El exceso de fuerza demostrado por la Policía Federal (PF) durante una persecución en la que resultaron heridos dos diplomáticos de Estados Unidos y un marino mexicano, no es un tema nuevo para la institución comandada por Maribel Cervantes, Comisionada General de la corporación.
En su informe de actividades 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que de las 4 mil 378 quejas promovidas ese año contra las autoridades federales encargadas de la prevención de los delitos y la procuración de justicia, 767 eran contra la PF.
A decir de la CNDH, las quejas eran principalmente por alterar la escena de los hechos, recurrir a cateos ilegales, detener arbitrariamente a las personas, tratar de manera inhumana y degradante a los sospechosos de algún delito y emplear arbitrariamente la fuerza pública, entre otras violaciones.
Lo anterior significa que, durante el 2011, los policías federales cometieron dos supuestas violaciones diariamente, que ubicaron a la corporación entre las dependencias con mayor número de quejas en el país, sólo por debajo del Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR).
Una de estas quejas fue la que se inició con motivo del operativo que autoridades de Guerrero y la PF implementaron en diciembre de 2011 y que causó la muerte de dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
En enero de 2012, la CNDH señaló que hubo “coparticipación” de la PF en estos hechos, al reprimir violentamente a los estudiantes, pero además indicó que hubo tratos inhumanos, tortura, alteración y descuido de la escena del crimen.
Otro caso emblemático en el que la PF ha sido acusada de utilizar el “exceso” de fuerza pública fue el operativo realizado en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. En esa ocasión la CNDH acreditó que la PF y policías del Estado de México se excedieron con el uso de la fuerza pública, cometieron tortura y abuso sexual contra mujeres que eran de la comunidad o que apoyaban a los pobladores en el movimiento que encabezaban para impedir la construcción de un aeropuerto en ese pueblo.
Conformada hace poco más de 10 años con el fin de convertirse en la policía “modelo” de México, la PF también se ha visto involucrada en actos delictivos que han puesto en riesgo la vida de civiles nacionales y extranjeros. El 25 junio de 2012, policías federales adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) asesinaron a tres de sus compañeros frente a decenas de viajeros y trabajadores de la terminal aérea.
La versión oficial que se manejó tras los crímenes es que los policías implementaron un “operativo para la captura en flagrancia de dos elementos de la Policía Federal, sujetos a investigación, adscritos al AICM Y que presuntamente pertenecían a un red de funcionarios de diversas dependencias locales y federales dedicadas al tráfico de drogas en esa terminal aérea”.
Además de poner en riesgo la vida de civiles, existen casos de policías federales sentenciados por sus vínculos con el narcotráfico. En diciembre de 2011, un Juez Federal le dictó una sentencia de 10 años de prisión a Javier Herrera, excoordinador de Seguridad Regional de la PF.
Herrera fue encontrado responsable de colaborar con la organización criminal que encabeza Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Previo a su detención, el ex Jefe Policiaco acusó a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (dependencia encargada de la PF), de cometer supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con grupos del narcotráfico.
En marzo de 2012, otro Juez Federal sentenció a 25 años de cárcel al policía federal, Ricardo Díaz, por delitos contra la salud y delincuencia organizada. De acuerdo con la PGR, Díaz, quien se encontraba adscrito al AICM, colaboraba con una célula criminal que a través de vuelos internacionales introducía droga a México proveniente de Colombia.
