Cinco propuestas en materia de transparencia gubernamental y combate a la corrupción se encuentran en la discusión mediática y en el poder legislativo por iniciativa del Presidente, el Presidente electo, y los partidos que el próximo sexenio serán oposición. Ante ellas, expertos de la Red por la Rendición de Cuentas –que agrupa a 64 organizaciones—alertaron sobre el riesgo de crear mecanismos institucionales de control político cuyo uso sea discrecional y que el freno a la corrupción sea abordado sólo desde la lógica del castigo y no desde la prevención.
La iniciativa para reformar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI), presentada por el PRI en el Senado, y promovida por el presidente electo Enrique Peña Nieto y la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, enviada por el presidente Felipe Calderón como preferente al inicio de la LXII legislatura, fueron diseccionadas ayer por una veintena de expertos que forman parte de la Red, auspiciada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Lo mismo ocurrió con los detalles conocidos sobre la propuesta para crear una Fiscalía y una Comisión Nacional Anticorrupción, la propuesta para transparentar la publicidad oficial por el PAN en el Senado -asunto que también tocará el Presidente electo- y la propuesta del PRD en la Cámara alta para modificar el estatus jurídico del IFAI.
“Es digno de celebrar el conjunto de iniciativas y que se haya colocado finalmente este tema en un lugar de privilegio en la agenda gubernativa y legislativa. Sin embargo es motivo de preocupación que este conjunto sea el único paquete de reformas posibles para construir un sistema articulado de rendición de cuentas”, expresó el Coordinador de la Red y académico del CIDE, Mauricio Merino. “Es bueno que estas reformas se estén discutiendo, pero sería muy mal que en ellas se agotara toda la posibilidad de cambo y la imaginación legislativa. Es evidente que no alcanzan a cubrir las expectativas y propuestas de esta organización”, agregó.
En encuentros previos con Enrique Peña Nieto, en su calidad de candidato a la presidencia de la República, la Red y otros organismos entregaron al hoy Presidente electo una agenda de temas prioritarios para el impulso de la rendición de cuentas en el país, por lo que el análisis y las críticas vertidas ayer partieron de esa base.
Animal Político resume los principales aciertos y críticas que los expertos señalaron a la “pequeña oleada” de propuestas que hoy domina el debate político.
Iniciativas sobre transparencia y ley general de contabilidad gubernamental
“La legitimidad de los comisionados debe pasar por un consenso”.
La iniciativa de Enrique Peña Nieto para que el IFAI atienda asuntos de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que forme parte de alguno de los poderes de la unión y para ampliar el número de comisionados de cinco a siete es, coincidieron los especialistas, una de las más precisas y que mayor debate ha generado; y aunque la acogen “con simpatía”, señalaron algunas “preocupaciones políticas fundadas en la experiencia” en el debate que se centró, prácticamente en su totalidad, en la propuesta del Presidente Electo.
1. El riesgo de captura política de sus integrantes.
Existe la posibilidad de que la designación de los comisionados adicionales ocurra llevado por el interés de atrapar políticamente al IFAI, más que por el interés de generar conocimiento, credibilidad y legitimidad, afirmó Mauricio Merino.
La iniciativa de Peña Nieto no subsana de manera completa esta preocupación. Si bien la ampliación de cinco a siete comisionados puede responder a las cargas de trabajo que vendrán sobre el IFAI, no satisface una de las principales preocupaciones de la red, que es el proceso que se seguirá para su designación.
“La legitimidad de los comisionados debe pasar por un consenso y en esta iniciativa se extraña la participación ciudadana, pues en la forma de nombrar a los comisionados, siempre hay una forma de captura”, señaló Ana Elena Fierro, académica del CIDE.
2. Incluir a Partidos Políticos y Sindicatos
Una de las carencias de la iniciativa, a juicio de la comisionada del IFAI, María Elena Pérez-Jaen, es que no incluye a los partidos políticos como sujetos de escrutinio como ya se hace en la Ley de Transparencia del Distrito Federal.
“Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados directos. ¿Qué quiere decir de manera directa? Que cualquier persona vaya al PRI Nacional, al PAN Nacional, al PRD y obtenga una factura, un recibo de honorarios. Obtener información sin que la triangulen”.
Junto con esa omisión, la Comisionada señaló también la necesidad de incluir en los sujetos obligados a las universidades públicas.
3. La salvedad de la ‘seguridad nacional’
El IFAI ha ordenado abrir información que los órganos del Gobierno federal se habían negado a dar información alegando riesgos a la seguridad nacional y, hasta ahora, no se ha caído el país. Así explicó Pérez-Jaen su crítica a la salvedad de en la iniciativa de reforma que permite al Ejecutivo y los presidentes de las dos Cámaras del Congreso presentar recursos de revisión ante la Suprema Corte cuando haya probabilidad de un daño directo a la Seguridad Nacional.
“Esta parte de la iniciativa es preocupante”, zanjó.
Fiscalía nacional y comisión nacional anticorrupción
“Estamos preocupados de que este sea el tope del País en la lucha anticorrupción”
A diferencia de las propuestas sobre el IFAI, las relativas a la lucha anticorrupción fueron consideradas como las más débiles y las que más alerta generaron entre los especialistas, entre ellos, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Dado que aún no se conocen los detalles de estas propuestas, los expertos analizaron los detalles que se conocen ya por la prensa y sugirieron puntos a tomar en cuenta para el combate a la corrupción surgidos de trabajos previos de la Red.
“La corrupción es una consecuencia. No una causa del problema. Es importante tomar en cuenta las condiciones estructurales que generan corrupción y no enfocarse sólo al ataque de actos consumados”, dijo el auditor.
Ambas iniciativas, coincidió Mauricio Merino, “están diseñadas para perseguir a la corrupción cuando ésta ya sucedió y se ha encarnado entre los funcionarios públicos, más que como medios para impedir el sistema que produce la corrupción.
Estamos sinceramente preocupados de que este sea el tope al que pueda llegar el país en materia anticorrupción”.
1. Necesario asegurar el marco legal de la Comisión
La Comisión, en opinión de Portal, debe convertirse en una instancia autónoma que investigue, persiga y, al mismo tiempo, se haga cargo de las sanciones. Hasta ahora, con la información disponible, el auditor descarta que exista duplicidad o injerencia con las funciones de la ASF. No obstante se requiere un marco legal que precise sus facultades y la blinde de presiones externas.
2. Debatir la organización, en caso de que la Comisión remplace a la Secretaría de la Función Pública
Dado que en los medios se ha señalado la posibilidad de que la Comisión remplace a la Secretaría de la Función Pública, es necesario debatir a profundidad cómo quedarán organizados los órganos internos de control para que puedan tener un peso mayor.
“La exposición al riesgo de corrupción de una entidad puede ser contrarrestada en la medida en que existan controles internos efectivos para prevenir y detectar la posible ocurrencia de actos corruptos, y según el grado en que exista una función educativa al interior de la entidad que reafirme la honestidad e integridad de aquellos involucrados en los procesos de la dependencia o entidad”, expresó Portal.
Propuesta sobre comunicación gubernamental y publicidad oficial
“Hay una tremenda perversión de los recursos públicos destinados la financiamiento de medios”
Al igual que en las propuestas de combate a la corrupción, aún se desconoce el contenido exacto de las propuestas del Presidente Electo en materia de comunicación gubernamental y publicidad oficial, sin embargo, existe una necesidad urgente, según los especialistas, de reglamentar el artículo 134 constitucional.
Dicho artículo estipula que la propaganda de los poderse públicos no debe, en ningún caso, incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La ausencia de esa regulación ha derivado a que, en tiempos electorales y no electorales, el IFE monitoree toda la propaganda.
1. Llevar la agenda más allá de la contratación de la publicidad oficial
Parte de las preocupaciones en todas las propuestas legislativas es que respondan más a un impacto mediático que a la construcción de un sistema de rendición de cuentas. En ese sentido, uno de los integrantes de la Red y académico del Tecnológico de Monterrey, Jesús Cantú, ha expresado en documentos de la organización que es necesario profundizar en la transparencia en este rubro, pero, aún en el supuesto de que esto no ocurra, necesariamente se debe llegar por el del combate a la corrupción. “El exceso de recursos destinados a la publicidad oficial es evidente”.
2. Necesaria la discusión de la existencia de medios públicos
Existe la necesidad de renovar la posibilidad de que existan medios públicos y no gubernamentales. Llegar a medios que responda a consejos ciudadanos y no gubernamentales. Esa posibilidad, en México, se perdió desde la privatización del Instituto Mexicano de la Televisión, aseguró el académico de la UAM Xochimilico, Jorge Javier Romero.
