La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación los 12 acuerdos aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) llevada a cabo el 17 de diciembre pasado.
De esta forma, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) dio a conocer que se crearán cinco Instancias Regionales de Coordinación, con el objetivo de homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública; en ellas participan estados de la zona, así como representantes de la Segob, de la Sedena, de la Semar y de la PGR.
Éstas deberán estar instaladas en un plazo no mayor a 45 días naturales.
De esta forma se divide en cinco zonas: la Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora); la noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas); la Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas); y la Centro (DF, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y finalmente la Sureste, que enlista a Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).
Los 12 acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, el Consejo acordó integrar a cinco representantes de la sociedad civil, los cuales serán designados en un plazo no mayor a 30 días.
También se comprometieron a elaborar e impulsar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal.
Asimismo, la activación y apropiación social de los espacios públicos; otorgamiento de préstamos para crear empresas sociales, y orientación educativa para combatir las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras).
Integrantes de este Consejo Nacional y especialistas conformarán una comisión para analizar la viabilidad de establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal Coordinada; la cual deberá quedar instalada a más tardar la primera quincena de enero de 2013.
En tanto se implementa la reforma legal, los gobiernos estatales promoverán entre los municipales la firma de convenios de colaboración para que la designación de los mandos se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados.
La Segob, en coordinación con las entidades federativas, elaborará un estudio actuarial con proyección a 20 años para establecer un Servicio Profesional de Carrera como uno de los pilares que coadyuven en la formación de un cuerpo nacional de servidores públicos de seguridad, profesional, capaz, con espíritu de servicio.
Se instruye a la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación para que, junto con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, desarrolle los mecanismos que permitan asegurar que las entidades federativas concluyan la puesta en operación de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza.
Se propone una reforma al Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ampliar el plazo establecido por un periodo improrrogable de 365 días naturales.
El artículo indica que de manera progresiva y en un plazo de cuatro años las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes.
Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública elaborarán un Programa Nacional de Capacitación con calidad de sus instructores, pertinencia de sus contenidos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el trabajo policial.
Se creará un Consejo Académico, como instancia rectora, y cinco academias regionales para la capacitación especializada.
También se elaborarán en las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública y sus equivalentes, protocolos de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción, para su aprobación e inmediata aplicación.
Los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal cumplirán al cien por ciento con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un plazo no mayor a un año.
La Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de este delito.
Los gobiernos de las entidades federativas integrantes de esta instancia se comprometieron a suministrar, actualizar, sistematizar y consultar las bases de datos como mecanismo fundamental de investigación policial.
Plataforma México deberá generar los mecanismos necesarios para que las entidades federativas que suministren y actualicen la información tengan acceso a la misma y puedan utilizarla en el desarrollo de sus funciones.
Aquí los acuerdos íntegros publicados en el DOF (pueden encontrarse a partir de la página 7):
Con información de Ntx
