El Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del gobierno de México de dar inmunidad al ex presidente en el caso Acteal, donde murieron 45 personas en 1997, “para mantener las buenas relaciones con la República Mexicana”
El gobierno de Estados Unidos informó este viernes a una corte federal de ese país que decidió conceder la inmunidad al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, en contra de la demanda que enfrenta por su presunta responsabilidad de la matanza de Acteal. A petición del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia envió un documento a la corte de distrito de Connecticut, en el que expone sus razones para que el ex mandatario obtenga el beneficio.
En un comunicado, autoridades estadounidense precisaron que el gobierno de México realizó la solicitud de inmunidad al Departamento de Estado, a la cual accedió para “mantener las buenas relaciones con la República Mexicana.”
Este viernes era la fecha límite para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinará si le otorgaba o no la petición de inmunidad al ex presidente mexicano por los hechos en los que murieron 45 personas en la mencionada comunidad chiapaneca en 1997.
Los demandantes pidieron 50 mil dólares como pago si se encontraba culpable a Zedillo, quien pudo ser demandado al residir en EU, donde dirige el Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
Cuestionan demandantes otorgamiento de inmunidad a Zedillo
Los abogados de los demandantes del ex presidente Ernesto Zedillo deploraron hoy la decisión del Departamento de Estado de otorgarle inmunidad, pues reconocieron que ello representa el fin de la demanda civil en su contra.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión del Departamento de Estado de otorgar inmunidad al ex presidente, lo cual evitará que procedamos con el caso en contra”, señalaron los abogados Roger Kobert y Marc Plugiese, del bufete Rafferty, Kobert, Tenneholtz & Hess.
La noche del viernes, el asesor legal del Departamento de Estado Harold Hongju Koh comunicó al subprocurador Stuart Delery la decisión de la dependencia de otorgar la inmunidad a Zedillo por acciones realizadas durante el periodo de su mandato como jefe del ejecutivo.
“Considerando los principios de inmunidad articulados por la rama ejecutiva… el Departamento de Estado ha determinado que el ex presidente Zedillo disfruta de inmunidad para ser demandado respecto de esta acción”, señaló.
Hongju Koh mencionó que fue el gobierno mexicano quien solicitó la recomendación de inmunidad.
Delery transmitió la decisión de la administración del presidente Barack Obama al juez del caso de la corte federal de Connecticut, Alvin Thompson, en una moción separada de ocho cuartillas.
En su respuesta, los abogados de los demandantes lamentaron que la decisión del Departamento de Estado “estuviera basada en comunicaciones entre el actual gobierno mexicano y el gobierno estadunidense, a través de correspondencia que no se hizo del conocimiento del público estadunidense”.
“Aunque hemos sido bloqueado en nuestros esfuerzos para avanzar en este caso civil contra el señor Zedillo, esperamos sinceramente que nuestros esfuerzos hayan elevado la conciencia del público sobre los males subyacentes”, escribieron.
Ni Jonathan Freiman ni Thalia Townsend, abogados de Zedillo, respondieron de inmediato mensajes para obtener su punto de vista.
El ex mandatario mexicano fue acusado ante la Corte Federal por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas, en la que murieron 45 hombres, mujeres y niños en diciembre de 1997.
De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano de El Plan de Campaña Chiapas 94, descrita como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.
La demanda fue interpuesta, por el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de seis hombres y cuatro mujeres, sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
El proceso civil contra Zedillo tuvo lugar la corte en Connecticut por ser esta la entidad de residencia del ex presidente mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusó al ex presidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel del ejecutivo federal antes y después de la masacre de Acteal.
La postura de Las Abejas
“Conceder la inmunidad [a Zedillo], implica violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y tendrá como resultado, proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad”, responde la organización de derechos humanos Las Abejas al tiempo que niega ser la parte demandante en Estados Unidos contra Zedillo por el caso Acteal.
Desde el 22 de septiembre del 2011, en el comunicado que cada mes emiten Las Abejas, se negó que la demanda contra Zedillo en EU haya sido presentada por esta organización y negaron que responda a su forma de actuar, ya que los diez demandantes anónimos en Connecticut, buscan una reparación de 50 mil dólares, contrario a la postura de Las Abejas que exigen “justicia, verdad, no repetición, castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre y reparación integral.”
Para nosotros es claro que quienes interpusieron la demanda civil en Estados Unidos no tienen la misma motivación de las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, sino que responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano.
Las Abejas afirmaron que “los grupos en el poder en el año 1994 pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes ejecutaron el plan contrainsurgente contenido en el manual de guerra Plan de Campaña Chiapas 94’, elaborado por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena); después, en el simulacro de alternancia de poder los grupos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) se encargaron de proteger a los autores intelectuales del PRI.
La organización del sureste de México acusó que Vicente Fox Quezada como presidente de la república, a través de “un militar en la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, se encargaron de cerrar la Unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, sin ningún informe sobre el trabajo realizado.”
De acuerdo con Las Abejas “los resultados de todas estas investigaciones no se conocieron para mantener también en secreto las indagatorias que apuntaran a la existencia y a la dinámica de los grupos paramilitares, documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.”. La organización señala además a Calderón y a la SCJN por “ordenar la excarcelación de los autores materiales.”
En cuanto al gobernador perredista de Chiapas, Juan Sabines, la organización chiapaneca afirmó que él “abrió una nueva Fiscalía para investigar los hechos de Acteal. Sin embargo, en lugar de cumplir la finalidad para la que fue creada; facilitó a los abogados de los demandantes anónimos en Connecticut, una prueba presentada como anexo.”
Notimex, El Universal, CNN y Cencos.
