El gobierno de Puebla presentó hoy dos demandas civiles por daño moral contra los periodistas Fabián Gómez (Contraparte informativa), y Adrián Ruiz (Heraldo de Puebla).
Así lo confirmó en entrevista telefónica con Animal Político Juan Carlos Romero, oficial adjunto de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de la organización Artículo 19, luego que esta mañana los columnistas Arturo Rueda (Diario Cambio) y Mario Alberto Mejía (Sexenio) dieran a conocer que 18 periodistas poblanos y uno de la revista Proceso serán demandados por el ejecutivo que preside el panista Rafael Moreno Valle por difamación.
“Se están analizando todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios”, subrayó el director general de Comunicación Social del gobierno estatal en una nota de Álvaro Delgado, reportero de Proceso que está en la lista de posibles demandados.
Ramírez Robles indicó que hoy martes se presentará “la primer tanda” de demandas contra periodistas y en los siguientes días habrá más, porque aún no se ha concluido el análisis y la integración de las mismas.
“Pero seguiremos haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios ’rata’, ‘perro’, ‘cerdo’, ‘homosexual’, ‘chacha’, ‘mascota’, etc.”, puntualizó el funcionario.
Asimismo, en la red social Twitter Sergio Ramírez Robles especificó que las demandas presentadas contra los periodistas Fabián Gómez y Adrián Ruiz son civiles y no penales.
Las demandas que hoy presente son Civiles, NO penales y solo pido se les condene por daño moral y que publiquen la sentencia. NO se pide $
— SergioRamírezRobles (@SRamirezRobles) octubre 23, 2012
“Preocupa que esto se asuma como una práctica de gobierno”: Artículo 19
En relación a la demanda interpuesta por el gobierno que preside Rafael Moreno Valle contra periodistas, Artículo 19 destaca que cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos tiene la posibilidad de querellarse, aunque debe vigilarse que este tipo de acciones no constituyan una intimidación contra quien ejerce la libertad de expresión.
“Aquí lo preocupante es que esto se asuma como una práctica de gobierno, porque siempre existe el riesgo de que se intimide a periodistas por la vía legal”, refirió Juan Carlos Romero, de Artículo 19.
“Siempre llama la atención que una autoridad proceda por la vía penal o civil contra un periodista, porque por ahí se podría estar intentando atajar la crítica mediante acciones legales. No es la primera vez que esto sucede en el país“, añadió.
