CIDH posterga (no descarta) el caso Digna Ochoa
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CIDH posterga (no descarta) el caso Digna Ochoa

La familia de Digna Ochoa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar el caso de la abogada; ayer respondieron que esta petición no podrá ser abordada en su 146 periodo de sesiones.
Por Paris Martínez
19 de octubre, 2012
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Luego de que en agosto pasado la familia de Digna Ochoa solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar las circunstancias en que la abogada perdió la vida, hace exactamente 11 años, el secretario ejecutivo de este organismo continental, Emilio Álvarez Icaza, adelantó ayer que, debido a la saturada agenda de audiencias, esta petición no podrá ser abordada en su 146 periodo de sesiones (que se realizará del 29 de octubre al 12 de noviembre), pero aclaró que la posibilidad de admitir el caso para su análisis no está cancelada y podrá ser retomada en el futuro próximo.

Como se recordará, la abogada y defensora de derechos humanos murió el 19 de octubre de 2001, “también un viernes, como será en este año”, recordó ayer su hermano Jesús, a causa de disparos de arma de fuego que recibió mientras se encontraba en su despacho de la colonia Roma y que, según la Procuraduría General de Justicia del DF, se ocasionó ella misma, conclusión judicial que los familiares y compañeros de Digna Ochoa consideran, desde entonces, como un intento por ocultar que en realidad se trató de un asesinato, cometido por razones políticas, ya que defendía a distintos activistas y guerrilleros presos.

“No está descartado conceder una audiencia a los familiares de Digna Ochoa“, explicó en entrevista Álvarez Icaza, quien presidía la Comisión de Derechos Humanos del DF cuando, en 2004, dicho órgano concluyó que en la investigación de la Procuraduría capitalina sobre la muerte de Digna Ochoa, y en su hipótesis del suicidio, existían diversas irregularidades.

Álvarez Icaza, quien fue nombrado como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio pasado, explicó que para el próximo periodo de sesiones del organismo continental se recibieron 170 peticiones de audiencia, sin embargo, sólo existe la posibilidad de atender a 42 solicitantes, razón por la cual se decidió dejar fuera, en esta ocasión, el encuentro con la familia Ochoa.

“La CIDH tiene que mantener en equilibrio las solicitudes que llegaron de todo el continente –explicó–, no sólo hay peticiones de grupos civiles, sino también de los Estados parte y, además, algunas otras audiencias son impostergables debido a que la CIDH está preparando informes sobre esos casos específicos”.

Sin embargo, subrayó, “no está descartado evaluar la petición y recibir en un próximo periodo de audiencias a la familia de Digna“.

Por su parte, el abogado David Peña, representante legal de la familia Ochoa y Plácido, consideró que la postura fijada por Álvarez Icaza es una señal positiva, ya que “es importante que la Comisión Interamericana no cierre la puerta al caso y mantenga abierta la posibilidad de atendernos”.

En su momento, recordó Peña, “el asesinato de Digna llamó mucho la atención del sistema interamericano de derechos humanos, al grado de que representantes de la CIDH participaron como observadores en la primera fase de la investigación, sin embargo, después se retiraron. Posteriormente, conforme las indagatorias señalaban cada vez con más claridad a integrantes del Ejército Mexicano como autores del atentado, la Procuraduría de Justicia del DF fue construyendo la hipótesis del suicidio”.

Por ello, concluyó, admitir el caso es una oportunidad no sólo para hacer justicia, sino también “para que la misma Comisión Interamericana reconozca errores cometidos por este mismo organismo en el pasado, en el tiempo en que se desarrolló la investigación”.

Así, Peña informó que prepararán una nueva petición de audiencia con la idea de ser atendidos por la CIDH en febrero próximo, pero no únicamente para recibir información del caso, “lo que pedimos es una audiencia de admisibilidad, es decir, una reunión en la que la Comisión determine si abre o no una investigación del caso.”

Cabe destacar que, al momento de su muerte, Digna Ochoa defendía legalmente a activistas de Querétaro, a campesinos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y a los hermanos Cerezo, a los que el gobierno implicaba en ataques dinamiteros. Ayer, además, durante un acto en homenaje a la abogada, su ex compañera, Pilar Noriega, recordó que tres días antes de su asesinato, Digna había recibido amenazas anónimas.

Las anomalías

En julio de 2004, y siendo presidida por Emilio Álvarez Icaza, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó su Informe especial sobre las irregularidades en la investigación del caso Digna Ochoa.

A continuación, te presentamos un resumen de dichas anomalías, mismas que, según el ombudsman capitalino, “generan poca certeza” sobre la hipótesis del suicidio:

– Aunque el cuerpo de Digna Ochoa presentaba diversas lesiones, la Procuraduría de Justicia del DF no registró en su averiguación previa cuántas eran, sus características ni el “agente” con el que fueron ocasionadas.

– La indagatoria tampoco señala cuántas heridas de bala presentaba el cadáver de la abogada, ni cuál fue la trayectoria de los proyectiles o qué órganos y tejidos afectaron.

– Durante la investigación de la PGJDF, nunca se evaluó cuánta sangre perdió Digna Ochoa a causa de las balas o si, dada la gravedad de las heridas, era posible que realizara “movimientos de desplazamiento” (según la Procuraduría, Digna se disparó en una pierna y luego en la cabeza, quedando su cuerpo en una posición que obligatoriamente requerida de un incómodo giro).

– La Procuraduría tampoco realizó un estudio de mecánica de hechos, por lo que era imposible que determinara científicamente la ausencia de victimarios.

– Durante la indagatoria tampoco se determinó la distancia a la que se realizaron los disparos y, tal vez lo más importante de todo, la Procuraduría (encabezada entonces por Bernardo Bátiz), ni siquiera intentó explicar la razón de que en las manos de Digna no hubiera rastros de pólvora, a pesar de sostener que fue ella misma la que se disparó.

El próximo domingo a las 12 horas la Pastoral Social de la Iglesia Católica realizará una misa en memoria de la defensora de Derechos Humanos en la Iglesia de la Resurección, ubicada en avenida Aztecas, esquina con Ixtlixóchitl, de la colonia Ajusco, en Coyoacán.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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