Candidatos a la Presidencia firman pacto “Compromiso de civilidad”
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Candidatos a la Presidencia firman pacto “Compromiso de civilidad”

Los cuatro candidatos firmaron el pacto con el objetivo de comprometerse a respetar el resultado que emane de las urnas el 1 de julio próximo
29 de junio, 2012
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Los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, firmaron el Pacto: “Compromiso de Civilidad”, propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial, el pasado 13 de junio, con el objetivo de comprometerlos a respetar el resultado que se emane de las urnas el 1 de julio próximo.

Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional; Enrique Peña Nieto, Coalición Compromiso por México; Andrés Manuel López Obrador, Coalición Movimiento Progresista y Gabriel Quadri de la Torre, Nueva Alianza; acudieron a las instalaciones del Instituto Federal Electoral (IFE), en compañía de sus coordinadores de campaña y los siete presidentes de los partidos políticos a los que representan.

El compromiso que adquieren los candidatos, es básicamente respetar el veredicto que se dicte en la elección, las instituciones y el proceso electoral, el documento, a la letra dice: “Sea cual fuere el resultado expresamos por este medio nuestro firme compromiso de respeto a la legalidad. Este compromiso se sustenta en un absoluto respeto y reconocimiento a las leyes e instituciones electorales vigentes en nuestro país”.

Además, los candidatos presidenciales legitiman que el proceso electoral se llevó a cabo en condiciones de equidad y legalidad, debido a que participaron de forma directa en la construcción del mismo.

Reconocemos y confirmamos que los partidos políticos han participado en la construcción de los instrumentos electorales, en todas las etapas y decisiones del proceso electoral, y que cuentan con los mecanismos para vigilar el desarrollo de la votación, las actividades y las decisiones que han conformado el proceso electoral”.

Como testigos de honor, signaron también el Compromiso por la Civilidad, personalidades de la sociedad civil y del ámbito empresarial como Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; María Elena Morera Mitre, Presidenta de la organización Causa en Común; Alberto Núñez Esteba, Presidente de la Organización Sociedad en Movimiento; Daniel Fierro Grijalva, Secretario General de la Unión de Expendedores y Voceadores de los periódicos de México y el Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Fernando Perfecto Cruz.

En el documento, hay un reconocimiento especial, tanto a los ciudadanos que participarán como a las autoridades electorales.

Reconocemos la generosidad y la entrega cívica de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, y confiamos en que su participación como autoridad electoral es una garantía más de la limpieza y legalidad del proceso electoral… reiteramos nuestra disposición a respetar las decisiones que emita el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Los oradores fueron, Gerardo Gutiérrez Candiani, Fernando Perfecto Cruz y el Consejero presidente el IFE, Leonardo Valdés Zurita.

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que hay un compromiso para que los procesos electorales concluyan en un clima de paz, seguridad, orden, certidumbre y vigencia de las instituciones, que otorgan derechos y garantías a todos los ciudadanos.

Destacó que el pacto es un “respaldo al sistema democrático que los mexicanos hemos constituido con tantos esfuerzos e implica, respeto al ejercicio libre, secreto y razonado del derecho al voto y a la voluntad ciudadana expresada en el resultado final; exige una actuación responsable generosa y republicana en la jornada electoral y a su término en la victoria o en la derrota”.

Hizo un llamado a una transición de gobierno ordenada, con estabilidad y unión dentro de la pluralidad, para que el próximo primero de diciembre el nuevo Presidente de la República tome protesta en el Congreso, en un acto republicano, con la buena voluntad de todos los mexicanos con capacidad de ejecución e interlocución.

Fernando Perfecto Cruz demandó apego a la ley y asumir la misma obligación moral y el mismo compromiso ético que se espera de las candidatas y los candidatos a puestos de elección popular.

El Consejero Presidente, estimó que el pacto fue necesario para que no hubiera elementos que interfirieran en la legitimidad del proceso electoral.

“Para que las múltiples interpretaciones sobre las contiendas electorales propias del pluralismo y de una sociedad abierta no interfieran en la legitimidad democrática, es conveniente firmar un pacto de civilidad”.

En la Firma del Pacto, estuvieron presentes también en el estrado, todos los  Consejeros Electorales y el Secretario Técnico del Instituto Federal Electoral.

Axayacatl Guzmán Roque (@dulkelgeist)

TEXTO INTEGRO FIRMADO POR LOS CANDIDATOS

 

“Compromiso de Civilidad”

 

A la Sociedad Mexicana:

A lo largo de las últimas semanas, los firmantes hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para presentar a los ciudadanos las razones y propuestas para acceder al puesto más alto que pueda aspirar un mexicano, la Presidencia de la República.

Lo hemos hecho en tanto candidatos registrados por los partidos políticos y las coaliciones que éstos han conformado.

El próximo primero de julio corresponderá a los mexicanos tomar la decisión, a través de la emisión de su voto libre y secreto, de quién encabezará el Poder Ejecutivo Federal para el periodo 2012-2018.

Sea cual fuere el resultado expresamos por este medio nuestro firme compromiso de respeto a la legalidad.

Este compromiso se sustenta en un absoluto respeto y reconocimiento a las leyes e instituciones electorales vigentes en nuestro país.

Reconocemos y confirmamos que los partidos políticos han participado en la construcción de los instrumentos electorales, en todas las etapas y decisiones del proceso electoral, y que cuentan con los mecanismos para vigilar el desarrollo de la votación, las actividades y las decisiones que han conformado el proceso electoral.

Asimismo, reconocemos la generosidad y la entrega cívica de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, y confiamos en que su participación como autoridad electoral es una garantía más de la limpieza y legalidad del proceso electoral.

Por ello, reiteramos nuestra disposición a respetar las decisiones que emita el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autoridades en las que está depositada la confianza para organizar, vigilar y decidir sobre los asuntos que han construido esta elección.

Instamos a los ciudadanos, representantes de partidos políticos y correligionarios, a que el primero de julio hagan la labor que les corresponde para que se desarrollen los comicios en un ambiente de civilidad y tranquilidad; que incentive a los mexicanos a ejercer su derecho al sufragio, y que nos permita avanzar en la maduración democrática que requiera la convivencia de nuestra pluralidad política.

En este sentido, expresamos nuestro más enérgico rechazo al uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto, o cualquier otra práctica que intente vulnerar el derecho de los mexicanos a votar de manera libre y en paz.

De la misma forma, manifestamos nuestro repudio a todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en las elecciones del primero de julio. La sustitución pacífica de los poderes Ejecutivo y Legislativo por la vía de las urnas, es una exigencia de todos los mexicanos.

Finalmente, hacemos un llamado a los ciudadanos para que acudan a votar este domingo primero de julio, cada voto cuenta, y es la voluntad de los mexicanos la que decidirá el rumbo y el futuro de nuestro país.

 

Josefina Vázquez Mota

Candidata a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional.

Enrique Peña Nieto

Candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Compromiso por México.

Andrés Manuel López Obrador

Candidata a la Presidencia de la Republica de la Coalición Movimiento Progresista.

Gabriel Quadri de la Torre

Candidato a la Presidencia de la Republica por Nueva Alianza. 

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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