Guardianes invisibles en la frontera entre México y EU
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Guardianes invisibles en la frontera entre México y EU

Rocas falsas con sensores protegen la frontera de Estados Unidos con México; un paso en falso y envían señales de alerta a una torre de vigilancia
Por BBC
21 de agosto, 2012
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Al caer la noche en el desierto que separa a México del estado de Arizona, en Estados Unidos, aumenta el trajín de inmigrantes indocumentados, traficantes de droga y patrullas, en ese hostil juego al escondite que se practica en torno de vallas metálicas y muros de concreto.

Un tercer actor observa la escena en silencio: es un ejército de guardianes electrónicos que llegan allá donde no lo hacen ni el brazo de la ley ni las leyes de la física.

Un paso en falso y las que parecían meras rocas despiertan de su letargo y envían señales de alerta a la torre de vigilancia. Segundos más tarde, radares y cámaras infrarrojas recorren el llano en busca de intrusos.

Los datos viajan a través de microondas hacia la sala de control y de ahí a las patrullas que en sus unidades móviles reciben coordenadas e imágenes con las que pueden saber de antemano si el objetivo está o no armado.

Un sueño agridulce

Lo descrito arriba es un “sueño americano” o al menos el de las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que en los últimos años han usado a Arizona como campo de pruebas de la llamada “valla virtual”. Un proyecto que el gobierno del presidente George W. Bush aprobó en 2006 bajo el nombre SBInet y que planteó incorporar tecnología de vigilancia a lo largo los 3.185 kilómetros de frontera.

El plan, que debería haber entrado en operaciones en 2011, ha sido un auténtico quebradero de cabeza tanto para la administración Bush como para la de Obama. Principalmente por costoso y lento y por estar plagado de problemas técnicos que llevaron a su suspensión en 2010.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el contribuyente ha gastado US$1.000 millones en proteger con tecnología un tramo de apenas 85 kilómetros. Aun así, el sistema demostró ser incapaz de distinguir en ocasiones un árbol de una persona en un clima ventoso y ser demasiado lento a la hora de enviar la información.

No era la primera vez que la tecnología resultaba ser un fiasco: dos intentos anteriores en 1998 y 2005, respectivamente, también fracasaron por su escasa efectividad (sólo el 1% de las alarmas se tradujeron en arrestos).

Pero Estados Unidos no ha arrojado la toalla y quiere invertir otros US$750 millones en un plan alternativo conocido como “Torres Adaptadas Integrales” (IFT, por sus siglas en inglés), que con el mismo concepto apela al mercado en busca de tecnologías ya existentes y baratas, en lugar de depender de los departamentos de investigación y desarrollo de compañías como Boeing.

“La idea es combinar el uso de infraestructura táctica y física, como muros y cercas, con tecnología de sensores para identificar qué pasa e identificar de qué se trata: si alguien cargando una pistola o portando sus pertenencias”, le explicó a BBC Mundo Mark Borkowski, del área de innovación tecnológica del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP).

“Un grupo es obviamente una mayor amenaza que la otra. En una tercera dimensión están los agentes. Nosotros queremos incrementar la efectividad de los agentes y la tecnología se usa para darnos indicadores de que algo pasa, saber lo que pasa y darnos suficiente información para que las patrullas puedan seleccionar el modo de atacar el problema”.

Rocas que espían

Según la Sindicatura de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, entre 2003 y 2007 se adquirieron unos 7.500 sensores para plantarse a lo largo de la frontera con México. Estos se usan para establecer perímetros de detección de movimientos y son del mismo tipo que los que se emplean en Afganistán.

Conocidos en inglés como unattended ground sensors (UGS), estos dispositivos se han utilizando desde la década de los años 70, pero actualmente pueden llegar a tener el tamaño de un grano de arroz, recargarse con energía solar y ser operativos durante décadas.

Bajo el plan SBInet, además de adquirirse UGS de última generación, se erigieron en Arizona torres de vigilancia estacionarias de entre 12 y 36 metros de altura, equipadas con radares infrarrojos y sensores ópticos.

“Los radares pueden detectar actividad y activar las cámaras. Muchas de las tecnologías como los UGS no saben qué se mueve por ahí. Podría ser un animal o una persona. Gracias a estos dispositivos podemos liberar a las patrullas de la tarea de “mirar” los monitores de las cámaras y así ocuparse de otras amenazas”, explicó Borkowski.

Fantasmas del desierto

A la labor de los sensores, se unió recientemente la de los “fantasmas del desierto”, nombre por el que algunos conocen en esta frontera a los aviones no tripulados (o drones) Predator, capaces de ubicar a personas y vehículos desde una altura de 6.000 metros.

Estos aparatos disponen de un radar, siete cámaras de video, sensores infrarrojos y un potente zoom. Cada unidad tiene un costo de US$20 millones y, según el Departamento de Seguridad Nacional, nueve de ellos ya patrullan los cielos de Arizona, Florida, Texas y Dakota del Norte.

En el caso de Arizona, añade Borkowski, “estamos incorporando en las patrullas prismáticos termales (para detectar el calor de objetos móviles), así como sistemas de vigilancia móvil”. Estos últimos, instalados en las patrullas, le permiten a la guardia de frontera recibir automáticamente las imágenes tomadas por cámaras y radares.

Por otra parte, Borkowski detalla que el gobierno está tratando adquirir tecnología capaz de detectar narcotúneles y usar parte del presupuesto en la reparación de los sistemas ya existentes.

En el marco del nuevo plan IFT, el Departamento de Seguridad Nacional convocó en abril un concurso invitando a empresas privadas a presentar sus propuestas para la construcción de seis nuevas torres con radares y cámaras, que deberán estar instaladas en distintos puntos de la frontera para 2020.

Según se especificó, las nuevas torres tendrán que tener la capacidad de detectar a una persona en un radio de ocho kilómetros.

Plan ambicioso

Estos aparatos disponen de un radar, siete cámaras de video, sensores infrarrojos y un potente zoom. Cada unidad tiene un costo de US$20 millones y, según el Departamento de Seguridad Nacional, nueve de ellos ya patrullan los cielos de Arizona, Florida, Texas y Dakota del Norte.

En el caso de Arizona, añade Borkowski, “estamos incorporando en las patrullas prismáticos termales (para detectar el calor de objetos móviles), así como sistemas de vigilancia móvil”. Estos últimos, instalados en las patrullas, le permiten a la guardia de frontera recibir automáticamente las imágenes tomadas por cámaras y radares.

Por otra parte, Borkowski detalla que el gobierno está tratando adquirir tecnología capaz de detectar narcotúneles y usar parte del presupuesto en la reparación de los sistemas ya existentes.

En el marco del nuevo plan IFT, el Departamento de Seguridad Nacional convocó en abril un concurso invitando a empresas privadas a presentar sus propuestas para la construcción de seis nuevas torres con radares y cámaras, que deberán estar instaladas en distintos puntos de la frontera para 2020.

Según se especificó, las nuevas torres tendrán que tener la capacidad de detectar a una persona en un radio de ocho kilómetros.

Fuentes del gobierno estadounidense han dicho que con la valla virtual intentan detectar entre el 70% y el 80% de las incursiones en la frontera empleando a un número menor de efectivos y patrullas.

Pero se desconoce todavía como el gobierno piensa seguir adelante con la titánica (y costosa) labor de custodiar la frontera a golpe de tecnología, sobre todo en tiempos de austeridad.

Lo que sí es posible, es que teniendo en cuenta el vertiginoso ritmo al que avanza la tecnología y la lentitud con las que las autoridades vienen rascándose el bolsillo, en caso de culminarse, la futura valla virtual estadounidense termine sorprendiendo a sus mismos creadores.

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"Fue un capricho de Pinochet": la historia de los 15 mil libros de García Márquez que quemó el gobierno de Chile

En noviembre de 1986, el gobierno militar de Chile ordenó la incautación del libro 'La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile', del premio Nobel de Literatura, cuando un embarque se dirigía a Santiago.
5 de junio, 2022
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El 28 de octubre de 1986, después de varios días de viaje, el ‘Peban’, un vapor de bandera panameña, atracó finalmente en el puerto chileno de Valparaíso. Mientras se preparaba para diligenciar los papeles de aduana, la tripulación recibió la noticia de que se procedería con la incautación de una parte del cargamento.

El capitán, que estaba seguro de que todo lo que llevaba en su barco estaba en regla, preguntó cuál era la mercancía que iban a retener.

La respuesta oficial fue la que menos esperaba: “Los libros”, específicamente, 15 mil ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que habían sido enviados desde el puerto de Buenaventura, en Colombia.

Y que debían llegar a manos de Arturo Navarro, el representante de la editorial Oveja Negra que publicaba los libros del Nobel en aquellos años en Chile.

El libro narraba las peripecias que había que tenido que sortear el cineasta chileno Miguel Littín, quien vivía en el exilio desde el golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973.

Littín había vuelto a Chile durante dos semanas en 1985 para filmar en la clandestinidad un documental sobre lo que estaba pasando en el país 12 años después de la irrupción militar.

Arturo Navarro

BBC
Arturo Navarro era el representante de la editorial Oveja Negra en Chile.

Luego estrenaría el documental Acta Central de Chile en el Festival de Cine de Venecia del 86.

Pero el libro de García Márquez iba más allá: contaba sobre todo detalles que no aparecían en la cinta, como por ejemplo el encuentro de Littín, quien se había hecho pasar por un empresario uruguayo, con el propio Pinochet en los pasillos del Palacio de La Moneda, donde el presidente de facto no lo reconoció.

“Yo me enteré de la incautación de los libros dos semanas después porque estaba fuera del país”, recuerda Arturo Navarro, tomándose un café bajo la nave central del Museo Nacional de la Memoria en el corazón de Santiago.

Navarro había regresado de un viaje por EU para visitar a su familia cuando se encontró con un mensaje de alerta en el contestador automático de su casa. Era de su agente aduanero y le describía una situación crítica: “Arturo, me dicen que los libros fueron quemados”.

"Esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describen cómo le habían metido los dedos en la boca"", Source: , Source description: , Image:

Para Navarro, el cargamento era fundamental: era el principal producto que esperaba exponer durante la feria del libro de Santiago, que se iba a celebrar pocas semanas después del incidente.

Él, que había sido empleado de la Editorial Nacional Quimantú (ampliamente perseguida por el régimen) y había visto a los militares ejercer la destrucción de libros en primera fila, también sabía que el régimen de Pinochet había flexibilizado sus políticas de censura.

En ese contexto, creyó que la incautación debía ser más un malentendido que un acto de represión y decidió viajar a Valparaíso para resolver el problema personalmente.

“El libro ya había sido publicado en capítulos en Chile por una revista (Análisis) meses antes”, señala Navarro. “Sin embargo, lo que me preocupaba es que, de acuerdo a la prensa, la incautación de los libros se debía al mal estado de los contenedores, que me parecía una disculpa inusual”.

Los ejemplares habían quedado bajo el control de la jefatura de Zona en Estado de Emergencia, a cargo de militares.

Cuando Navarro se acercó al edificio castrense donde podría intentar rescatar los libros, percibió de inmediato la tensión que se sentía dentro del gobierno por esos días: un mes y medio antes, el 7 de septiembre, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habían estado muy cerca de acabar con la vida de Augusto Pinochet, en un feroz atentado cuando este regresaba a Santiago desde su residencia en el Cajón del Maipó, a unos 50 kilómetros de la capital.

El asalto había dejado cinco escoltas muertos y varios heridos.

“En el edificio logré hablar con un militar de rango medio al que le pedí que al menos me permitiera devolver los libros a Lima”, señala. “Pero después de hacer un par de llamadas, finalmente me dijo: ‘Navarro, no se preocupe, que los libros ya los quemamos'”.

La versión en los medios se mantenía: contenedores en mal estado, lo que podría explicar la incautación, pero nunca la incineración.

Para Navarro, era claro que la orden había venido de arriba y, aunque no tuviera pruebas, no se iba a quedar quieto hasta que la gente supiera que el régimen de Pinochet había mandado a quemar 15 mil volúmenes de nada menos que un premio Nobel.

“Yo sigo sosteniendo que esto fue un capricho de Pinochet: no quería ver un libro, mucho menos después del atentado, en el que básicamente describe cómo le habían metido los dedos en la boca”, afirma Navarro.

La noticia lo dejó abatido y sin ejemplares para la feria.

Entonces, convocó a ruedas de prensa para dar a conocer lo que había pasado, hizo la denuncia pertinente ante la Cámara Chilena del Libro y, aunque dentro del país no hubo mucho eco, en el mundo sí publicaron la noticia.

Navarro guarda recortes de prensa de medios de Grecia, Holanda y EU que hablan de los ejemplares calcinados.

Pero quedaba por saber qué era realmente lo que había pasado. “Yo de verdad no creía nada de lo que me habían dicho. Ni siquiera que los habían quemado”.

Uno de sus colegas le recomendó que el mejor camino para obtener una respuesta del régimen era la vía diplomática, por lo que decidió acudir a la embajada de Colombia, país de donde originalmente habían salido los libros.

“Ahí conocí a Libardo Buitrago, el cónsul colombiano, quien se ofreció a ayudarme”.

Poco después, gracias a la presión de un país extranjero, le llegó al cónsul un papel muy revelador, una carta fechada del 9 de enero de 1987, firmada por el vicealmirante John Howard Balaresque, en la que no solo se confirma la incineración de los libros sino también las razones: a los ejemplares de La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile se les impuso “una medida de censura previa” por considerar que el contenido “transgredía abiertamente las disposiciones constitucionales”.

“Ese papel es el único documento oficial que existe en el que el régimen de Pinochet acepta que quemó libros y que lo hizo por censura. Algo imposible de obtener en esos tiempos”, relata Navarro.

“Y ahora está acá, en el Museo de la Memoria”.

El documento, con firma oficial, le sirvió a la editorial Oveja Negra para poder cobrar el seguro por la pérdida, pero además implantó en la cabeza de Navarro una certeza que no lo abandonó nunca: la cultura sería clave en el fin del régimen.

“Esta represión a los libros, a la cultura, se daría vuelta y terminaría siendo uno de los principales motivos por los que Pinochet saldría del poder. Porque fueron los cantantes, los artistas, los escritores quienes serían fundamentales en la campaña de votar ‘No’ en el plebiscito de 1988 que acabaría con la dictadura”, concluye.


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