¿Cómo beneficiará a los mexicanos la recién aprobada Ley de Contabilidad Gubernamental?, fue la pregunta que se hizo Animal Político para tratar de entender la iniciativa que los senadores aprobaron ayer martes.
Se trata de la propuesta en la que el presidente de México, Felipe Calderón, solicitó al Congreso de la Unión una serie de modificaciones legales, con carácter de preferentes, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno.
Partiendo de la pregunta del primer párrafo, fue cómo se logró establecer los alcances de la iniciativa gubernamental, que a decir de los senadores que la aprobaron traerá beneficios en la rendición de cuentas y la transparencia financiera a la administración pública federal, estatal y municipal.
Para la senadora del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá, por ejemplo, con la iniciativa se tendrá un ordenamiento jurídico viable para mejorar la rendición de cuentas y transparencia de los tres órdenes de gobierno; para el senador del PAN, Carlos Mendoza Davis, la reforma marcará un precedente, ya que cumple con una demanda de la sociedad y garantiza que la rendición de cuentas y honestidad se vuelvan una obligación; en tanto, para el senador del PRD, Mario Delgado, los cambios a la ley permitirán la generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional, además que dispondrá de esquemas que apoyen la gestión gubernamental.
Con motivo de la votación que se dio ayer en la Cámara de Senadores, donde la propuesta de Calderón fue aprobada con 106 votos a favor y cinco en contra (el de los senadores del PT), Animal Político te presenta los alcances que podría acarrear la iniciativa de Felipe Calderón de implementarse correctamente.
Favorecerá la generación de información financiera
Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios.
Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.
Mejorará la transparencia presupuestal.
Se le pide a los estados y municipios publicar, cada 3 meses, en sus páginas de internet, los estados financieros de sus gastos, de tal suerte que cualquier ciudadano podrá acceder a la información de los gastos de todas las dependencias que reciben recursos de la federación.
Habrá más apertura de la difusión de la información financiera.
La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.
Dispondrá de esquemas que apoyan la gestión gubernamental.
La ley prevé la conformación de consejos, integrados por autoridades estatales y municipales, para vigilar el adecuado uso de los recursos. Los consejos, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecerán las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información que se presente.
Transparentará y homologará la información financiera.
Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, serán los encargados de homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión de las finanzas.
Trasparentarán los pasivos y la deuda pública.
Obliga a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores.
Se tendrá información del gasto federalizado, del ramo 33.
En rubros como salud y educación, los estados estarán obligados a entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, así como publicar en sus páginas de internet, informes detallados del pago que se le da al personal comisionado y con licencia en escuelas y hospitales, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino; además de informes para saber en qué se están gastando los recursos federales, entre los más importantes.
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables y proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados.
Se transparentará gasto en seguridad.
Los estados periódicamente difundirán en internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos; así como las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales.
Sancionará de 2 a 7 años de prisión a malos funcionarios
Se contemplan sanciones de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico.
Aquí la iniciativa íntegra:
