Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a Florence Cassez –detenida desde el 8 de diciembre de 2005 por estar presuntamente relacionada con una banda de secuestradores-, la atención giró hacia Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y que al momento de la detención de la francesa era director de la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Cuatro días después que Florence Cassez salió de prisión y regresó a Francia, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido interpondría una demanda de juicio político y otra de juicio penal contra García Luna por las fallas en el proceso de detención y procuración de justicia en el caso de la francesa.
¿Qué es un juicio político?
El abogado Pedro Nava explica a Animal Político que en la Constitución Mexicana se contemplan dos procedimientos para sancionar a servidores públicos. Uno es el juicio político y el otro la declaratoria de procedencia.
El artículo 110 de la Constitución dice que en el juicio político las sanciones consistirán en la destitución del funcionario y la inhabilitación para desempeñar funciones en el servicio público.
Por su parte, la declaratoria de procedencia es un procedimiento en que al funcionario se le separa del cargo, pierde el fuero y entonces se le puede procesar penalmente.
En el juicio político participan la Cámara de Diputados como órgano acusador y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. En la declaratoria de procedencia sólo participa la Cámara de Diputados.
Además, el abogado Gabriel Regino precisa a Animal Político que la solicitud de juicio político tiene que presentarse por escrito –cualquier persona puede hacerlo- ante la Cámara de Diputados, la cual forma una subcomisión de examen previo integrada por diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Justicia.
Ellos serán los que pidan que la demanda se ratifique por escrito y determinarán si existen los supuestos que contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ésta no es la primera vez que han pedido juicio político para García Luna. En octubre de 2011, los grupos legislativos del PRD y PT en la Cámara de Diputados presentaron una solicitud de juicio político contra García Luna por presuntamente “ser uno de los autores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico”.
Dicha solicitud dice que García Luna “es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales, que han comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes”.
Esta solicitud también dice que García Luna enfrenta “serias acusaciones de corrupción (…) señalamientos de tener supuestos vínculos con un sector del narcotráfico; acusaciones de opacidad en la administración de los recursos públicos; denuncias públicas de enriquecimiento ilegítimo, y entrega de recursos cuantiosos a empresas privadas, entre ellas Televisa”.
El ahora senador Alejandro Encinas explicó a Animal Político que “lamentablemente el PAN en particular (mandó esta demanda de juicio político) a la congeladora y no prosperó. Hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos, aunque ahora espero que se reactive esta situación sea también considerado”.
Un año después, en abril de 2012, el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, señaló que el juicio político por el caso de los normalistas de Ayotzinapa –donde murieron dos estudiantes en un enfrentamiento con la Policía Federal en la Autopista del Sol- debería hacerse al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y no al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
