiendo personas que son opositoras de algún gobernante.

Y también estas preguntas, porque las voy a juntar, reflejan un desaliento, que tiene que ver con este proceso electoral. Yo lo estoy viendo desde los medios de comunicación.

Entonces, le voy a poner las dos preguntas.

La primera pregunta es de Blanca Estela Jiménez Núñez. ¿Por qué sólo cuando son tiempos electorales usted, al igual que los demás, se acercan a la gente y no lo hacen antes o después? Y la adición a la pregunta es, ¿cuál es el futuro de los 131 estudiantes de la Ibero que están investigando usted y su partido –entre comillas, aunque lo niegue–, si llega a ser Presidente? Y esta es una pregunta de Usca Ponce.

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Primero, déjame decirte, Blanca Estela, que yo estoy convencido que en materia de procuración de seguridad de justicia, que es el tema que hoy nos ocupa, la actuación del Estado Mexicano tiene que estar por encima de las actitudes y de los intereses partidarios; tiene que ser una actuación con visión de Estado, y no en razón de intereses eventualmente partidarios.

Por eso me parece que no caben los señalamientos que llegan a hacerse sobre las condiciones de seguridad que privan en un lugar y en otro, y que no responden realmente a la fuerza política que eventualmente tenga el Gobierno.

Y esto lo vinculo a lo que Ana María comentaba: debe haber credibilidad y confianza en las instituciones del Estado Mexicano para una adecuada procuración y administración de justicia. Cuando se pierde la confianza, verdaderamente el sistema en sí mismo se fragmenta, se fractura y da señales claras de debilitamiento.

Lo que me propongo hacer realmente es fortalecer de manera institucional nuestros sistemas de procuración y administración de justicia, que una parte de este proceso está en la tarea y responsabilidad de otro de los Poderes, y evidentemente, en una relación de respeto pero de colaboración institucional, se debe lograr este propósito.

Lo segundo es, por qué los candidatos –y perdón porque me extienda un poquito, Ana María– buscamos estos espacios. Porque eso es lo que busca una campaña, Blanca Estela, justamente: que la campaña permita a la sociedad, en distintos espacios de encuentro y de acercamiento, conocer a los candidatos y de su propuesta, y con ello alimentar realmente el juicio que la sociedad habrá de hacer el día de la elección.

Los mexicanos deberán decidir sobre quién será su Presidente, a partir de estar debidamente informados, de conocer a sus candidatos, o a los candidatos que están compitiendo, y tomar la decisión que más represente su interés, sus convicciones, la confianza que despierte cada uno de los candidatos. Para eso es el espacio de campaña.

Y, finalmente, Oscar –perdón que vuelva a reafirmar–, no hay ninguna investigación, y en el tema de la Ibero solamente decirte lo siguiente:

Para mí la experiencia de la Ibero –y además creo que está señalada en algún reportaje que se hiciera–, fue una experiencia verdaderamente rica y que para su servidor dejó ver el interés que hay en la juventud de participar en este proceso democrático. Y qué bueno que así sea. Es una de las fortalezas que hemos construido entre todos los mexicanos y que debiéramos seguir fortaleciendo y seguir consolidando.

Por eso justamente, Oscar, me he pronunciado porque, de llegar a la Presidencia de la República. Habré de ejercer una Presidencia democrática, que justamente dé impulso a las libertades políticas, como las que se expresaron libremente en la Universidad Iberoamericana.

Pero también he reconocido que en un espacio de respeto y de tolerancia que me permitió, en mi participación, exponer con toda claridad mi proyecto, responder preguntas que tuvieran los estudiantes, y también escuchar a quienes estaban a favor y protestas de varios que no compartían el proyecto. Pero que en el régimen democrático, en la condición democrática, que México tiene, sin duda debe prevalecer y debe alentarse a la expresión libre de cada mexicano, para quien esté a favor y también para quien esté en contra; debe alentar la tolerancia a las expresiones libres que hagan todos los mexicanos, porque es justamente lo que le da sustento a nuestra condición democrática.

Y me he pronunciado, Óscar y Blanca Estela, por impulsar y seguir abriendo, a través de reformas legales, mayores espacios de libertad, de libre manifestación para la sociedad mexicana.

– MIGUEL: Tengo una pregunta. En el contexto de lo que señala becaria, que no es la gravedad de las penas, sino la eficacia en su aplicación precisamente lo que puede constituir un elemento para disuadir los delitos, pregunta Lilian Chapa, ya que usted va en alianza con el Partido Verde, hace suya o suscribe la propuesta de pena de muerte a secuestradores, ¿por qué sí o por qué no?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Ya lo he comentado en otro espacio. En la alianza con el Partido Verde suscribimos los puntos de coincidencia, y en éste particularmente yo tengo reserva y evidentemente no fue un tema de la alianza suscrita con el Partido Verde.

Hay varios puntos de coincidencia que están señalados en el Acuerdo que hicimos con este Partido, y varios donde evidentemente tenemos diferencia.

Yo creo que aquí el tema, sin duda la penalidad es importante para lograr una justa sanción a quien llega a tener una actividad fuera de la legalidad. Pero más importante aún, es garantizar la aplicación irrestricta de la Ley, aplicación de la justicia.

Y el problema que tenemos en México, más allá de la severidad de las penas, y que la sola severidad de las penas por sí sola no va a resolver el problema de inseguridad, lo que tenemos que combatir antes que nada es la impunidad.

El que quienes llegan a cometer un delito, de 100, de acuerdo a la estadística que se tiene en México, sólo 2 por ciento, 2 de 100, llegan a recibir una sentencia condenatoria. El nivel de impunidad que hay en nuestro país es alto y elevado.

Y creo que lo que habrá de inhibir conductas delictivas, antes que nada será garantizar o el observar que el Estado aplique realmente las penas que impone la legislación. Porque si fuera la severidad de la pena por sí misma, lo que permitiera que hubiera condiciones de mayor seguridad, la receta sería muy fácil: todas las penas impónganle cadena perpetua o pena de muerte. Y créanme que eso no va a evitar que tengamos todavía condiciones de delincuencia en nuestro país.

Lo importante es asegurar la aplicación de la Ley en cualquier que llegue a infringirla y que se le aplique de manera justa a cualquiera, insisto, que llegue a romper con el marco legal establecido.

Esta es mi opinión sobre este tema en particular, Miguel.

– MIGUEL: Perfecto. Una segunda pregunta. ¿Cómo fortalecer a los poderes judiciales locales como garante de la legalidad?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Yo creo que el orden federal siempre, sin duda, es un referente y lleva o tiene condición de liderazgo.

Creo que lo que logremos hacer en el orden federal tendrá un impacto inevitable en los órdenes locales. Y en los órdenes locales, en una relación constructiva que tenga el Gobierno Federal con los otros órdenes de Gobierno, creo que posibilitará que la Reformas que estoy decidido a impulsar en el plano federal, también sean posibles en el plano local, en el plano estatal.

La Reforma de Justicia Penal, a la que me he comprometido impulsar en el orden federal, debe de ir de la mano de reformas de manera consecuencia en los Estados, y habrá que apoyar a los Estados para que tengan también la capacidad financiera y la voluntad política comprometida, para llevar a cabo estas Reformas.

– PREGUNTA: Nos pregunta Maura Liévano. ¿En qué nivel de prioridad estaría el tema de Seguridad y Justicia en su Agenda de Gobierno, considerando el resto de temas relevantes, como el desarrollo sustentable, combate a la pobreza, desarrollo económico, etcétera?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Yo creo que la exposición que hice en buena medida hubiese sido una respuesta amplia a la pregunta que se me formula.

Creo que no puede desvincularse o tratar de llevar a cabo o de lograr para el país condiciones de mayor seguridad y justicia, sin atender otras asignaturas fundamentales del desarrollo económico y social de México, que tiene que ver con el combate a la pobreza, con impulsar el crecimiento económico de México; con abrir mayores oportunidades de empleo y de educación para nuestros jóvenes. Y que eso sin duda sea un mejor escenario para la eficacia de las medidas que se tomen en materia de seguridad y de justicia, que aquí ya he referido.

– VOZ: No tuve el gusto de conocer a Maura, pero hizo muchas preguntas, y bastante relacionadas con nuestro tema.

¿Estaría de acuerdo con la autonomía jurídica presupuestaria y de decisión de las defensorías públicas en México?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y vuelvo a poner el ejemplo de lo que hice en el Estado de México:

Creamos en la Entidad el Instituto de la Defensoría de Oficio y que, con mayor inversión pública, logramos mayor profesionalización de los abogados defensores de oficio y le dimos este nivel de autonomía a través de ser un Instituto precisamente para lograr la debida capacitación y cumplimiento a la responsabilidad social que tiene esta área prescrita en la Constitución General de la República.

– VOZ: Una pregunta muy interesante, de Carlos Garduño. Dice: ¿Qué criterio se tomaría en cuenta para nombra a quien deba tener el mando civil sobre fuerzas militares en la propuesta que mencionó sobre la creación del órgano de apoyo a los Estados, toda vez que los militares no están acostumbrados a un mando civil directo?

– VOZ DE DAMA: Y quiero agregarme a esa pregunta, porque parece que hay algo de confusión con esta propuesta, porque también se refleja en esta pregunta de José Luis Guzmán, que habla de que el día de ayer, en Tercer Grado, dijo que los militares debían tener como cabeza a un militar, por su grado de especialización. Y él comenta que hoy lo que dice, que el Ejército, que acaba de decir que deben de estar bajo mando, sí hay una confusión con esa propuesta.

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Bueno, a la mejor no fui suficientemente claro. Lo que propuse, o lo que vengo proponiendo, es la creación de una Gendarmería Nacional, como un cuerpo que aproveche la capacitación que hoy elementos del Ejército han tenido y que están hoy dedicados a tareas de seguridad pública en la participación que el Ejército y la Armada están teniendo para combatir al crimen organizado y para generar condiciones de seguridad, y se emplee a este número de fuerza, aproximadamente 40 mil elementos, que tienen una capacitación y preparación militar.

Mi propuesta es crear, a partir de estos elementos, una Gendarmería Nacional, con el fin de realmente fortalecer las instituciones de seguridad o las fuerzas policíacas de los municipios de menor población, que se han convertido en refugio del crimen organizado. Pero que, evidentemente, pasarían a ser parte de una fuerza civil del Estado de México, para generar condiciones de seguridad.

La otra pregunta que ayer me formularon en Tercer Grado, era si estaría yo de acuerdo en que el Secretario de la defensa y el Secretario de Marina estuvieran a cargo de un civil.

Y mi respuesta fue que ahí considero que en estas dos Instituciones, reconocidas y prestigiadas, de nuestro país, deban seguir teniendo en el mando a un militar y a un marino o a un almirante, como me parece debe seguirlo siendo.

Que puede ser distinto de como ocurre en otros países, y cada país tiene su propia historia y su propia condición, que esta tarea es confiada a un civil.

Pero creo que por razones de historia y de condición propia de nuestro país, esta responsabilidad debe seguir asumiéndola un militar y un miembro de la Marina, almirante, para esta función.

Y recordando, como ayer decía en este programa de Tercer Grado, que al final es un civil, que es el Presidente de la República, a quien le está conferida en la Constitución el mando supremo de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

– DAMA: Aquí, creo, es donde viene un poco la confusión de si esta Gendarmería remplazaría a las policías municipales. ¿O cuál sería? Porque habla de tener esa presencia municipal.

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Yo hablo de ser parte, de apoyar de manera inmediata en esas poblaciones de menor población y donde hay una muy pobre participación o hay pobre presencia de elementos de la policía municipal; y en algunos casos, casi inexistente, en lo que será una transición para fortalecer a las policías estatales únicas, que evidentemente deberán pasar por una aprobación de parte del Congreso.

Logrado esto, esta Gendarmería Nacional sería parte de la propia policía federal, con lo cual tendrías una fuerza civil del orden federal, del orden de 90 mil elementos, entre los 40 mil y 50 mil que me propongo llevar en número a lo que hoy son 36 mil elementos de esta fuerza policiaca.

– PREGUNTA: En este sentido, candidato, ¿qué le parece la participación de la fuerzas de apoyo de Naciones Unidas en el ámbito policial? ¿Estaría abierto a esa colaboración?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: No, no estaría abierto. Creo que el Estado tiene capacidad y tiene la fuerza suficiente para realmente hacerle frente al crimen organizado, que sin duda falta mayor organización, mayor inversión pública y definición muy clara de la estrategia que deba seguir el Estado mexicano en su conjunto, para ofrecerle a los mexicanos mejores resultados y condiciones de seguridad.

– PREGUNTA: Dice la pregunta: ¿cómo es posible que se señala que debe aprobarse el Código Federal de Procedimientos Penales para instaurar el Sistema Acusatorio en el ámbito garantista, si el proyecto que analiza la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados establece principios inquisitivos puros, como intervención de comunicaciones, el arraigo, ejidos protegidos, intervención de domicilio, delitos graves, etcétera?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Yo creo que es un tema que está todavía en debate en la Cámara de Diputados. Creo que no hay una definición, pero creo que el objetivo es muy claro, y además en el compromiso que tengo en lo que habré de impulsar, de llegar a la Presidencia de la República, que será un Estado que actúe en estricta defensa de los derechos humanos.

Me he pronunciado a través del Manifiesto por una Presidencia Democrática, para realizar las reformas legislativas que deban de hacerse a distintos ordenamientos, para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos, como además se prescribió en la Reforma que tuviera el Artículo 1° de nuestra Constitución hace algunos meses por parte del Congreso de la Unión.

De tal suerte que sin duda estos temas de preocupación y –que me parece– la atención mayor de parte de los señores diputados, estarán sujetos al debate, y en una propuesta que, reitero, sea la legislación procesal penal que se materialice, respetuosa de los derechos humanos.

– MODERADOR: La maestra Mónica Herrerías, pregunta. ¿La implementación de la Reforma Penal alcanzará para beneficiar a las víctimas, para garantizar el cumplimiento a los derechos humanos en materia de: reparación de daños, protección de identidad de la víctima protocolos de actuación, modelos de atención, modelos de atención, fondo de auxilio?

¿Hay compromiso para implementar la nueva Ley de Atención a víctimas?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Hay pleno y total compromiso. Porque además es obligación del Ejecutivo Federal y del Estado, en su conjunto, ejecutar y materializar realmente lo que este nuevo Ordenamiento Legal propicia y establece como objetivos para atender a las víctimas del delito.

Creo que deja muy en claro cuáles serán los apoyos que el Estado obligado está a la seguridad. Y cuando no se logre este fin, apoyar a quienes son víctimas del delito.

Hoy está ya materializada esta legislación, este ordenamiento legal, que –debo señalar– fue promovido e impulsado de manera decisiva por los representantes del partido que represento. Y que finalmente, en un consenso que se logró en el Congreso de la Unión, hoy se ha aprobado; y corresponderá su plena ejecución, y que, espero, está en la responsabilidad como Presidente de la República, de llevarlo a cabo.

– MODERADOR: Una última pregunta, con todo respeto a todas estas preguntas, que son más de 100 preguntas.

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Y si me permites, me gustaría llevármelas, para poder, si es que tienen algún correo, responder las preguntas que aquí se formulen.

– MODERADOR: Sí. Pero aquí en una pregunta van dos, y se ha repetido en muchas ocasiones desde hacer tres días que iniciamos el Foro, y se trata de la opinión de usted –como se la han pedido a todas las personas que han participado en este Foro–, ¿qué opinión tiene usted respecto a la autonomía del Ministerio Público, dígase “autonomía de la Procuraduría”?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Sé que hay un debate sobre este tema y creo que hay elementos a favor y en contra. Particularmente, estoy más en favor de mantener la procuración de justicia dentro del ámbito del Ejecutivo Federal; porque, de no ser así, es un tanto como relevar de la responsabilidad al Ejecutivo Federal, al Titular del Ejecutivo. Es un tanto como darle a la procuración de justicia o al Titular de la Procuraduría esa responsabilidad, de la cual fuera relevado el Presidente de la República. Y en esta tarea, en el compromiso de darle seguridad a los mexicanos, el Presidente de la República asume una responsabilidad fundamental que está, fundamentalmente, en el tema de la procuración de justicia.

De tal suerte que estoy en favor de mantenerla dentro del ámbito del Ejecutivo Federal, para que realmente sea el Presidente de la República quien tenga plena responsabilidad en esta materia, y no sea relevado de esta tarea.

– DAMA: Licenciado, a mí me toca hacer como un cierre de tres minutos, y quisiera cambiar un poquito el protocolo, básicamente porque como Candidato, eres el único Candidato que en verdad ha tenido experiencia en implementar este tipo de reformas, y se habló de cómo lo implementó y qué fue lo que le ayudó.

Yo creo que sería interesante que nos comentara qué había diferente. O sea, de lo que se hizo en el Estado de México en la implementación de las reformas, ¿qué tendría que cambiar, qué haría diferente?

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Más bien déjame platicarte, porque al concluir mi gestión apenas logramos la implementación. Esta reforma lleva cuatro años, es la reforma del 2008, y donde ustedes ya aquí lo señalaron, prácticamente muy poco se ha hecho en el ámbito federal y, por igual, en los órdenes estatales. Y que sólo tres Entidades, entre ellas el Estado de México, lograron la materialización de estas reformas.

En 2009, después de la reforma federal, el Estado de México hizo la propia, para asumir realmente como propia, y en alineación a lo que había sido la reforma federal, se tuviera en el Estado de México en el 2009, y dimos entonces una gradualidad de dos años para su debida implementación. Y ésta se concluyó en octubre de 2011.

Fue a partir de ir gradualmente implementándola en los distintos distritos judiciales que tiene el Estado de México, porque eso demanda de ir preparando y capacitando las áreas de procuración de justicia, al Ministerio Público que será responsable de la debida investigación que habrá de someter ante el juez; de capacitar por igual a los jueces, a los profesionales del Derecho, y de construir la infraestructura para la oralidad.

Creo que el Estado de México hoy tiene unas salas para los juicios orales verdaderamente de avanzada, modernos, muy modernos, mejores de los que eventualmente se llegan a ver en las películas sobre el sistema de justicia que se tienen en Estados Unidos, muy superada realmente esta condición, para darle obviamente la publicidad debida a los procesos que ahí se ventilan, en espacios modernos.

Todo esto demandó una inversión pública para la construcción de esta infraestructura. Se le dio gradualidad. Hoy, en el orden federal, llevamos cuatro años, y no se aprecia que, en el supuesto de que se hubiese dado gradualidad, se estuviera ya materializando en una forma; se hubiese ido por regiones o por circuitos colegiados, en fin, darle gradualidad a la implantación de esta reforma, que hoy no se aprecia.

Esta es la experiencia del Estado de México. Creo que uno de los beneficios del Sistema de Justicia Adversarial y Oral, sin duda, es el generar mecanismos alternativos para dirimir conflictos, que eso evita que conflictos de menor daño puedan ser resueltos a través de otros sistemas alternativos, sin llegar a la saturación en los espacios que corresponde al Juez emitir el juicio y la aplicación de la justicia sobre los casos que se presentan ante él.

Esta es la experiencia.

Creo que el Estado de México estaría ya en condición –a un año, y sobre todo en esta barbaridad que tuvo su instrumentación– de dar a conocer –yo traía algunas cifras– sobre los casos que ya se han ventilado, en juicios que no llevan más de dos meses, desde 15 días a dos meses, que es uno de los beneficios que con ello se cumple la máxima prescrita en la Constitución, de tener una justicia pronta y expedita, que nuestro anterior sistema de justicia no cumplía, y que éste justamente se propone realmente a cumplir con ello.

Esta es la experiencia. Yo me quedaría aquí. Y creo que ya habría información suficiente como para analizar mayormente los beneficios que ha dado este sistema en el Estado de México. Y que yo me propongo realizar, convencido del beneficio de este sistema, en todo el país.

– MODERADORA: Miguel, no sé si tienes algún último comentario.

– MIGUEL: Bueno, simplemente una reflexión para que se la llevara, Candidato, pues creo que el tiempo ya apremia.

Entiendo muy bien la presión a la que ha estado sometido el Gobierno Federal para llevarse a los internos del fuero federal, que están dentro de los gobiernos locales. Para ello se han construido una serie de centros, pero esto en sí va a generar problemas muy graves:

Por ejemplo, en las Islas Marías, que era una colonia penal modelo, ahora es un sitio donde hay complejos penitenciarios, donde llegan a estar 23 horas al día encerrados los internos, en una situación de (…). Esa es una pena que realmente nunca impuso el juez, y agrave las condiciones de la pena.

Igual, muchos otros internos son llevados a centros de alta seguridad en el interior del país, quedan muy lejos de sus familias, y eso genera una serie de costos, y sobre todo son prisiones que están fuera de la mirada pública.

Sí queremos juicios orales, pero también tenemos que tener transparencia en la ejecución, que es parte de este problema complejo.

Por último, nada más una reflexión. Para este camino de recuperar la paz del país, creo que no hay un medio más corto que la justicia penal.

– INTERVENCIÓN: Por último, una sugerencia personal. México es el único país que conozco que no tiene estaciones de policía.

Le propongo estudiar esa posibilidad, para que esa estación de policía sirva como la policía de barrio y sea donde reciban todas esas denuncias que ocupan a los Ministerios Públicos el día de hoy.

– MODERADORA: Licenciado Peña Nieto, muchísimas gracias.

– LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO: Gracias a ustedes.

 Información comunicación social de Enrique Peña Nieto

*****

La candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, exhortó a legisladores que, “en cumplimiento a su deber y devengar su sueldo hasta el último día de agosto”, convoquen a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar una ley contra el lavado de dinero.

Durante su participación en el Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, organizado por las asociaciones civiles México SOS, Renace y Juicios Orales, la abanderada panista presentó su propuesta para fortalecer el sistema de impartición y procuración de justicia en todo el país.

Indicó que la seguridad y la justicia forman un binomio inseparable, de ahí la necesidad de impulsar medidas que permitan no sólo que el nuevo sistema de justicia se cumpla en el país, sino que se fortalezca y profundice.

Discurso integro de Josefina Vázquez Mota

Versión estenográfica de las palabras de la Candidata del Partido Acción a la Presidencia de la República, JosefinaVázquez Mota, en el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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