En 6 de cada 10 prisiones, los reos mandan: CNDH
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En 6 de cada 10 prisiones, los reos mandan: CNDH

Al menos 500 internos se han fugado de los reclusorios estatales en los dos últimos años.
Por Redacción Animal Político.
25 de septiembre, 2012
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Foto: Especial.

El diagnóstico de las prisiones en México que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en el 60% de 100 centros penitenciarios visitados por la institución son los reos quienes tienen el control de la seguridad.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, confirmó que las cárceles mexicanas “pasan por una grave crisis”. Un ejemplo de ello es que 53 prisiones están reprobadas porque en ellas los reclusos tienen llaves de seguridad.

El caso más reciente es la fuga de 131 reos del Cereso de Piedras Negras, en Coahuila, en donde, por cierto, los visitadores de la CNDH no pudieron entrar “por ingobernabilidad”.

Una de las recomendaciones de la CNDH es que se destine un custodio por cada 10 internos.

Sin embargo, la situación en Piedras Negras es muy distinta: hay un custodio por cada 70 prisioneros.

Los penales mexicanos, señala el organismo, no están cumpliendo con su función y en ellos hay  una “crisis delicada”.
El mando de los criminales al interior de los centros, llamado por la CNDH, “autogobierno”, permite la repetición de problemas como la aplicación de sanciones disciplinarias que violan los derechos de los internos, tales como la suspensión de la visita familiar, íntima y del defensor.

Otra situación que se agrava con el “autogobierno” es la proliferación de objetos y sustancias prohibidas, la prostitución, cobros para la protección personal, la asignación de “plancha” para dormir, o la violación derechos elementales como el acceso a alimentos o a servicios médicos.

Las autoridades, incapaces de garantizar la integridad de los internos

De 2010 a la fecha, la CNDH ha detectado la muerte de 352 reos en 75 riñas y el fallecimiento de otros dos en igual número de motines. Además, se han fugado 521 internos en 14 hechos.

Para prevenir y atender estas situaciones, la mayoría de los penales, según el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, las autoridades carecen de procedimientos. Tampoco cuentan con un registro de las supervisiones hechas para verificar el funcionamiento de los centros.

Si bien existen manuales para tratar procesos de ingreso o traslado de internos, enfrentar casos de motines y otras medidas para salvaguardar la disciplina en el penal, el diagnóstico revela que las autoridades son omisas en su implementación.

“El estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se encuentra en prisión”, afirmó Plascencia Villanueva en la presentación del diagnóstico.

 

De la ‘tiendita’ al ‘autogobierno’

En la toma de control de los penales por los internos influye, entre otros factores, la sobrepoblación. Los centros trabajan al 125% de su capacidad según el diagnóstico, pues de 189 mil 397 espacios en los centros, la población carcelaria es de 238 mil 269 reos.

La sobrepoblación y el hacinamiento dan lugar también a la falta de separación entre hombres y mujeres en los centros mixtos, a la deficiencia en el acceso a servicios de salud y a la tortura y maltrato.

El creciente número de internos hizo también crecer las necesidades, mismas que las autoridades fueron incapaces de solventar.

“Se fueron generando situaciones que comenzaron con la tiendita donde se ofrecían productos de consumo personal y que hoy encontramos, venden alcohol. Igualmente logramos detectar el olor a mariguana”, añadió el Presidente de la Comisión.

Respecto de diagnósticos hechos en años anteriores, Plascencia Villanueva asegura que las condiciones que enfrentan los internos se han deteriorado. Las fugas, los motines y otros actos que dejan muertos y lesionados son muestra de lo que ocurre dentro de los penales.

El autogobierno,  afirmó el Presidente de la Comisión, nace mediante las amenazas de los custodios, pero también mediante la corrupción en la que participan los responsables de vigilar los centros.

“Cuando uno logra encontrar que hay bebidas, armas, drogas, es evidente que esto se introduce por la corrupción del personal de custodia”.

 

Faltan custodios y mejorar infraestructura

En Piedras Negras, Coahuila, donde hace una semana se fugaron 133 reos, había 15 custodios para una población de 737 internos, cuando las normas de seguridad recomiendan un custodio por cada 10.

El diagnóstico ha permitido a la CNDH observar otros estados donde hay preocupación porque se generen incidentes violentos o hechos similares a los que provocaron la fuga en Piedras Negras. Esas entidades son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, el Distrito Federal, Durango, Guerrero y Jalisco. Asimismo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas son focos potenciales de violencia.

La necesidad de que los penales se modernicen en infraestructura y de que tengan personal de custodia suficiente en número y en capacidades es imperativa para mejorar los centros de reinserción social.

“Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional”, puntualizó Plascencia Villanueva.

La lista negra

Con una calificación que va del 0 al 10, los estados cuyos penales resultaron peor evaluados fueron los siguientes.

Nayarit 4.57
Tabasco 4.86
Guerrero 5.13
Oaxaca 5.15
Coahuila 5.21
Quintana Roo 5.44
Nuevo León 5.77
Tamaulipas 5.88
Estado de México 5.89
Distrito Federal 5.99

Con información de Dulce Ramos (@Wikiramos)

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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