La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la Ley General de Víctimas, al sobreseer la controversia constitucional que en julio de este año presentó la gestión de Felipe Calderón en su contra.
El ministro Sergio A. Valls Hernández emitió el acuerdo mediante el cual la SCJN se da por notificada del desistimiento que hizo de dicha demanda el presidente Enrique Peña Nieto.
De esta forma, el máximo tribunal del país puso fin al juicio solicitado por el gobierno de Calderón, lo cual permite que la ley de víctimas sea publicada próximamente en el Diario Oficial de la Federación.
“Procede sobreseer la presente controversia constitucional por desistimiento de la parte actora, en virtud de que el oficio relativo lo suscribe Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, que acredita su personalidad con copia certificada de su nombramiento, expedido el 4 de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de la República, a quien representa en este asunto”, señala el acuerdo de la Corte.
En julio pasado, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó admitir a trámite la demanda de controversia constitucional presentada por el Ejecutivo por la que se impugnaban dos oficios relacionados con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas.
Junto con la entrada a trámite, la Corte otorgaba la suspensión provisional de los actos impugnados, por lo cual, la Presidencia no se vio obligada a publicar la Ley General de Víctimas y su entrada en vigor fue retrasada.
El 18 de julio pasado, Legisladores del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión coincidieron en que pese a sus argumentos en contra, el Ejecutivo federal debía publicar la Ley de Víctimas y posteriormente interponer una controversia.
El 12 de julio, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, dijo que la Ley de Víctimas enviada por el Congreso y respaldada por el Movimiento por la Paz es “inconstitucional, inoperante y tiene muchas inconsistencias de fondo”, y que, además, Presidencia propondría una nueva ley.
*Con información de Quadratin.