El Senado de la República aprobó en lo general, con 100 votos a favor y 28 en contra, la Reforma Laboral, que regula la subcontratación laboral u outsourcing y establece el pago por hora, nuevas modalidades de contratación, el trabajo por temporada y los periodos de prueba.
Sin embargo, los senadores del PRD y del PAN reservaron más de 50 artículos para su discusión en lo particular, que tienen que ver con la transparencia y libertad sindical, la mayoría de ellos presentados por legisladores perredistas.
El dictamen fue avalado con los votos a favor de los senadores del PRI, PAN y PVEM, así como de la legisladora de Nueva Alianza, Mónica Arriola y los sufragios en contra de los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
La Reforma Laboral aprobada en lo general prohíbe condiciones laborales que impliquen discriminación por motivo de origen étnico o nacional, de género, edad, condición de salud, religión, preferencias sexuales y condiciones migratorias, entre otras.
Durante la discusión, la senadora del PRD, Alejandra Barrales anunció que votaban en contra del dictamen en lo general, y que en lo particular buscarán modificarlo para incluir el tema de la transparencia y democracia sindical.
“Es necesaria una Reforma Laboral que reactive la economía, que genere más empleos y democratice los sindicatos, pero desafortunadamente esta no es la propuesta que recibimos de la Cámara de Diputados”, pues deteriorará aun más el precario nivel de vida de los trabajadores, añadió Barrales.
Por el PAN, el senador Javier Lozano Alarcón informó que su sufragio era favor del dictamen en lo general, ya que se da “un paso adelante y es una buena reforma laboral”, pues incluye nuevas modalidades de contratación que permitirá elevar la productividad y generar mas empleos.
Ello sobre todo entre los jóvenes, con salario y protección social, “y siempre acumulando antigüedad, además de hacer más ágil y transparente la justicia laboral”, indicó el ex secretario del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo federal fue modificada en la Cámara de Diputados, donde se “mutiló la parte de la transparencia sindical”, y el Senado no es una ventanilla de partes y ejercerá su obligación como cámara revisora, subrayó.
Así, nos reservamos en lo particular los artículos que tienen que ver con el tema de la transparencia y la democracia sindical, aseveró Lozano Alarcón al advertir que “es falso que ello atente contra el Artículo 123 constitucional o cualquier tratado internacional en la materia”.
Por su parte, el senador priista David Penchyna comentó que su voto en pro del dictamen, era para dar oportunidad laboral a millones de jóvenes, y dijo que el PRI está a favor de la transparencia, la democracia sindical y la rendición de cuentas.
“Pero también estamos a favor de la autonomía sindical con base a lo que establece la Constitución, que ya garantiza los derechos de los agremiados a conocer el destino de sus recursos”, indicó.
Al hablar en contra del dictamen, el senador del PT, Manuel Bartlett, lamentó el silencio de los líderes obreros sobre el tema, ya que “es una reforma patronal”, y advirtió que quien vote a favor lo hará en contra del pueblo de México.
Aseguró que en la etapa de consulta los dirigentes sindicales se pronunciaron en contra de la minuta, ya que las modificaciones atacan al trabajador e ignoran la experiencia internacional de otros países.
A su vez, la única senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, se pronunció a favor del dictamen en lo general pues incorpora derechos adquiridos a trabajadores vulnerables, protege a trabajadores domésticas y trabajadores mineros.
Sin embargo, anunció que votará en contra de las reservas que buscan incluir la transparencia sindical, ya que el interés de los sindicatos no se puede subordinar a los de una clase política, y que la democracia se construye y se conquista
En su turno, el senador Carlos Alberto Puente hizo público el voto a favor del PVEM, ya que esta reforma permitirá empleos seguros para la población más vulnerable, e incorporará a la formalidad a más de 14 millones de mexicanos que laboran en la informalidad.
Por Movimiento Ciudadano, la legisladora Layda Sansores dijo que votaba en contra del dictamen pues genera inestabilidad laboral, y señaló que mal empezará su gobierno el presidente electo, Enrique Peña Nieto, “al preferir ser vocero del sindicato de patrones en lugar de escuchar a la mayoría”.
Cabe señalar que el dictamen aprobado en lo general precisa que si el patrón, en un juicio laboral, no comprueba la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de tres meses y al pago de los salarios vencidos computados hasta por un periodo máximo de 12 meses.
Si transcurrido ese tiempo no se hubiera concluido el procedimiento o no se hubiera cumplido el laudo, se pagará también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.
En lo referente al pago por hora, se señala que a los trabajadores que laboren bajo ese supuesto se les pagará el equivalente a una jornada completa por día, sin importar las horas pactadas de trabajo.
Además, la reforma facilita el empleo al incorporar nuevas modalidades de contratación individual, periodos de prueba, capacitación inicia y trabajo de temporada, entre otros.
Con ellas, los trabajadores que no tienen experiencia o el tiempo necesarios para ocupar un puesto por circunstancias específicas como madres, estudiantes y personas con discapacidad, podrán obtener un empleo acorde a sus necesidades.
También se “incluyen temas vanguardistas para las relaciones de trabajo, como el periodo de prueba para trabajadores de nuevo ingreso, en el que disfrutará del salario, la garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe”, según el dictamen avalado.
En el tema del outsourcing, se busca “proteger a los trabajadores de posibles abusos, engaños y simulaciones al regular la subcontratación, para evitar la evasión en las obligaciones laborales por parte del contratista o contratante.
Así, se establecen que en caso de incumplirse la regulación, el contratante se considerará como patrón, y se reglamenta la contratación de mexicanos en el extranjero para protegerlos de empleos en condiciones que atenten contra su dignidad, integridad y libertad.
De igual manera, las reformas a la LFT reconocen las conductas laborales de hostigamiento y acoso sexual, las que define como formas de violencia donde existe un abusivo ejercicio del poder en las relaciones de subordinación.
También se incorpora un capítulo designado “De los trabajos en minas”, que se aplicará en todas las minas de carbón del país, que obliga a los patrones a facilitar y mantener condiciones higiénicas y de seguridad en las instalaciones.
En los considerandos, se reconoce la necesidad de contar con un marco jurídico “de acuerdo con la dinámica socio-laboral que México requiere”, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, así como incrementar la productividad e ingresos de los empleados.
También hablaron en contra del dictamen en lo general los senadores del PRD, Dolores Padierna, Armando Ríos Piter y Raúl Morón, así como David Monreal, del PT; y a favor Octavio Gaytán y Héctor Larios (PAN), Raúl Cervantes (PRI), así como Pablo Escudero, del PVEM.
