Denuncia penalmente a club por homofobia
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Denuncia penalmente a club por homofobia

Carla Herrera, accionista y socia del Club Campestre de Chihuahua, denunciará penalmente a la organización por negarle los derechos a su esposa al tratarse de un matrimonio gay.
Por Mayra Zepeda
18 de octubre, 2012
Comparte

Tuvieron que pasar 14 meses y medio para que Carla Herrera, empresaria y filántropa chihuahuense, denunciara penalmente al Club Campestre de Chihuahua por discriminación por preferencia sexual y homofobia.

Si procede, ésta se convertiría en la primera denuncia por este delito que se integra y procede penalmente en todo México.

Carla Herrera ganó el Premio al Mérito Cívico 2012 por diversas acciones para apoyar a grupos vulnerables: en 1995 fundó el Centro de Estudios para Invidentes –ella padece ceguera total desde que tenía 10 años-; también fundó el colectivo El Trébol, que fomenta la participación comunitaria de instituciones dedicadas a la educación de ciegos, sordos y personas con síndrome de Down, y de 1998 a 2002 fue tesorera del Consejo Internacional para la Educación de Personas Ciegas y Débiles visuales, con sede en Inglaterra.

Si en septiembre estuvo bajo el ojo público por recibir este premio de manos del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ahora lo está por primero acudir ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y después ante la justicia penal por ser víctima de discriminación por parte de una empresa particular, el Club Campestre de Chihuahua.

Los problemas comenzaron cuando Carla, después de contraer matrimonio con Lilia Victoria Aun Caraveo, pidió por escrito al Club que, en su calidad de accionista y socia, se le reconocieran todos los derechos a su esposa.

La normatividad del club estipula que una vez que se exhiba el acta de matrimonio, el o la cónyuge tendrá derecho a gozar de todos los beneficios que se ofrecen.

Pero nada de esto pasó. Los directivos del Club Campestre de Chihuahua le negaron los derechos a su esposa Lilia Victoria.

Carla dice a Animal Político que ella se acercó al club desde agosto del año pasado y tuvo varias reuniones con el comité directivo.

“En una reunión me propusieron una credencial para mi esposa como empleada doméstica, en la cual podía acceder al club con los niños (tienen cuatro), pero no sola. Otra vez me propusieron que pagáramos doble cuota y además una aportación adicional”, explica.

¿Cuál era el argumento del club? “Nos reservamos el derecho de admisión”, dice Carla: “Eso se entiende en una persona nueva que quiere acceder al club, pero no a una persona que toda la vida ha sido socia como ella y que jamás tuvo ninguna amonestación”.

En este tema, Ricardo Bucio, titular de Conapred, explica a Animal Político que es lícito que las organizaciones o empresas estipulen límites, pero “lo que no es lícito es esta perspectiva, que se definan contenidos discriminatorios para tomar la decisión de quién puede o no formar parte” de sus filas.

Carla pudo hacer la denuncia penal porque en Chihuahua la discriminación está tipificada como un delito, así como en otros 13 estados de la República: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, DF, Durango, Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

 

Fuente: Conapred.

Antes de tomar la decisión de interponer una denuncia penal contra el Club Campestre de Chihuahua, Carla se acercó al Conapred el 17 de mayo de 2012 para presentar una queja contra la empresa.

Lo que hizo Conapred, explica Bucio, fue seguir un proceso de diálogo con el club, quien no aceptó participar en el proceso de conciliación y tampoco se sometió al procedimiento al que lo invitó el Consejo para llegar a un acuerdo que reparara el daño a Carla y su esposa y que evitara la repetición de los hechos, “que es lo que buscamos siempre que hay un acto de discriminación”.

Lo que sucede es que en este tipo de casos el Conapred está atado de manos. La ley actual no permite, cuando se trata de particulares, que el Consejo tenga injerencia alguna en sus decisiones, por lo que sólo puede emitir recomendaciones y sanseacabó.

Conapred se acercó al consejo directivo del club, pero no obtuvo una respuesta positiva. Lo hizo de nuevo, pero tampoco tuvo éxito.

El caso de Carla Herrera es discriminación porque reúne los tres “requisitos” propios de una conducta discriminatoria, según el Conapred:

*Distinción, exclusión o restricción, es decir, una diferenciación carente de justificación objetiva o razonable.

*La causa, que tiene que ver con la pertenencia a un grupo vulnerado y las referidas en los artículos 1° Constitucional y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el presente caso, la preferencia sexual de las personas, es decir, algún motivo sustentado en prejuicios negativos o estigmas existentes y en la pertenencia de la persona a un grupo o colectivo.

*El efecto, la vulneración a un derecho.

Carla dice que trató “por todas las formas” no tener que denunciar públicamente y menos de manera penal al Club Campestre de Chihuahua, pero que su actitud la llevaron a tomar decisiones más contundentes.

Carla es honesta. Acepta que no ha sido fácil llevar a lo público su vida privada. También acepta que no puede ponerse un estandarte que no tiene, decir “yo soy defensora de los gays, porque en mi vida he sido activista gay”. No. Esto se trata de los derechos de su familia, su esposa, sus cuatro hijos.

Ricardo Bucio acepta que Carla y su abogado no la tienen fácil, porque “es difícil comprobar la discriminación”. Esto tiene que ver no sólo con hechos, sino también con la percepción y el fundamento por el cual una persona o institución como en el caso del Club Campestre de Chihuahua toma las determinaciones que toma.

“Una cosa es que se pudiera aducir la negación del ingreso y otra cosa es que se pueda probar penalmente el acto de discriminación”, explica Bucio.

El titular de Conapred también denuncia que hace falta información y capacitación en los Ministerios Públicos y el Poder Judicial sobre la normatividad que prohíbe la discriminación, no sólo la Constitución o los Códigos Penales estatales, sino los tratados internacionales.

Bucio dice que las sentencias por discriminación son diferenciadas en cada entidad de la República y a nivel federal, pero que algunas incluyen multas económicas, otras, la privación temporal de la libertad, y unas más, el trabajo comunitario.

La denuncia penal que interpuso Carla Herrera es contra Pedro Ramírez Godínez, Eugenio Vázquez Quintana y Manuel Russek Valles, presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, del Club Campestre de Chihuahua.

Animal Político intentó contactar con el gerente del club, David Hinojo, pero nunca le tomó la llamada.

Aquí te presentamos la carta que el club envió a Conapred el 15 de junio de 2012. En ella, niega que haya existido discriminación en el caso de Carla Herrera.

Respuesta Del Club Campestre de Chihuahua a Conapred

Respuesta Del Club Campestre de Chihuahua a Conapred 2

¿Dónde se reciben más quejas por discriminación?

Ricardo Bucio revela que el Conapred recibe más quejas del Distrito Federal por discriminación, y que, además, siete de cada diez son contra particulares, personas físicas o morales, empresas, escuelas, medios de transporte, medios de comunicación.

“Lo que está diciendo la población es que de donde más ve la posibilidad de que sean discriminados es de particulares, y es lógico en razón de que la mayoría de las interacciones que tenemos las personas cada día las tenemos con instituciones privadas, no con públicas”, explica Bucio.

Ahora habrá que ver en qué termina la denuncia penal de Carla Herrera. Si procede, será la primera denuncia por delito de discriminación que proceda penalmente en todo el país.

Esperó 14 meses y medio: “Ni modo, ya se inició un proceso legal, yo no quería empezarlo, pero vamos para adelante”.

 

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
Comparte

Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=8fj-C_xCda8&t=3s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.