Más de 20 mil desaparecidos en sexenio de Calderón: ONG
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Más de 20 mil desaparecidos en sexenio de Calderón: ONG

El registro fue realizado con una base de datos elaborada por la PGR que incluye registros de la dependencia, las 32 procuradurías estatales, el Cisen y la Marina.
21 de diciembre, 2012
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Una organización civil divulgó ayer una presunta base de datos oficial en la que, por primera vez, se da cuenta de un número específico de personas desaparecidas en los últimos seis años en México, una época que coincidió con una lucha contra el narcotráfico que dejó miles de víctimas.

El grupo Propuesta Cívica A.C. publicó en internet la base, presuntamente procedente de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual señala que entre 2006 y 2012 las autoridades registraron 20 mil 851 desaparecidos, aunque la propia organización reconoce que contiene varias inconsistencias que impiden afirmar si todas esas personas desaparecieron como resultado de la lucha contra el narcotráfico o por razones distintas.

“No es posible hacer conclusiones claras con estos datos”, dijo Pilar Talavera, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.

La base enumera uno a uno los casos y describe algunos datos como el apellido paterno, la edad, el sexo, la fecha y el lugar de la desaparición.

Un funcionario de la PGR, no autorizado a ser identificado por políticas internas de la dependencia, dijo a The Associated Press que la Procuraduría no tiene conocimiento de la existencia de esa base de datos.

Talavera comentó que pese a las inconsistencias encontradas decidieron divulgar la base en un intento por contribuir a comprender la magnitud de la violencia en los últimos seis años, pero también para presionar a las autoridades a dar a conocer información oficial sobre las desapariciones.

“El gobierno debe publicar (su base de datos)”, dijo. “Si lo que queremos construir es un Estado democrático, es desde el Estado donde se tienen que publicar todas las cifras”, añadió.

Entre las inconsistencias, dijo, están las cifras de desapariciones por estado.

Por ejemplo, el lugar con mayor número de desaparecidos es el Distrito Federal, la capital del país, con 7 mil 137, a pesar de que en los últimos seis años fue uno de los lugares menos afectados por la violencia atribuida al crimen organizado.

Además, hay otros estados que reportan menos de 20 desapariciones, como Baja California, que reportó 15, aunque fue una de las localidades que por algunos años padecieron una espiral de violencia del narcotráfico.

Entre 2006 y 2012, el gobierno del presidente Felipe Calderón emprendió una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluyó el despliegue inédito de miles de soldados en distintas partes. La ofensiva oficial, sin embargo, no logró inhibir la violencia y se ha estimado que al final de su administración hubo al menos 7 mil muertos atribuidos al crimen organizado.

El gobierno de Calderón comenzó a contabilizar los asesinatos atribuidos al crimen organizado, pero en 2011 dejó de hacerlo. El último dato oficial disponible señaló que sólo de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 la cifra ascendió a poco más de 47 mil 500. El gobierno nunca ofreció ningún cálculo oficial sobre desapariciones.

Propuesta Cívica señaló que una periodista del diario estadounidense Los Angeles Times les proporcionó la base de datos.

La lista de desaparecidos incluye albañiles, amas de casa, abogados, estudiantes, empresarios, policías, militares y políticos, además de más de mil 200 menores de 11 años.

Sólo en algunos casos se proporcionan datos de qué habría sucedido al momento de la desaparición. En muchos no hay referencia directa a hechos vinculados al crimen organizado, mientras que en otros sólo hacen referencias vagas como “salió de su casa y no regresó”.

Talavera advirtió que otra inconsistencia es que “no hay una diferencia entre la persona que se extravía y la persona que desaparece”.

En los casos atribuidos al crimen, la información tampoco da demasiados detalles sobre lo que sucedió.

Por ejemplo, refieren el caso del empleado de una compañía de serigrafía y bordados de apellido Medina que desapareció en enero de 2011 cuando hombres armados irrumpieron en su lugar de trabajo en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado norteño de Durango, y lo secuestraron presuntamente porque se negó a pagar 25 mil pesos, sin que se den más detalles.

En otro, se reporta la desaparición de tres empresarios en el estado occidental de Michoacán, un lugar donde dominaba el cartel de La Familia y tras una división dio paso a los Caballeros Templarios, que han sido acusados de cometer innumerables delitos. El reporte dice que los empresarios fueron secuestrados en enero del 2011 en la municipalidad de Pátzcuaro por miembros de un grupo armado que circulaban en dos camionetas.

La base de datos se conoce casi tres semanas después de que el diario The Washington Post publicó una nota en la que señaló que también había recibido una lista de la PGR que ubicaba la cifra de desaparecidos en más de 25 mil.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y fechada el 11 de diciembre, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que de ser correcta la lista del Washington Post “situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del presidente Calderón entre las peores en la historia de América Latina”.

En Chile, por ejemplo, las autoridades calculan que durante la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990 murieron 3.095 personas, de las cuales 1.200 son considerados desaparecidos.

En Colombia, organizaciones no gubernamentales y autoridades consideran que al menos 50.000 personas desaparecieron en 40 años de guerra interna.

En internet:

http://desaparecidosenmexico.wordpress.com

 

*AP

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Ruth Bader Ginsburg: por qué la muerte de la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. supone un terremoto en una nación ya fracturada

Si el presidente Trump nomina un reemplazante de la magistrada podría alterar por años el equilibrio ideológico del mayor tribunal de justicia del país y aumentar la tensión política a pocas semanas de las elecciones.
19 de septiembre, 2020
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La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia siempre es algo trascendente en Estados Unidos. Pero la de Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto de consecuencias imprevisibles para este país.

Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años debido a un cáncer de páncreas, era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de EE.UU. para asuntos como la igualdad de género o la inmigración, el aborto o el matrimonio igualitario.

Su muerte abre ahora la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a su sucesor en una corte de nueve miembros donde ya ha colocado a dos, y altere así por años el equilibrio ideológico del Supremo a favor de los conservadores.

Como esto ocurre además en un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensión, el debate por el reemplazo de Ginsburg amenaza con aumentar la fractura entre republicanos y demócratas.

“Normalmente las nominaciones a la Corte Suprema son un deporte de sangre. Entonces esto va a ser verdaderamente apocalíptico. Hay mucho en juego en esta nominación”, dice Jonathan Turley, un destacado profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington, a BBC Mundo.

Una silla clave

El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema ocupen su cargo de manera vitalicia significa que cualquier cambio en la integración tiene efectos duraderos.

Nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg formaba parte de un bloque de cuatro jueces progresistas de la corte que solía necesitar de un quinto voto “péndulo” para lograr mayoría.

Ruth Bader Ginsburg

Reuters
Ginsbrurg era parte de un bloque de cuatro jueces progresistas.

En votaciones recientes ese quinto voto lo aportó el juez John Roberts para decisiones sobre inmigración, derechos de homosexuales y otros temas importantes de la “guerra cultural” en este país.

Los presidentes de EE.UU. tienen la potestad de elegir los miembros de la corte, que deben ser ratificados por el Senado, y Trump suele señalar como un logro el haberlo hecho dos veces en menos de cuatro años de mandato.

Si lograse colocar a un tercer magistrado netamente conservador, la Corte pasaría a tener seis jueces instalados por republicanos, mientras el bloque liberal quedaría en una minoría de tres.

Eso puede conducir con el paso del tiempo a alteraciones significativas en diversas ramas del derecho.

“Esta es posiblemente la nominación más importante en la historia de la corte moderna. Hay una serie de doctrinas que actualmente penden de mayorías de cinco a cuatro”, advierte Turley.

Por ejemplo, señala que con un nuevo juez conservador en la corte quizás se abriría el camino para a revertir parcial o totalmente Roe versus Wade, el emblemático caso por el que el tribunal despenalizó el aborto en 1973.

Trump y Kavanaugh

Reuters
Dos de los actuales jueces del Supremo fueron nominados por Donald Trump.

Probablemente consciente de todo esto, Ginsburg indicó en su testamento que su “deseo más ferviente” era que evitaran reemplazarla hasta que asumiera un nuevo presidente, según informó la radio pública estadounidense NPR.

La pregunta ahora es si Trump podrá provocar tal desequilibrio en un Supremo que recientemente ha fallado más de una vez en contra de los intereses del mandatario.

“Aumentará el nivel de furia”

La muerte de Ginsburg le ofrece a Trump la oportunidad de acicatear al electorado conservador y religioso a menos de 50 días de las elecciones, cuando las encuestas lo muestran atrás del candidato demócrata Joe Biden.

De hecho, desde hace semanas Trump señalaba la eventualidad de nominar a un tercer juez del Supremo como una razón para que lo reelijan, por lo que quedan pocas dudas de que intentará hacerlo en los meses que le quedan como presidente.

Mensaje para Ruth Baden Ginsburg

Reuters
Ginsburg pidió en su testamento que no se nombrara un sucesor antes de las elecciones.

Además, el debate que se abre con esto desviará algo la atención de la respuesta de Trump a la pandemia de coronavirus, cuando EE.UU. está a punto de llegar a 200.000 muertos por el covid-19, una cifra que ningún otro país ha registrado.

El Senado está controlado por el Partido Republicano de Trump y su líder allí, Mitch McConnell, anticipó en la misma noche del viernes que en la cámara habrá una votación sobre el juez que nomine el presidente.

Sin embargo, evitó decir cuándo ocurriría esto: si antes o después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los republicanos tienen 53 senadores (contra 47 demócratas), pero al menos dos miembros de esa mayoría se manifestaron días atrás reticentes a votar un nuevo juez de la corte tan cerca de las elecciones.

Esto sugiere que el reemplazo de Ginsburg puede volverse una nueva prueba de fuego de la lealtad republicana hacia Trump cuando algunos senadores tienen dificultades para ser reelectos ellos mismos.

Joe Biden

Reuters
Biden también ha dicho que el remplazo de Ginsbrurg debe esperar a las elecciones.

Por otro lado, a la controversia se añade el antecedente de que McConnell bloqueó en 2016 la votación en el Senado de un juez nominado para la corte por el entonces presidente Barack Obama, argumentando que era un año electoral.

Su explicación ahora es que el voto puede proceder porque, a diferencia de cuatro años atrás, el presidente y la mayoría del Senado pertenecen al mismo partido.

Los demócratas se apresuraron a exigir que se espere hasta después de la elección.

“Los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que lo considere el Senado”, declaró Biden el mismo viernes.

Esto también podría movilizar a favor de Biden a electores de izquierda que aún están inseguros de votar por él.

“No podía imaginar que fuera posible hacer esta elección más divisiva, pero ocurrió: esto agrega un elemento transformador a la elección”, reflexiona Turley. “Esto aumentará el nivel de furia en el país”.


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