Proyectos hidráulicos violan derechos y la ley, denuncian afectados ante el TPP
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Proyectos hidráulicos violan derechos y la ley, denuncian afectados ante el TPP

Por Omar Granados
7 de noviembre, 2012
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Protestas de pobladores de Temacapulín, Jalisco. Foto: ProyectoAmbulante.org.

Afectados de siete estados denunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y agua que excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).

Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.

Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.

El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.

La preaudiencia

La preaudiencia que se realizó durante lunes y martes en Temacapulín, Jalisco, tiene la intención de denunciar “la política sistemática de violación a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas en la construcción de presas en México”, en los que señalan que hay “esquemas de simulación jurídica e impunidad que se han intensificado con los tratados de libre comercio.”

Las denuncias de las afectaciones y violaciones a derechos humanos antes de la construcción de una presa son presentadas por afectados por las represas: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, El Naranjal en Veracruz y Arcediano en Jalisco; sobre violaciones perpetradas durante la construcción de una presa, el caso presentado es el de los anfitriones, afectados por la presa El Zapotillo, Jalisco; y de afectaciones por desplazamiento forzado de comunidades para dejar el territorio a presas ya construidas, se presentan los casos de La Yesca en Nayarit y Cerro de Oro en Oaxaca. Asimismo, otras comunidades presentarán sus testimonios en un foro de denuncia de las presas El Cajón, Nayarit; Picachos, Sinaloa; Zongolica, Veracruz y Los Pilares Bicentenario en Sonora.

El jurado interdisciplinario, junto con el público, alrededor de 200 personas, entre afectados por presas y defensores de derechos humanos, una parte de ellos integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), vieron el lunes el video “¿Cómo destruir una comunidad de 140 años en 15 días?”, donde se observa que miles de personas fueron desplazadas forzosamente de sus casas y tierras en México por la construcción de represas en todo el país durante los últimos 40 años, a partir de testimonios de 65 videos hechos por comunidades afectadas, activistas y movimientos sociales para denunciar las violaciones a los derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas entre 1973 y 2012. Las presas mencionadas en el video son: Arcediano, El Cajón, Cerro de Oro, Las Cruces, El Naranjal, La Parota, Paso de la Reina, Picachos, La Venta, La Yesca, El Zapotillo.

Dentro de la preaudiencia también se realizó un panel con el tema “Modelo energético, presas y derechos de los pueblos en México”, donde los académicos Mónica Olvera, Carlos Vainer y Rodrigo Gutiérrez, expusieron algunos patrones comunes a los proyectos, los cuales se vinculan al modelo de desarrollo capitalista en que se sustentan los tratados de libre comercio firmados por el gobierno mexicano. Los investigadores afirmaron que este modelo, cuya mirada puramente técnica excluye la participación de comunidades y ciudadanos, produciendo violaciones a los derechos humanos.

El primer caso en presentar sus denuncias, sus argumentos y la solicitud de proteger sus derechos, es el de los indígenas oaxaqueños afectados por el proyecto Paso de la Reina, quienes expusieron cómo son su territorio, sus comunidades, sus formas de organización, cómo el proyecto los afecta, así como las acciones legales que han emprendido y lo que piden a la CFE y a los gobiernos estatal y federal, con base en las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Por la tarde presentaron su caso opositores a la presa La Parota, en Guerrero. Durante este martes, se terminan los testimonios de las comunidades afectadas por las demás presas.

La exposición de afectados por el proyecto de presa Paso de la Reina, en Oaxaca, expresó los engaños con los que trataron cambiarles las formas de tenencia de la tierra por bienes comunales y ejidales, mediante presión para que ingresaran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede, acusado de facilitar la entrada de megaproyectos); cómo han violado la determinación de las comunidades, las cuales han rechazado el proyecto en su máxima instancia de autoridad, las asambleas. Cómo les han negado información, tanto la CFE como las instituciones académicas que están realizando estudios de impacto ambiental y diagnósticos económicos y antropológicos. Además de la cancelación del proyecto, exigieron en respeto a la decisión de las comunidades; a las cuales no las han escuchado, negándoles su derecho a audiencia, ni el presidente Felipe Calderón ni Gabino Cué, gobernador de Oaxaca.

Entre las palabras de apertura, un representante del Concejo de Ejidos Opositores a la Presa la Parota (CECOP) expresó su solidaridad con el Comité Salvemos Temacapulín, Palmarejo y Acasico, pues, dijo, no se trata de luchas solamente locales, sino de una lucha nacional ante el mismo problema.

¿De dónde viene el TPP?

Para examinar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Vietnam, Bertrand Russell reunió en Londres, en noviembre de 1966, a 15 personalidades como el italiano Lelio Basso. La primera sesión del primer tribunal convocado por el filósofo inglés fue presidida por Jean-Paul Sartre. Entre los integrantes de esos tribunales estuvieron Julio Cortázar, Simone de Beauvoir y Lázaro Cárdenas. A la postre, los tribunales, que tras la muerte de Bertrand Russell fueron llamados con su nombre, se volvieron permanentes, impulsados por destacadas personalidades entre quienes figura uno de los discípulos de Lelio Basso: el jurista Luigi Ferrajoli.

Heredero de ese origen, el actual Tribunal Permanente de los Pueblos, establecido en 1979, ha revisado casos de violaciones graves a los derechos humanos, que ahora conocemos como crímenes contra la humanidad, perpetradas en diversos lugares del mundo como Sahara Occidental, Argentina, Eritrea, Filipinas, El Salvador, Afganistán, Timor Oriental, Zaire, Guatemala, Nicaragua y Colombia.

En México, el TPP conocerá y juzgará durante tres años los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano contra el pueblo mexicano. La preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” es la segunda en realizarse en el país después de la realizada a fines de 2011 sobre derechos humanos en Ciudad Juárez.

Los integrantes del jurado en esta preaudiencia son: Miloon Kothari, ex relator del derecho a la vivienda digna de la ONU y experto en la defensa de ese derecho frente a los desalojos forzados; Maude Barlow presidenta de Council of Canadians y coautora del libro clásico sobre el tema Oro azul, experta en la defensa del agua como bien común frente a la privatización; Monti Aguirre, de International Rivers, experta en los movimientos antirrepresas en América Latina; Patricia Ávila investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, especialista en los problemas del agua y la sociedad, así como en hidropolítica; Luis Daniel Vázquez especialista en derechos humanos, política y derecho, del FLACSO; Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, experto en derechos indígenas, asesor en justicia y derechos humanos del EZLN durante los Diálogos de San Andrés; Carlos Vainer, experto en el modelo energético capitalista y en el movimiento de afectados por las presas en Brasil, el movimiento más antiguo del continente, quien, en una intervención al final del panel inicial, citó algunos principios de la Declaración de Temacapulín: “Otro modelo de manejo de energía y agua es posible”; “Aguas y energía para la vida y no para la muerte”; “Liberar a los ríos para liberar a los pueblos”.

Las actividades continuarán el 6 de noviembre y la declaración del jurado será presentada, en ruedas de prensa, en los casos de Jalisco y Nayarit, en la ciudad de Guadalajara el 8 de noviembre y el fallo completo del jurado en la Ciudad de México el día 9, después de entregarlo ese mismo día, a las 8:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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