IFE rechaza adelantar fiscalización de gastos de campaña
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IFE rechaza adelantar fiscalización de gastos de campaña

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que se han cumplido dos de las tres etapas del proyecto de fiscalización
Por Axayacatl Guzman Roque
9 de agosto, 2012
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Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE.//FOTO: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó de manera unánime el punto de acuerdo propuesto por la Coalición del Movimiento Progresista respecto a la instrumentación de un procedimiento extraordinario de fiscalización a los partidos políticos y coaliciones, respecto de los ingresos y gastos de campaña, relativos a los candidatos a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.

Al respecto, Leonardo Valdés Zurita informó que el pasado 15 de mayo se aprobó el acuerdo CG301/2012, con el que el Consejo General conocería a más tardar el 30 de enero de 2013 el dictamen consolidado y proyecto de resolución con los resultados finales de la fiscalización a los gastos de las campañas presidenciales.

“Esa determinación se originó en el reclamo legítimo de los partidos políticos, para reducir considerablemente los plazos previstos en el Artículo 84 del COFIPE”, recordó el Consejero Presidente.

Valdés comentó que hasta el momento, se han cumplido dos de las tres etapas del proyecto de fiscalización, la verificación a través de una auditoría previa a las finanzas de todos los institutos políticos; y la revisión de los informes preliminares presentados el 15 de mayo.

Destacó que la etapa pendiente corresponde a la revisión de los informes finales de gastos de las campañas presidenciales e iniciará el 8 de octubre de este año con la presentación de dichos informes.

Para los miembros del ConsejoGeneral, la solicitud del Movimiento Progresista no genera certeza jurídica, por lo que, su aprobación, modificaría procedimientos que ya están en curso y que al no ser impugnados han quedado firmes.

“Existe un impedimento jurídico para alterar los plazos que este mismo Consejo General aprobó para adelantar cinco meses la fiscalización”, subrayó Valdés.

Para el IFE, no hay fundamento legal para que se apruebe un dictamen provisional que contengan conclusiones parciales que no estén sustentadas en la propia información que los partidos políticos deben aportar en términos de la ley electoral.

Tampoco se adelantará la resolución de quejas presentadas en la Unidad de Fiscalización

En el mismo sentido, el Consejo General no aceptó la petición de la misma coalición para que se ordenara a laUnidad de Fiscalización emplazar y resolver en un plazo máximo de cinco días las quejas relacionadas con el juicio de inconformidad.

El Consejero Presidente advirtió que la instancia fiscalizadora goza de autonomía técnica para el desarrollo de sus funciones, por lo que no hay fundamento constitucional ni legal para ordenarla resolución inmediata de las quejas que alude la Coalición MovimientoProgresista.

“Hoy el IFE no tiene restricciones respecto del secreto bancario, fiduciario y fiscal para las actividades de fiscalización, no obstante, el COFIPE establece plazos para que los partidos políticos, los sujetos obligados y las instancias den respuesta a cada uno de los requerimientos”, acotó Valdés Zurita.

Ante las acusaciones de los representantesde la Coalición del Movimiento Progresista, respecto a si la Unidad de Fiscalizaciónestá trabajando como es debido, el Consejero Lorenzo Córdova respondió “son253 diligencias para desahogar las quejas, esta autoridad no se está haciendoguaje”

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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