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SCJN ya analiza límites del fuero militar
La falta de información sobre los antecedentes del primer caso a discusión, el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez, impidió avances significativos en la sesión de hoy. Por ello, el ministro presidente, Juan Silva Meza, pidió que se recabaran mayores elementos del caso.
7 de agosto, 2012
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Sesión SCJN. Cuartoscuro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy el debate sobre los límites del fuero militar, aunque la falta de información sobre los antecedentes del primer caso a discusión impidió avances significativos en la sesión de hoy.

La SCJN arrancó el análisis  para determinar quién debe juzgar al coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio de Jethro Ramsés Sánchez en Cuernavaca, en mayo de 2011, aunque el ministro presidente, Juan Silva Meza, dio por concluida la sesión para que se recabaran mayores elementos del caso.

Lo anterior se debe a que un juzgado federal otorgó, desde el 30 de abril pasado, la protección de la justicia federal al procesado y se tendría que conocer sobre la firmeza de esa resolución.

El caso Jethro Ramsés, cuyo cuerpo fue tirado por órdenes del coronel al teniente José Orizaga y Guerra, luego que tras ser detenido en la feria de Cuernavaca muriera por los los golpes y tortura a la que fue sometido en las instalaciones del 21 batallón de infantería a su mando, desató un conflicto competencial entre el Juzgado 5 de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado 5 Militar, pues ambos se declararon incompetentes para llevar este proceso.

Al declararse ambos jueces incompetentes  el  juicio contra Arias, preso desde noviembre de 2011, quedó en espera.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión y el análisis de algunos casos mediante los que resolverá sobre la competencia de juzgados militares y civiles en delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.

El Pleno de la SCJN discutirá el conflicto competencial ente el Juzgado 5 de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado 5 Militar, adscrito a la I Región Militar, que se rehusaron a conocer el caso de un civil torturado y asesinado en instalaciones militares.

En el proyecto, presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero en el conflicto competencial 38/2012, se informó que el caso se refiere a una causa penal contra un militar, por su probable responsabilidad en el delito de violencia contra las personas, en calidad de encubridor de primera clase.

El 1 de mayo de 2011, Jehtro Ramsés  estaba en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde presumiblemente fue torturado por dos tenientes de infantería, lo que le ocasionó la muerte.

Los dos tenientes informaron de los hechos al inculpado, un militar con grado de coronel de infantería y quien se encontraba en las instalaciones vestido de civil y presumiblemente franco, quien dio la orden de que se tirara el cuerpo de la víctima.

Esa conducta se calificó como encubrimiento, porque teniendo conocimiento de un hecho delictivo no lo denunció, sino que dispuso que tiraran el cadáver, conducta que realizó cuando presumiblemente se encontraba disfrutando de franquicia.

La SCJN analizará, en los próximos días, 30 amparos en los que se pide que militares involucrados con crímenes y abusos sean juzgados en tribunales civiles.

A decir de Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hoy en sus manos la posibilidad de adoptar una histórica decisión que no sólo contribuirá con el reclamo de justicia de las y los familiares de víctimas de abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, sino que también abonará al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales ordena al Estado mexicano reconocer que todos los abusos cometidos por integrantes del Ejército y de la Marina deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles y no militares”.

Hoy, Animal Político publicó que continúan sin sentencia 37 militares supuestamente vinculados con crímenes contra civiles.

Con información de Reforma y Notimex.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

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El aborto ha sido un tema de debate entre republicanos y demócratas en EU.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

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“Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, dijo Pompeo.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

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Quienes se oponen a la medida dicen que aumenta el riesgo de muerte de las madres.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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