Tras el veto que aplicó el Ejecutivo Federal a la Ley General de Víctimas y la respectiva contrapropuesta que presentó el presidente Felipe Calderón para modificarla, Sara Irene Herrerías, titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), aseguró que se debe encontrar un punto de equilibro para sacar adelante esta iniciativa.
“Lo que creo, porque tenemos la iniciativa observada (vetada) por Calderón y la nueva propuesta presentada, es que debemos coincidir y conciliar sobre la ley de víctimas”.
El pasado 30 de agosto, el presidente Calderón turnó al Congreso de la Unión una contrapropuesta de iniciativa de Ley General de Víctimas, con la cual busca sustituir a la que en abril aprobaron los legisladores al considerar que contiene una serie de inconsistencias constitucionales. Lo anterior generó una serie de críticas, como la del poeta Javier Sicilia, quien calificó como una “traición” la decisión del Presidente.
Entrevistada por Animal Político, Herrerías comentó que aún cuando existen voces que critican que con la contrapropuesta de Calderón la dependencia a su cargo formaría parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (cuando en la ley aprobada por el Congreso se proponía que se convirtiera en un órgano autónomo, donde los ciudadanos serían quienes decidieran las medidas urgentes y de largo plazo para cada víctima), lo cierto es que se deben encontrar coincidencias en las propuestas.
“Entiendo que son demandas de grupos importantes de la sociedad civil, pero se tendría que pensar y repensar para lograr acuerdos”.
Herrerías descartó que se trate de un retroceso poner a Províctima en manos del Sistema Nacional de Seguridad, pues desde su experiencia ha comprobado que cuando se depende de una instancia que tiene la autoridad para incidir en las demás dependencias encargadas de atender a las víctimas de un delito, se tienen mayores posibilidades de ser escuchadas y sacar adelante los casos.
Lo que sí calificó como retroceso, fue el hecho que se pretende dividir, como la contempla la ley que aprobaron los legisladores, la atención que reciben las víctimas al separar a los profesionistas (abogados, psicólogos, trabajadores sociales y médicos) de las procuradurías sociales.
“Algo que me preocupa es volver a dividir esa atención, porque si algo agradecen las víctimas cuando llegan con nosotros de algún lugar lejano, es que se encuentren estos cuatro profesionistas juntos. Es algo en lo que yo quiero insistir, independientemente de lo que suceda”, expresó la Procuradora.
