Un juez federal negó el amparo a los generales Ricardo Escorcia Vargas y Tomás Ángeles Dauahare contra el arraigo de 40 días que la Procuraduría General de la República (PGR) les dictó la semana pasada.
Según el juez décimo de amparo en materia penal del Distrito Federal, Gilberto Romero Guzmán, los delitos imputados a los militares –presuntos nexos con el narcotráfico, específicamente con el cártel de los Beltrán Leva- son graves.
Como los delitos de los que son acusados los militares son graves, la ley de amparo no protege a los quejosos cuando están sujetos a este tipo de investigaciones.
El diario La Jornada publicó que el general Escorcia aseguró en su demanda de amparo que es víctima de tratos inhumanos, degradantes, de incomunicación y tortura.
También, según La Jornada, varios testigos han declarado en su contra dentro de una averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).
Entre esos testigos, el mayor del Ejército mexicano, Arturo González Rodríguez y el testigo colaborador con el nombre en clave Jennifer.
Ayer, Milenio publicó que González Rodríguez acusó a los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González de colaborar con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El militar fue detenido a fines de 2008, acusado de vender a esa organización criminal información de las secciones segunda (Inteligencia) y séptima (Planeación) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
También proporcionaba informes del presidente Felipe Calderón para evitar que los escoltas del capo Arturo Beltrán Leyva se encontraran con el cuerpo de seguridad del mandatario cuando el narcotraficante viajaba de Morelos a Polanco y Santa Fe, en la Ciudad de México.
El mayor también señaló a Ricardo Escorcia Vargas, general de División de Estado Mayor, y al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández de participar en actividades ilícitas de la mencionada organización criminal.
Con información de Radio Fórmula y La Jornada.
