Enrique Peña Nieto presentó en sus primeras propuestas de reforma, el  pasado 10 de septiembre, una iniciativa para dotar de mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sumarle dos comisionados a los cinco que ya conforman el órgano, y es justo el mecanismo para designarlos done los legisladores encargados de estudiar esa reforma han centrado el debate.

Para el Presidente electo y para el Senado, las reformas constitucionales en materia de transparencia son materia urgente. En la Cámara alta, los legisladores buscan aprobarlas antes del 31 de diciembre, fin del actual periodo de sesiones.

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación han sostenido hasta ahora dos reuniones con interesados en la reforma: una con los comisionados del IFAI la semana pasada, y otra más el martes, con organizaciones de la sociedad civil. Se espera que el martes de la semana entrante, otro grupo de asociaciones y académicos regresen al Senado.

Mientras que Peña Nieto propone que el Ejecutivo se quede con la facultad de designar a los nuevos comisionaos, la oposición y la sociedad civil han puesto el acento en que el mecanismo de designación debe asegurar que a los puestos lleguen profesionales independientes del Presidente.  Para asegurar la tutela del derecho a la información, no obstante, cada quien tiene una propuesta distinta para que el IFAI no sea cooptado por intereses políticos. Estas son las propuestas que cada grupo respalda para el mecanismo de designación

Presidente Electo
Comisionados propuestos por el Presidente y facultad del Senado para objetar la designación

Con el apoyo de las bancadas del PRI y el Partido Verde (PVEM) en el senado, Enrique Peña Nieto ha propuesto que los candidatos a ser comisionados del IFAI sean nombrados por el Presidente. El papel de la Cámara de Senadores como contrapeso será objetar esos nombramientos por mayoría.

Para los nombramientos, no sería necesario que el Presidente presente una terna como hace cuando se busca designar a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia. La propuesta sería de una sola persona.

“Esta característica obliga al titular el Ejecutivo a elegir a candidatos idóneos para la responsabilidad que sumen, y bajo las condiciones que en su momento establecerá la ley, y a justificar su selección. Por lo demás, puesto que se trata de una materia altamente especializada, la designación por medio de candidatos únicos facilita un procedimiento expedito de designación”, afirma el documento que contiene la iniciativa del Presidente electo.

En caso de que los Senadores objeten el nombramiento, el Presidente hará una nueva propuesta que, si es rechazada nuevamente, deja al Ejecutivo la facultad para que el nuevo comisionado del IFAI llegue al órgano por designación directa.

Grupo Parlamentario PAN
Cada grupo parlamentario presentará candidatos, elegidos de una consulta pública

Cada uno de los grupos parlamentarios del Senado debe proponer a quienes sean los nuevos comisionados del órgano garante de la transparencia, y sería la Cámara de Senadores o, en su receso, la Comisión Permanente del Congreso, quienes elijan a los futuros comisionados por la aprobación de dos terceras partes de sus miembros.

A grandes rasgos, ese es el mecanismo propuesto en la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, y en la que han trabajado la senadora por el Estado de México, Laura Rojas, así como los senadores Fernando Torres Graciano, de Guanajuato; Martín Orozco, de Aguascalientes; y el bajacalifornano, Víctor Hermosillo.

Según el documento, la elección por mayoría calificada es necesaria para garantizar que los comisionados “gocen de un amplísimo respaldo legislativo como plataforma de partida a su gestión”, y además, sería señal de una “decisión plural” que liberaría a los designados de alguna tendencia o pertenencia partidista.

Para elegir a los candidatos, la propuesta panista contempla que los grupos parlamentarios deberán escogerlos tras una consulta “amplia y transparente” a la sociedad civil, a fin de recibir la opinión de organizaciones, académicos, centros de investigación y otros promotores de la transparencia en el País.

“Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública”, agrega el documento.

Grupo Parlamentario PRD
“Consejeros” propuestos por los actuales comisionados el IFAI y elegidos por dos terceras partes del Senado

La iniciativa presentada por el senador mexiquense Alejandro Encinas propone que los comisionados del órgano del IFAI participen en la selección de los candidatos, sin que los seleccionados  deban cumplir requisitos adicionales a los que ya cumplieron quienes integran actualmente el órgano garante.

La ley actual estipula en su artículo 35 que los comisionados deben ser ciudadanos mexicanos, no deben haber sido condenados por algún delito doloso, tener cuando menos 35 años el día de su designación, haberse desempeñado en actividades relacionadas con la materia, y no haber sido empleado público o dirigente de algún partido durante el año previo a su nombramiento.

Dadas las mayores facultades que tendría el IFAI, los perredistas proponen también adecuar el nombre a Consejo Federal para la Información y Protección de datos, integrado entonces por consejeros y no por comisionados, como es actualmente.
La iniciativa perredista, única que contempla que se privilegie la equidad de género en la nominación, coincide en la Acción Nacional en que debe ser el Senado, por mayoría calificada, quien vote quién será el nuevo consejero. Para ello, apunta, debe reformarse el artículo 76 de la Constitución en su fracción segunda.

Sociedad Civil
Consulta a organismos y transparencia de la evaluación de los comisionados

Hace tres semanas, los senadores Raúl Cervantes Andrade y Arelí Gómez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, recibieron de manos de la sociedad civil un documento con diversas observaciones a las reformas propuestas en materia de transparencia. El pasado martes, cuando se reunió la Comisión con la Sociedad Civil, los representantes comentaron que los legisladores evidenciaron en sus comentarios el nulo análisis al escrito.

En el documento, firmado por organizaciones que velan por el que se garantice el derecho a la información como Artículo 19, Fundar, Gestión Social y Cooperación (Gesoc), México Infórmate, entre otras, señalan la debilidad de la iniciativa priista, pues dicen, limita la acción el poder legislativo al no contemplar su voto.

“La participación activa del poder legislativo es fundamental para asegurar que las personas elegidas puedan actuar con autonomía del poder, aunque no es suficiente garantía”, apuntan las organizaciones.

De la propuesta panista, las organizaciones rescatan la idea de que la especialización de los candidatos en materia de transparencia se acredite con una evaluación hecha por un ente externo. Esa evaluación presentaría los resultados de manera descendente al Senado para que ellos elijan al mejor calificado.

El documento de las organizaciones señala también la necesidad de una consulta pública para “asegurar que las personas más capacitadas resulten designadas”, y sugiere que el nombramiento cuente con etapas y plazos preestablecidos, la definición detallada del perfil deseado, la descripción el puesto, y que el expediente de cada candidata o candidato, así como los instrumentos técnicos de evaluación y los dictámenes sean sea públicos.

Las organizaciones se han pronunciado también porque los nuevos comisionados sean personas provenientes de la sociedad civil, como académicos, periodistas o expertos en la rendición de cuentas.

De aprobarse las reformas antes de que termine el periodo de sesiones, en un plazo de dos meses más, los legisladores deben discutir reformas a la actual ley federal de transparencia, y los representantes de organizaciones han señalado en foros y en sus reuniones con el poder legislativo, que esa sería una discusión que generaría un debate aún más ‘acalorado’ que el de las reformas constitucionales.