Insight Crime  presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial es sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Animal Político fue a los lugares con más desplazamientos forzados en el país: Sinaloa, Ciudad Juárez y Tijuana, para tomar testimonios de cómo el narco ha provocado que miles de familias abandonen el lugar donde vivieron por años para irse a un lugar más seguro.

La fuga del “Triángulo Dorado”

Dentro de una investigación hecha por cuatro medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, de cómo el narco ha forzado al abandono de miles de hogares. De septiembre de 2011 a febrero de 2012, cientos de familias huyeron de la Sierra de Sinaloa luego que células del narco asesinaran a lugareños y quemaran casas. A casi un año del éxodo, los pueblos continúan abandonados.

Jorge tenía las manos embarradas de masa cuando escuchó los disparos que acabaron con la vida de su vecino Juan.

Estaba preparando las tortillas del desayuno cuando se percató de aquellos disparos y los gritos de amenaza.

Jorge se detuvo un momento para pensar lo que debía hacer. Fue así que comenzó a recolectar víveres, encendió el motor de la camioneta pick-up y llamó por celular a sus amigos de Ocurague para advertirles que los pistoleros se dirigían hacia aquel pueblo.

En San José los Hornos hay cerca de 100 casas distribuidas en tres caminos agrestes. La tierra de los alrededores está rodeada de pinos y las colinas que la bordean resaltan la belleza natural del pueblo.

En el camino principal, de unos cinco metros de ancho, se encuentran asentadas las casas más vistosas, como por ejemplo, una color amarillo con una pequeña cúpula en el techo, que hace 10 meses fue quemada por un grupo de pistoleros (“gavilleros” les llaman en Sinaloa).

Jorge y sus vecinos intuyeron que a diferencia de los homicidios ocurridos en los últimos 4 años, en esta ocasión la intención era intimidar a todos, aunque no tuvieran injerencia en la siembra o transporte de drogas, rompiendo el “orden” que hasta ese momento se vivía y que consistía en respetar los rangos de las personas vinculadas con el negocio y las que no tenían ningún tipo de relación con las actividades

Ese mismo día, Jorge, con su familia y 100 familias más, abandonaron el pueblo. Para el gobierno mexicano el desplazamiento forzado por violencia parece no existir, a pesar que se trata de un fenómeno persistente. Cuando en el 2011 el Consejo Noruego para Refugiados, publicó un informe que estimaba que en los últimos 10 años México había registrado el desplazamiento de poco más de 160 mil personas por diferentes motivos, entre ellos la violencia, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, minimizó la cifra argumentando que desconocían la metodología del estudio. —

No se tienen suficientes datos ni se tiene realmente los elementos para poder determinar si realmente está sucediendo un fenómeno de esa naturaleza que formalmente tuviera que estar atendiendo el Estado Mexicano. Esa es la posición del gobierno como tal — dijo Max Alberto Diener Sala, subsecretario de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuando se le preguntó sobre este problema.

Esa falta de reconocimiento oficial, ha impedido que organismos como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), pueda tener una estrategia para enfrentar el fenómeno.—Es muy preocupante desde la perspectiva de las personas afectadas, pues en la práctica lo que significa es que estas víctimas no reciben atención adecuada porque el Gobierno no los reconoce, y porque además bloquea a que otros organismos, como el ACNUR, hagan un trabajo —dice Sebastián Albuja, representante del Observatorio del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados, quien comenta que las autoridades mexicanas están obligadas a elaborar un estudio a nivel nacional que permita tener una idea exacta de la magnitud del desplazamiento forzado, como el que pretende impulsar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en palabras del Quinto Visitador, Fernando Batista, busca influir en la política pública y en un reconocimiento oficial del problema.

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Jorge es un hombre de sonrisa alegre. Nació y creció en San José los Hornos. Al igual que sus padres, se ha dedicado a la siembra de maíz y frijol, así como a la crianza de ganado.

Su identidad, como la de algunas personas que aparecen en la historia, se cambió a petición de los entrevistados.

—Hasta hace 4 años vivíamos muy tranquilos, nadie nos molestaba. La gente que se dedicaba a la siembra de goma (amapola) y marihuana, la podía vender libremente. El Ejército venía regularmente, hacía decomisos, pero se iba. A los que no nos dedicábamos a ese negocio no nos decían nada, nos dejaban tranquilos —dice Jorge sentado en la cocina de su nueva casa, mientras encima de la fogonera hierve una olla de frijoles que serán su desayuno.

El pueblo donde nació Jorge, forma parte de una red de 13 comunidades serranas en Sinaloa localizadas en el “Triángulo Dorado”, justo en los límites de los municipios de Sinaloa de Leyva y Badiraguato. Hasta finales del siglo XIX los pobladores de esas comunidades se dedicaban exclusivamente al cultivo de maíz, frijol, manzana, chabacano, higo y cítricos. Además trabajaban en la minería. Fue hasta 1905, con el cierre de la casa de moneda en Culiacán y la crisis que se vivió por aquellos años, lo que empujó a cientos de familias a cultivar amapola, planta que llegó a Sinaloa con la comunidad China asentada ahí desde 1885. Fueron los chinos los que trajeron la semilla a México para sembrarla y consumirla con fines recreativos. La crisis financiera local y la demanda que tenía la planta (ya transformada en goma de opio y procesada en heroína) en Estados Unidos, la convirtieron en menos de tres décadas, en un negocio muy redituable donde las autoridades locales y federales se beneficiaban abiertamente con sus ganancias.—Lo hicieron para aliviar los dolores de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial —dice Eleuterio Ríos Espinoza, ex diputado de Badiraguato y dos veces Secretario de Gobierno en el Estado, uno de los sinaloenses que, a sus 76 años de edad, conoce mejor que nadie la dinámica que se ha dado en esa región serrana durante el último siglo.

Autor del libro “Sinaloa, sociedad y violencia”, publicado en 1991, sostiene la hipótesis (no compartida por otros estudiosos del tema que le atribuyen este auge exclusivamente a los chinos), que el “boom” de la producción de amapola y mariguana en Sinaloa se dio por la intervención de Estados Unidos en la década de 1910. Lo que es un hecho es que en la actualidad, Estados Unidos tiene en México a uno de sus principales proveedores de heroína para uso recreativo.

Hace poco más de un año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en el que mostró su preocupación por el incremento de sembradíos de amapola en México y el crecimiento de consumidores de heroína mexicana en Estados Unidos.

Hasta antes de 2008, es decir a un siglo del auge del cultivo de amapola en la Sierra de Sinaloa, eran comunidades donde se vivía prósperamente. Casi todas las familias eran dueñas de una camioneta o una cuatrimoto, que en el mercado se cotizan hasta en 4 mil dólares. Además, la mayoría de las viviendas contaban con televisión satelital. Eran comunidades que mantenían una tensa calma con los narcotraficantes dedicados a su negocio sin intervenir en la rutina diaria del pueblo. La siembra de droga, le inyectaba recursos a la economía local generando una burbuja de bonanza donde todos se beneficiaban directamente o indirectamente. En el caso de los lugareños que no sembraban droga, no eran molestados por las personas que si lo hacían. Todos convivían en aparente paz y no había conflictos importantes, aparte de los asesinatos aislados por ajuste de cuentas entre bandas y los decomisos esporádicos del Ejército, que en los últimos 10 años habían convertido a este “triángulo” territorial en la región con mayor número de plantíos de marihuana destruidos en el país. La altura del terreno (mil 200 a 2 mil metros por encima del nivel del mar) favorece estos cultivos, tanto así que por cada cien hectáreas encontradas por el Ejército, 60 provenían de los estados que conforman el “Triángulo”, que la convierten en una zona dependiente de esa actividad, donde no sólo hay personas que la siembran, sino también quienes se encargan de cuidar los sembradíos, recogerlos, transportarlos y venderlos a los cárteles del narcotráfico.

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Aquel día en que Jorge decidió abandonar su finca, justo cuando conducía su camioneta, observó por el espejo retrovisor que otras familias del pueblo lo seguían. Como él, decidieron huir de San José los Hornos aquel sábado 24 de septiembre de 2011. Kilómetros más adelante, cuando ya se encontraba fuera de la colina donde están asentados los pueblos, observó que los pistoleros incendiaron varias casas en Ocurague.

Después se enteraría que se trataba del mismo grupo de sicarios que semanas atrás había asesinado a Fabián, otro habitante de San José los Hornos. Luego de cometer el crimen de este hombre, los responsables incendiaron su casa, la de la cúpula en el techo. También quemaron la tienda de abarrotes y dos viviendas más. Antes de marcharse, amenazaron a todos en la comunidad con asesinarlos en caso de resistirse a trabajar para ellos.

El asesinato de su vecino Juan, quien tenía varios años desligado del negocio, sólo vino a confirmar las sospechas de que los pistoleros pretendían intimidarlos. Al escuchar los disparos dedujeron que su muerte fue una especie de ultimátum.

La necropsia practicada a Juan, arrojó que su cuerpo presentaba huellas de tortura y 40 orificios de bala. Hay quienes sostienen que a Juan lo torturaron toda la noche. Por la mañana, con una soga amarrada al cuello, lo arrastraron varios metros por un camino de terracería. Agonizante le descargaron las balas de sus rifles.

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—Son puros “plebes” (muchachos) de 15 a 20 años. Los traen de Juárez y Navolato. Algunos trabajan para los Beltrán, otros para el Cártel de Juárez y los Zetas —platica Jorge después de darle un sorbo a su taza de café y recordar que a estos jóvenes pistoleros los comenzaron a ver desde 2008.

Hasta antes del asesinato de Juan, a ese grupo le atribuían 11 asesinatos en la zona. El móvil casi en todos los casos: acabar con los operadores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien además de haber nacido en el pueblo de La Tuna, Badiraguato —500 metros cuesta abajo de San José los Hornos—, es el narcotraficante más buscado de México y el continente. Por información que lleve a su captura, Estados Unidos ofrece 7 millones de dólares. Es de acuerdo con la lista de la revista estadounidense Forbes, uno de los hombres más ricos del planeta con una fortuna calculada en más de mil millones de dólares. En el plano criminal, es el narcotraficante mexicano con más enemigo dentro del mundo de los cárteles de la droga. Prueba de ello es la rivalidad que sostiene con la organización que fundaron los hermanos Beltrán Leyva, que hasta principios de 2008 trabajaban como una megaorganización de la droga.

Los jefes de estos grupos comenzaron sembrando marihuana y amapola de manera independiente al igual que muchos pobladores del “Triángulo”, pero la captura y el asesinato de los capos que controlaban el trafico y la distribución de las drogas, aunado a sus ambiciones personales, los llevaron a convertirse en una especie de “Federación del narcotráfico”, les llamaban las autoridades en Estados Unidos hasta donde han extendido el negocio.

Según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en México, la rivalidad entre la organización de “El Chapo” y los “Betrán” surgió a principios de 2008 tras el encarcelamiento de Alfredo Beltrán Leyva. La captura del narcotraficante, “generó la pérdida de confianza” entre ambos grupos, transformándose en “una espiral de violencia en Sinaloa, Nayarit, Sonora, Durango y partes de Jalisco y Guerrero”. En dos años de rivalidad, se les atribuían el 26% de los homicidios ocurridos en el país desde que el gobierno mexicano le declaró la “guerra” al narco en diciembre de 2006.

Tras la ruptura de “El Chapo” con sus antiguos socios, los Beltrán se aliaron con los Zetas y con el Cártel de Juárez, con quienes conformaron grupos de sicarios para enfrentar a operadores de Guzmán en su territorio. Lo anterior generó que el “Chapo” aplicara el mismo método en las comunidades controladas por sus enemigos. La violencia que vivió San José los Hornos, se ha repetido por espacios de tres años en por los menos 60 pueblos del “Triángulo Dorado”, cuyos habitantes huyeron por la rivalidad existente entre los grupos criminales. Tanto en pueblos serranos de Sinaloa, Durango y Chihuahua se han registrado asesinatos y desplazamientos de comunidades enteras por esas pugnas.

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Tuvieron que pasar ocho meses desde el desplazamiento de Jorge y su familia para que el gobernador sinaloense, Mario López, reconociera públicamente que en la zona serrana del Estado, existen comunidades abandonadas por la violencia. Lo hizo el 14 de mayo de 2012, cuando recorrió en helicóptero algunos pueblos abandonados y se reunió con familias de desplazados.

En la reunión, el gobernador escuchó las historias de los desplazados. Ahí los afectados expresaron sus razones para salirse de sus pueblos y le describieron el miedo que tenían de ser asesinados en caso de regresar. Tres personas que estuvieron en el encuentro, aseguran que en una parte de la plática el gobernador los “regañó”. Les reclamó el silencio que habían guardo por años al solapar la siembra de drogas, pero finalmente se comprometió a incrementar la vigilancia en la Sierra del Estado. —Lo haremos con el apoyo del Ejército y la Policía Estatal —dijo.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa difundió, una semana después de la visita del gobernador, un padrón de comunidades “desplazadas” en la sierra. En el documento de dos cuartillas, reconocen el desplazamiento de mil 203 familias sólo en Sinaloa. Se desplazaron “de sus lugares de origen por diversas causas, como la sequía, la búsqueda de alternativas de estudio para sus hijos, mejores opciones de ingreso, o a raíz de la inseguridad”.

Estas familias habitaban 65 comunidades serranas pertenecientes a siete municipios sinaloenses. Se trata de un promedio de 5 mil personas desplazadas, si se toma en cuenta cada familia está compuesta por cuatro integrantes. —Que la autoridad minimice el tema de los desplazados por la violencia diciendo que son por sequía o que son menos, evidencia su falta de voluntad para implementar una política emergente que atienda el problema —asegura Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa, una de las voces críticas sobre el desplazamiento forzado que se ha dado en la zona serrana del Estado.

Sentado frente al escritorio de su oficina, donde hay apilados documentos y oficios por firmar, Aguirre platica que de acuerdo con sus propias estimaciones pudieran existir entre 25 mil y 30 mil desplazados en el Estado, sin contar los de Chihuahua y Durango. —Es un cálculo, porque en estos momentos ningún organismo o dependencia cuenta con algún estudio certero o fundamentado que nos permita saber qué está ocurriendo en Sinaloa. Lo que sí sabemos, es que el gobierno actúa erróneamente al prometer la presencia del Ejército, porque no es con soldados como vas a generar, a mediano y corto plazo, paz y tranquilidad en las zonas afectadas.

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—Quisiera volver con mi familia pero tengo miedo de que los plebes regresen y nos asesinen —comenta Jorge, quien tras su desayuno se alista, junto a otros hombres desplazados, para regresar a San José los Hornos y otros pueblos abandonados del “Triángulo Dorado”, para constatar en qué condiciones se encuentran sus tierras de siembra.

Para llegar a San José y los pueblos que lo rodean, una ruta es salir de Surutato. Se trata de un pueblo situado a mil 460 metros de altitud, fundado en los primeros años de 1800, casi a la par de la Independencia mexicana. A decir de autoridades locales, es en la actualidad una de las comunidades que ha logrado mantenerse al margen del negocio de las drogas por la puesta en marcha de proyectos exitosos de cultivo, como son la siembra de chiles y tomates de granja. Es justo ahí, donde poco más de 400 personas de comunidades que conforman el “Triángulo Dorado”, bajaron para refugiarse por la violencia registrada en la última semana de septiembre de 2011. Jorge y compañía siguen la ruta de Surutato para llegar a sus pueblos. Durante el trayecto, que se prolonga por más de una hora, se dan cuenta que el paraje se encuentra despejado de sicarios. Por precaución conducen a menos de 20 kilómetros por hora, pues cualquier derrape puede sacarlos de la vereda y llevarlos hasta el fondo de alguna barranca, que en ese lugar abundan. El trayecto está bordeado de pinos y el aire que se respira es limpio. En algunas curvas, se pueden apreciar los riscos de las montañas que bordean la Sierra Madre Occidental. Todo el trayecto es verde y mientras más se avanza, el frío provoca ganas de abrigarse . En ningún momento se observa presencia terrestre de policías o militares. En el cielo, dos helicópteros del Ejército sobrevuelan el lugar. —Son los que fumigan los sembradíos de marihuana —comenta uno de los visitantes, justo en el momento en que Jorge detiene la pick-up frente a la casa que era de Fabián, otro vecino asesinado.

La vivienda se encuentra resumida a muebles y paredes quemadas. En la que era la sala, hay fotografías familiares regadas por todo el piso. En la cochera, una camioneta calcinada se encuentra estacionada en uno de los cajones. En la casa contigua, balearon la fachada. Si no fuera por un grupo de vacas y mulas que caminan sin rumbo fijo, se podría decir que San José los Hornos es un pueblo fantasma. Ocasionalmente las bestias resoplan ante la presencia de quienes solían ser sus amos. Nada queda del resplandor de aquel pueblo que los fines de semana solía ser muy bullicioso. Con niños jugando en los patios y motos circulando regularmente por la calle principal.

En Ocurague, pueblo situado a 10 minutos de San José los Hornos, la postal es similar. La diferencia es que ahí sí quedan algunas personas. Cuando Jorge y comitiva llegaron, dos hombres jóvenes a bordo de una camioneta, los recibieron con familiaridad. Se trata de dos jefes de familia que decidieron quedarse a proteger sus pertenencias. Estos dos hombres, a su vez, forman parte de un grupo más numeroso de personas que cuida de otras comunidades abandonadas. Gracias a esa vigilancia, han evitado nuevas incursiones violentas. Por cuestiones de seguridad, los vigilantes no revelan los nombres de los pueblos bajo su resguardo, pero aseguran que son la mitad de ellos.

Luego de saludarse e intercambiar comentarios sobre la situación de sus familias, los recién llegados bajan de la camioneta una hielera cargada de cervezas. Mientras destapan la primera ronda, uno de los vigilantes les pide que regresen a cuidar los pueblos.

—Es necesario que regresen. Ahora es cuando debemos demostrar que estamos bien puestos. Que no vamos a dejar que se queden con las tierras —dice mientras los integrantes del grupo le dan un trago a sus respectivas cervezas.

—La gente tiene miedo, creen que todavía no es momento —responde uno de los visitantes.

—Esa es la única manera para proteger los pueblos y demostrar que no nos vamos a dejar —insiste el vigilante, mientras Jorge escuchaba atento la conversación.

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Dos meses después de la visita a San José y Ocurague, la mayoría de los pueblos seguían abandonados. Ni policías, ni militares, patrullaban la zona por tierra.

—Nosotros no tenemos información de pueblos abandonados —respondió un alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando Animal Político solicitó una entrevista para hablar del desplazamiento forzado que se está dando en la sierra de Sinaloa y otros estados productores de droga en el país como Michoacán, donde también se han reportado desplazamientos en comunidades donde se siembra amapola y marihuana. Si bien el Ejército dice no tener información de ese fenómeno, lo cierto es que desde hace más de 3 décadas han implementado operativos para la erradicación de drogas, consistente en sobrevuelos y destrucción de sembradíos.

—Es un conflicto tiene que ver con el vacío de poder que se vive en la zona serrana del estado —dice Marco Santos, Jefe de Información del Periódico Noroeste en Sinaloa, quien comenta que los lugareños de la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua no son los únicos que han tenido que huir de sus comunidades por la violencia. Hay casos de familias de empresarios y políticos que ante los secuestros, extorsiones, balaceras y asesinatos ocurridos en las principales ciudades de Sinaloa, se han tenido que ir al extranjero o a otros estados. —Se trata del Jet Set de la política —agrega Santos.

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Jorge regresa a su casa al atardecer. Antes de salir de Ocurague, uno de los vecinos le pidió ayuda para sacar algunas pertenencias, así que no tuvo más remedio que cargar muebles, trastes, láminas y cajas. Aun así, dice no sentirse agotado. —Cansancio el que sientes cuando tienes que remover la tierra para abrir surcos —comenta sin perder esa alegría que suele caracterizar a la gente en la Sierra de Sinaloa.

Antes de llegar a su nueva casa, compartida con otras familias desplazadas, un perro sale al paso de Jorge para recibirlo. El animal desconfía por la apariencia de su amo, quien de pies a cabeza se encuentra cubierto por una gruesa capa de tierra. Dentro de la vivienda, las familias esperan a Jorge.

Adultos y niños quieren escuchar las noticias sobre la situación de sus pueblos. Cuando lo ven cruzar por la puerta de la cocina, comienzan a bombardearlo con preguntas relacionadas con sus bienes. Jorge les explica que no se han presentado nuevas incursiones y que sus bienes se encuentran a salvo “por el momento”. Después, entre los adultos, comienza una plática que se centra en tres puntos.

La temporada de lluvia que está por venir, el estado en que se encuentran sus tierras y la escasez de víveres. Sobre el primer tema, acuerdan tomar una decisión, lo antes posible, sobre si deben o no regresar a sus pueblos para sembrar ante la llegada de la nueva temporada de lluvia. Luego coinciden sobre el buen estado en que se deben encontrar sus tierras. Finalmente, hablan de la necesidad de conseguir más alimentos, pues las despensas que autoridades municipales y el párroco de la iglesia les entregaron, están por terminarse.

Jorge toma una ducha. Su semblante parece más relajado tras el viaje. Es más, luce contento y sonríe. Juega un rato con su perro y con los bulliciosos chiquillos que se encuentran corriendo por el patio de la casa. Por un momento le pasa por la cabeza regresar al pueblo, pero cae en cuenta que es imposible. Sabe mejor que nadie que no hay condiciones de retornar en paz, que la autoridad no ha cumplido con su palabra de vigilar y que los “gavilleros” siguen incursionando regularmente a la zona. —Regresar ahí sería un suicidio —dice Jorge casi en murmuro, mientras los niños corren detrás de una vieja pelota de trapo y los adultos discuten si es conveniente el regreso a San José los Hornos.

En junio de 2012, dos semanas después de la visita que hiciera Jorge y otros miembros de la comunidad a San José los Hornos, cinco integrantes de una familia fueron asesinados en ese pueblo. A tres de ellos, padre, madre e hijo de 17 años, les dispararon el sábado 16 de junio cuando regresaron para ver en qué condiciones se encontraban sus bienes. Las otras dos víctimas, eran sobrinos de los primeros, quienes tres días después de los homicidios volvieron por venganza. En ambos casos, la autoridad estatal -que en palabras del gobernador sinaloense reforzaría la vigilancia con policías y militares- se enteró de los crímenes 4 días después cuando ya se estaban velando los cuerpos.

Por Guatemala, participa Plaza Pública con el especial “Desplazar para no ser desplazado”.

Por El Salvador, El Faro participa con “La legión de los desplazados”.

Por Colombia, participa La Verdad Abierta con “La Estampida del Miedo en la Frontera“.

*Nota publicada originalmente el 1 de octubre de 2012.