El ex dictador Jorge Rafael Videla fue condenado ayer a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar en Argentina, un delito que no se ha registrado en otros regímenes de facto de América Latina.
La sentencia fue dictada por un tribunal oral de Buenos Aires que desde febrero de 2011 llevó adelante un juicio contra Videla, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros nueve acusados por el robo 34 bebés nacidos de mujeres cautivas entre 1976-1983.
Bignone recibió una pena de 15 años de prisión.
Este proceso ha sido inédito, ya que por primera vez la justicia consideró que la apropiación ilegal de menores no fue un hecho aislado sino una política elaborada y aplicada por la cúpula de las Fuerzas Armadas como parte de una estrategia más amplia de represión ilegal contra la subversión en la década de 1970.
Organismos de derechos humanos han denunciado la desaparición de 30 mil disidentes durante el régimen de facto —los registros oficiales sólo dan cuenta de 13 mil casos_, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha de nacimiento falsa para borrar todo rastro de su origen.
Según las Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.
Fuera de los tribunales, hijos de desaparecidos, familiares, militantes de organizaciones políticas y sociales siguieron la lectura de la sentencia en una pantalla gigante y celebraron la mayoría de las condenas.
“Es un día histórico. Hoy se ha hecho justicia legal, jamas justicia por mano propia como hicieron los represores”, dijo a la prensa Tati Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo. “Por fin la justicia ha reconocido que acá hubo un plan sistemático de robo de niños, no casos aislados”.
Videla, de 86 años, recibió la máxima pena prevista por la legislación argentina como autor penalmente responsable de 20 casos de sustracción, retención y ocultación de un menor.
El ex dictador negó en su alegato final la existencia de un plan sistemático de robo de bebés nacidos de mujeres cautivas y calificó a las parturientas como combatientes que usaron a sus hijos embrionarios de “escudos humanos” en la lucha armada.
Junto a Bignone, de 84 años, cumplen condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad en una cárcel común pese a superar los 70 años de edad, lo que de acuerdo con la ley argentina les permitiría gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Videla fue el primer presidente de la dictadura, de 1976 a 1981. Bignone, el último dictador antes del retorno de la democracia en 1983, firmó decretos de autoamnistía para los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Después de Videla, la condena más alta fue para el ex almirante Antonio Vañek, quien deberá cumplir 40 años de prisión. También fueron condenados el ex marino Jorge Acosta (30 años de cárcel); el ex general Santiago Omar Riveros (20 años); el ex prefecto naval Juan Antonio Azic (14 años) y el médico Jorge Magnacco (10 años).
El ex capitán Víctor Gallo y su mujer Susana Colombo, apropiadores del hijo de una militante de izquierda, recibieron penas de 15 y cinco años de cárcel, respectivamente.
En tanto, el ex almirante Rubén Omar Franco y el ex agente de inteligencia Eduardo Ruffo fueron absueltos.
“En algunos casos nos hubiera gustado que les dieran más años, pero como se trata de hombres mayores, casi es como una cadena perpetua”, afirmó Almeida.
La fiscalía había solicitado 50 años de prisión para Bignone, Acosta, Franco y Vañek.
Los fundamentos de la sentencia serán difundidos el 17 de septiembre, dijo la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta.
Aquellos bebés hoy adultos que lograron recuperar su verdadera identidad y las Abuelas de Plaza de Mayo que los buscaron incansablemente ofrecieron desgarradores testimonios a lo largo de más de un año de audiencias.
Según la fiscalía, en los centros clandestinos de detención y tortura donde eran alojadas las militantes políticas secuestradas funcionaron maternidades. Allí las embarazadas recibían un trato especial hasta dar a luz, pero rápidamente eran separadas de sus bebés.
La mayoría de estas mujeres luego eran asesinadas y sus hijos entregados a familias afines al régimen, que los inscribían como propios con la complicidad de funcionarios judiciales.
En la sentencia contra Videla, el tribunal tomó en cuenta el caso de Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman. La niña nació en 1976 durante el cautiverio de su madre en Uruguay, que en aquella época también estaba bajo una dictadura, y fue adoptada ilegalmente por un ex policía uruguayo.
Aunque no estaba bajo la jurisdicción de Videla, los jueces consideraron que la apropiación de Macarena Gelman se produjo en el marco del Plan Cóndor, la estrategia coordinada de las dictaduras del Cono Sur para perseguir disidentes.
También pesó el testimonio del ex diplomático estadounidense Elliot Abrams, autor de un memorandum secreto sobre un encuentro clandestino con el embajador argentino, y que fue divulgado por pedido de las Abuelas.
Abrams declaró desde Washington que exhortó en secreto a Bignone a que revelara las identidades de los bebés robados para facilitar la transición argentina a la democracia.
“Sabíamos que no eran uno o dos niños”, dijo Abrams, insinuando en su declaración que debía haber algún tipo de instrucciones de un funcionario de alto nivel: “un plan, porque hubo mucha gente asesinada o encarcelada”.
Los ex miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad mantienen silencio sobre la cifra y el lugar donde están enterradas las víctimas de la represión, así como el destino de cientos de niños robados.
Sólo 26 del total de casos analizados en este juicio corresponde a hijos que recuperaron su identidad.
*ap
