La buena noticia es que este caso no es como el de la delincuencia organizada, en el que no se puede asegurar si se trata de la violencia desencadenada por la presencia del ejército, de organizaciones que se disputan un territorio o algo que aún no se nos ha ocurrido. Los delitos de fuero común tienen una explicación sencilla: la policía no tiene el poder disuasivo necesario para que los delitos no se cometan. Por eso, es fundamental una reforma al sistema de reclutamiento, capacitación y evaluación de los miembros de la policía; pero también de la organización de la misma institución.

En 2011 había 511,275 policías en México (federales, estatales y municipales)^[1], eso significa 427 policías por cada 100 mil habitantes, de los cuales, aproximadamente 190 mil policías son municipales,  casi 260 mil estatales y el resto federales.^[2]

Tener más de 460 mil elementos encargados de la prevención y detención de los responsables de los delitos del fuero común sería una buena idea si cumplieran con alguna de las funciones que les ha sido encomendada. Exigir esto es difícil si pensamos que 61% de los policías ganan menos de $4,000 pesos mensuales,^[3]muchos carecen del equipo básico para garantizar su propia integridad física, no están capacitados ni educados—el Gobierno Federal estima que 2% de policías municipales son analfabetas y más del 60% sólo cuenta con educación básica^[4] –y algunos de ellos ven este empleo como su última opción.

Continuar con este modelo policiaco implica seguir subsidiando con más de 50 mil millones de  pesos anuales a corporaciones que no están del todo seguras del número de elementos que tienen, lo que hace imposible contar con una base de datos confiable para saber quién entra y quien sale de cada cuerpo policiaco; que no han sido capaces de evaluar las competencias de todos sus elementos, lo que debería de indignarnos como contribuyentes; tampoco podemos esperar que estas corporaciones sean eficientes en la prevención y protección de la población.

Nuestra otra alternativa es cambiar la organización de las corporaciones a mandos únicos estatales, como propuso Felipe Calderón en octubre de 2010.

De este modo, las policías municipales que no cumplan con requisitos institucionales establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cederán sus recursos—humanos y económicos—a la policía estatal. La policía estatal, por su parte, estará a cargo del gobernador quien puede designar un director de la policía si lo considera necesario. Aquellas policías municipales que sí cumplan con los requisitos establecidos en la ley, podrán mantener sus corporaciones, nuevamente, el director será designado por el gobernador de cada estado.

En teoría, este esquema de operación facilitaría la coordinación de las 32 policías bajo esquemas generales de política y la implementación de políticas locales adecuadas a las problemáticas de cada estado, así como el control administrativo—multas o quejas de servicios—por medio de los bandos de gobierno.

Lo que no queda muy claro es si los gobiernos estatales estarán dispuestos a asumir los costos políticos que implica responsabilizarse de las policías estatales, principalmente en entidades como Nuevo León, Veracruz, Chihuahua o Guerrero. Para los municipios podría ser un alivio no  tener que desempeñar funciones de seguridad dada la escasez de sus recursos, pero también podría significar una disminución significativa de sus percepciones anuales.

De reformarse la organización de la policía, los centros de evaluación de los estados tendrían más carga de trabajo durante los próximos años: alrededor del 60% de los estados están rezagados en las evaluaciones de sus miembros. Del mismo modo, el nuevo reto será garantizar la calidad de los elementos evaluados y reformar el esquema de carrera policial para que los policías sean respetados por la sociedad y para ellos, garantizar la seguridad de los ciudadanos sea una manera de vivir.

[1]SESNSP, Estado de fuerza actualizado, 2012