Los jueces que pueden decidir el futuro político de Venezuela
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Los jueces que pueden decidir el futuro político de Venezuela

La Constitución venezolana establece con cierta claridad lo que debería pasar: el presidente toma posesión mediante juramento del nuevo mandato. En lo que no es tan clara es respecto a qué ocurre si eso no acontece
8 de enero, 2013
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constitucionEl enredo político-constitucional que viven los venezolanos se acerca a una de sus fechas claves, la toma de posesión del 10 de enero, con visos de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá que entrar en escena, y que ahí no terminará la historia.

Aunque los más fervientes seguidores del presidente Hugo Chávez mantienen la esperanza de que se presentará el jueves para tomar juramento de su nuevo mandato, eso parece más fruto del deseo que del conocimiento.

Los últimos reportes del gobierno sobre Chávez, operado de cáncer por cuarta vez el pasado 11 de diciembre, hablan de una severa infección pulmonar y una insuficiencia respiratoria. Su situación “no está exenta de riesgo”.

Respecto al 10 de enero, la Constitución venezolana establece con cierta claridad lo que debería pasar: el presidente toma posesión mediante juramento del nuevo mandato. En lo que no es tan clara es respecto a qué ocurre si eso no acontece.

Para el gobierno, hay “continuidad” de Chávez que, como es un presidente reelecto, no necesita pasar por el “formalismo” de la “tomar posesión” de un cargo que ya ostenta. La juramentación se hará cuando la salud se lo permita.

La oposición, por su parte, considera que la fecha del 10 de enero es impostergable y hay que declarar la “falta temporal” del mandatario para que sea reemplazado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Debería ser en sede parlamentaria que se debata y se establezca el camino a seguir. Sólo si la oposición -o de hecho cualquier ciudadano- considerara que la mayoría oficialista adopta una solución inconstitucional, la controversia tendrá que ser dirimida por la Sala Constitucional del TSJ.

Desconfianza

Ése es el camino marcado por expertos constitucionales consultados por BBC Mundo, con los que coinciden algunos dirigentes opositores.

El problema con que se encuentran las fuerzas antichavistas es que no le tienen mucha fe al TSJ al considerarlo una más de las instituciones “cooptadas” por el chavismo.

“El TSJ es una sucursal del partido de gobierno, aquí no hay división de poderes. El poder judicial está subordinado políticamente al partido de gobierno”, dijo el diputado opositor Julio Borges poco después de la sesión de la AN del pasado 5 de enero.

Esa idea se ve alimentada por el hecho de que la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Luisa Estela Morales, ya haya adelantado públicamente la que después se convirtió en la interpretación oficialista.

“Faltando a las reglas éticas que debe cumplir un magistrado, adelantó una opinión pública que no debió emitir porque ese tema seguramente va a tener que ser objeto de una sentencia. Eso no puede hacerse”, opinó en declaraciones a BBC Mundo el constitucionalista José Vicente Haro.

Según el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, eso pone en duda su “imparcialidad y legitimidad” y Morales “debería ser recusada”.

Sin embargo, según fuentes judiciales citadas por la prensa local, en la Sala Constitucional ya han entrado peticiones de interpretación del artículo 231 y la propia Morales se ha reservado el actuar como ponente.

Antecedentes

A la hora de actuar como ponente, Morales tendrá que tener en cuenta la doctrina que hasta ahora venía manejando el TSJ respecto al acto de toma de posesión, al menos en el caso de los gobernadores.

En mayo de 2009, la Sala Constitucional del TSJ resolvió el caso de la toma de posesión del exgobernador del Estado Carabobo Henrique Salas Feo argumentando que la toma de posesión es “imprescindible” y “condiciona la producción de efectos jurídicos”.

“El inicio de la acción de gobierno depende de la correspondiente toma de posesión, resulta patente que el acto de juramentación del jefe del ejecutivo estadal constituye una solemnidad imprescindible”, se puede leer en la Decisión de 26 de mayo de 2009.

También se pronunció respecto al 10 de enero poco después de que Chávez tomara posesión el 19 de agosto de 2000, cuando surgió la duda de si el mandato duraba seis años, como establece el artículo 230, o el periodo termina el 10 de enero, como dispone el artículo 231.

Una mujer sostiene la figura de un corazón con el retrato del presidente Hugo Chávez en una iglesia en Caracas, Venezuela. //Foto: AP

Una mujer sostiene la figura de un corazón con el retrato del presidente Hugo Chávez en una iglesia en Caracas, Venezuela. //Foto: AP

En 2001, el TSJ resolvió que la “diferencia entre toma de posesión e inicio del mandato” derivó del “régimen transitorio aplicable” en aquel momento, cuando Venezuela elegía presidente en el marco de la nueva Constitución bolivariana.

Según el TSJ, los artículos de la Constitución al respecto “no requieren aclaración alguna, pues sus textos son explícitos”.

“La duración del mandato del presidente de la República es de seis años y la toma de posesión, mediante juramento ante la Asamblea Nacional, el 10 de enero del primer año del período constitucional”.

Sin embargo, el valor de esta doctrina, si bien existe, es relativo, según le explicó a BBC Mundo el constitucionalista Haro, que aclara que la cultura judicial de Venezuela es mucho más flexible respecto al precedente que países como Inglaterra o España.

“Aquí no existe el valor del precedente como en otros países. La Sala Constitucional ha interpretado que puede cambiar de criterio y eso ha sucedido en temas distintos”, apuntó el experto jurista, quien sin embargo opina que “esos precedentes deberían ser considerados”.

“Reelecto”

Haro considera un “fraude a la Constitución” la tesis oficialista, en la que volvió a insistir el domingo la procuradora general de la República, Cilia Flores, que defiende que la clave está en la condición de “presidente reelecto” y no “candidato elegido” como reza el artículo 231.

Flores también defendió que la convalecencia del mandatario es un “motivo sobrevenido” de los que contempla la Constitución como justificación para que la toma de posesión se haga ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional.

“La fecha importante de esto es el 7 de octubre, en donde el pueblo se expresó y ejerció la soberanía y eso hay que respetarlo”, dijo.
En la misma línea se pronunció el domingo el constitucionalista Hermann Escarrá, que considera que Chávez es un “presidente reelecto que tiene toda la legitimidad”.

“Cuando ocurren motivos o hechos sobrevenido, es decir, que no se podían prever, entonces el presidente debe juramentarse ante el TSJ. Es un hecho incidental que puede resolverse de conformidad con la segunda parte del artículo 231 de la Constitución”, argumentó en entrevista con Telesur.

El experto constitucionalista también recordó que el artículo 5 de la Constitución establece la adhesión venezolana al “principio fundamental de todo estado constitucional democrático que es el principio de soberanía popular”.

“¿Quién detenta la soberanía? El pueblo. ¿Y qué es el pueblo? El titular del poder constituyente, el que en definitiva puede modificar, transformar y sustituir el orden jurídico, el orden político y el orden constitucional”, agregó.

“Sería verdaderamente grave que se planteara la revocatoria (…) de la voluntad popular expresada para ratificar al presidente Chávez”.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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