La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga la presunta compra de votos mediante los monederos electrónicos de Soriana, porque de ser un delito electoral se persigue de oficio, aún cuando no se hubiera presentado denuncia formal de representante o partido político alguno.
La titular del órgano fiscalizador, Imelda Calvillo, explicó en entrevista radiofónica para el noticiero de Joaquín López–Dóriga que ya se comenzaron las diligencias correspondientes al caso.
Refirió que por los monederos electrónicos emitidos por Banco Monex se recibió una denuncia y se iniciaron las diligencias correspondientes, y precisó que “el uso de tarjetas como forma para comprar votos, es lo que se está investigando”.
Calvillo Tello señaló que para ambos casos se solicitó información al IFE, órgano que sólo les ha dado vista sobre el asunto de las tarjetas de Monex, por lo que pidieron datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos del grupo financiero.
Lo que investiga la fiscalía, aclaró, es el uso de tarjetas o monederos de Banco Monex como forma de pago para comprar votos, y no su utilización para pago a las estructuras de los partidos.
De acuerdo con Calvillo, estos mecanismos de pago pudieran constituir el uso de recursos que superen los autorizados para los partidos, pero de ser el caso el Instituto Federal Electoral (IFE), será el encargado de imponer las sanciones correspondientes.
“El IFE ha iniciado los procesos administrativos sancionadores, ordinarios y especiales que están previstos en la jurisprudencia 17/2009 que habla de los principios de legalidad y equidad en la contienda electoral como es el caso del uso de recursos”, abundó.
63 sentencias condenatorias por delitos electorales
Por otro lado, informó que a partir de que comenzaron las campañas se han consignado 367 averiguaciones previas a los jueces de distrito en contra de 380 personas, y se han dictado 63 sentencias condenatorias por delitos electorales.
Especificó que del 7 de octubre a la fecha se han recibido 535 denuncias por un probable delito de compra de votos, 29 se han radicado como averiguación previa y 506 únicamente como actas circunstanciadas, “solamente 40 corresponden a denuncias asentadas por representantes o partidos políticos”.
Añadió que durante las campañas electorales se logró la consignación de 13 personas, principalmente por los delitos de solicitar votos por paga, recoger credenciales, apoderarse de material electoral y hacer proselitismo.
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