A pesar que en una década el tema de la discriminación logró sembrarse en la agenda nacional, y desarrollarse hasta verse reflejado en leyes federales y estatales que sancionan sus distintas expresiones, en México se mantiene andando el principal motor de la exclusión social, reconoce Ricardo Bucio, presidente saliente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y que es, asegura, “el régimen de privilegios y desigualdades, principalmente económicas, cuya desarticulación supone todo sistema democrático, y que en el país ha existido por siglos”.

En entrevista con Animal Político, Bucio, con 25 años de trayectoria en defensa de derechos humanos, es enfático al hacer un diagnóstico de la discriminación, su rostro actual, y los retos que el país enfrenta en esta materia: “la democracia que México quiere –afirma– pasa por la igualdad en derechos y en dignidad de las personas, y esta igualdad tiene que ver con servicios, bienes, trato, accesibilidad, infraestructura, presupuesto, seguridad, entre otros. Y ahora que México ya creó sus definiciones en torno al tema de la discriminación, y también instituciones para atenderlo, el país necesita dar el paso siguiente, que es crear condiciones de igualdad, ya que el régimen de privilegios nos va quitando posibilidades de desarrollo como nación”.

Al frente del Conapred desde 2009, Bucio llega al final de su gestión consciente de que “México tiene una situación muy complicada, una ambigüedad grande, porque nos vamos definiendo legalmente como un tipo de nación enfocada a los derechos humanos, pero tenemos una cultura de privilegios y de autoritarismo muy arraigada”.

Y un ejemplo claro de esta situación, afirma, es el abordaje que han dado los partidos políticos al tema, ya que “a través de sus bancadas han sido los que han promovido todos los cambios legales para combatir la discriminación, ellos son quienes han modificado la Constitución y redactado leyes estatales en la materia, pero los partidos políticos son también quienes, al ocupar posiciones de gobierno, no han aportado los elementos suficientes o, incluso, han puesto una barrera, para impedir que dichos conceptos legales se conviertan en una práctica, pero con redactar una ley no queda garantizado un derecho, y esto es casi como si reconocieras el derecho a la salud, pero no construyeras hospitales…”

Por ello, insiste, aunque el Conapred requiere de mayores recursos para funcionar, en materia de discriminación lo que urge a México “es que el derecho a la igualdad cuente mecanismos operativos, espacios para la defensa y protección que vayan más allá del Consejo, porque, por ejemplo, en los cines, restaurantes y otros establecimientos mercantiles pueden verse letreros sobre el derecho a la no discriminación, pero en realidad nadie puede quejarse en ninguno de estos espacios cuando considera que fue discriminado, así que hace falta que se multipliquen los espacios para la defensa, que la gente no sólo cuente con el Conapred como única opción para canalizar sus denuncias, que este tipo de situaciones puedan procesarse en los mismos ámbitos donde se presenten”.

Los rostros de la discriminación

– En México, ¿quiénes discriminan y quiénes son discriminados? –se pregunta al funcionario, quien, además, es miembro del consejo de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

– Yo nunca he encontrado a nadie que me diga que no ha sido discriminado o que nunca ha discriminado –responde–, porque se trata de una forma de relación social de la cual participamos todos y todas, de distintas maneras. Así que en México la discriminación se da en todos los sectores de la población, no es algo que tenga que ver con mayorías o minorías de ninguna índole. Por ejemplo: las mujeres son el sector mayoritario de la población, pero también son uno de los sectores que más sufre discriminación; de igual forma, los indígenas son un sector que sufre gran discriminación, y eso no impide que prevalezcan, al interior de sus estructuras de convivencia, algunos usos y costumbres sumamente discriminatorios”.

Pero el asunto es más complejo aún, aclara, ya que junto a estas expresiones de exclusión social, van desarrollándose en paralelo nociones de igualdad, dando como resultado que, por ejemplo, 88% de la población no ve problemas en compartir su hogar con personas discapacitadas, pero 54% piensa que “en una situación de desempleo a nivel nacional, el trabajo tiene que ser primero para los que no presentan ninguna discapacidad”; asimismo, aunque 67% de la población no ve razones para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, “40% rechaza la convivencia (doméstica) con personas homosexuales”.

Así, asegura, “el sustrato común a todas las formas de discriminación es esta desigualdad de trato que tenemos interiorizada”, y que lo mismo se vinculan con “visiones morales de la sociedad, con lo que creemos que es bueno y lo que es malo; con la distribución y acceso a los bienes de la sociedad, en términos económicos, políticos, culturales; y también con cuestiones relacionadas a la identidad personal y a la identidad nacional”, y en este punto lanza una pregunta: “¿México como país tiene una identidad tan sólida como para poder relacionarse libremente con los demás, o la Colonia y la falta de democracia nos han dejado tantas heridas en la identidad que tendemos a ver a los demás, como más, o como menos?”.

Bucio no aventura una respuesta, sin embargo, destaca que “sí se ha tenido un importante avance de 2001 a la fecha, tiempo en el que formalmente se comenzó a debatir públicamente el tema de la discriminación, en el que se logró que tenga un espacio en el debate social, con comprensiones e incomprensiones, con fuerzas a favor y en contra, pero finalmente ha salido del clóset; al menos en lo teórico sí avanzamos, el tema ya no es de minorías y, aunque se centra en ciertos grupos de la población, se entiende ya que tiene que ver con todos”.