Mexicanos Primero inicia amparo contra el desvío del presupuesto educativo
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Mexicanos Primero inicia amparo contra el desvío del presupuesto educativo

La organización Mexicanos Primero anunció el inicio de un juicio de amparo contra la corrupción y los desvíos de fondos en el sector educativo, afirmando que la inversión pública en materia educativa se encuentra plagada de depredación por parte del sindicato, lo cual ha violentado para muchos jóvenes el acceso al derecho constitucional a la educación.
Por Omar Granados
13 de febrero, 2013
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Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil, anunció este 12 de febrero que inició un juicio de amparo contra la corrupción y los desvíos de fondos en el sector educativo, afirmando que la inversión pública en materia educativa se encuentra plagada de depredación por parte del sindicato y autoridades educativas estatales y federales, lo cual ha violentado para muchos jóvenes el acceso al derecho constitucional a la educación.

El pasado 6 de febrero Elba Esther Gordillo, celebró su cumpleaños 68 encabezando el 36 aniversario de la Sección 36 del SNTE realizado en Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla de Baz. Foto: Cuartoscuro.

El pasado 6 de febrero, Elba Esther Gordillo celebró su cumpleaños 68 encabezando el 36 aniversario de la Sección 36 del SNTE realizado en Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla de Baz. Foto: Cuartoscuro.

Tras presentar cifras del desvío del presupuesto educativo y detallar el círculo vicioso en el que se mantiene, la organización explicó también su estrategia legal, la cual -afirmaron- podría llegar a la Suprema Corte de justicia. La demanda busca que las autoridades que manejan los fondos educativos sean obligadas a canalizar el gasto realmente en enseñanza y no a pagos para comisionados sindicales, aviadores o se pierdan en la opacidad de la cuenta pública de las entidades federativas.

De prosperar la demanda -lo cual se sabría dentro de al menos nueve meses-, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sería obligada a fincar responsabilidades a los funcionarios que desviaron los fondos y a exigir a las entidades demostrar el gasto apropiado del recurso. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se verían obligados a crear restricciones en la entrega de fondos donde se haya detectado irregularidades previamente.

El derecho a la educación

El maestro David Calderón, integrante de Mexicanos Primero, afirmó que “el derecho a la educación es un bien social de valor incalculable”, que debe conseguirse “sin que el punto de arranque de cada joven represente un justificación para malograr sus oportunidades”, además de ser un derecho humano reconocido doblemente por la constitución en los artículos 3º y 1º (tras la reciente reforma en materia de derechos humanos), además de la firma de diversos tratados internacionales.

Sin embargo, afirmó Calderón en conferencia de prensa, el derecho se ve violentado “cuando los fondos públicos educativos, de por sí escasos, se desvían de su destino y son asignados a personas que no les corresponde o se usan para pagar bienes y servicios que no sirven a los niños, sino que se sirven de ellos.”

Mexicanos Primero busca llamar la atención “por el desvío, el despilfarro y la corrupción que plagan a la inversión educativa, que está sujeta a depredaciones que quedan impunes y que se reiteran ciclo tras ciclo.” La organización denunció “la insensata y ofensiva proliferación de comisionados sindicales, contrario al ideal de la escuela pública, gratuita y laica” y pidió a las autoridades marcar un alto al desvío de montos considerables que financia a una burocracia y a un sistema de cooptación político-electoral a favor de la cúpula del SNTE.

Sobre el SNTE, afirmó que la cúpula afirma sentirse “doloridos” por las condiciones de algunas escuelas o la situación de los maestros multigrado, “lo que no dicen es que sus sueldos, tomados ilegales año tras año de fondos que no tienen esa finalidad, servirían para mitigar esas situaciones”, afirmó Calderon.

Calderón afirmó que “estamos hablando de montos muy grandes y situaciones recurrentes” de apoyos y pagos ilegales que reafirman “la pérdida ya añeja de la rectoría del Estado en materia educativa.”

El círculo vicioso

Los pasos que llevan al desvío de los recursos públicos en materia educativa cada año son los siguientes:

1.- Cada año, la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el que se incluyen los recursos destinados al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) y el Ramo 25, sin atender las recomendaciones de la ASF, para evitar “pagos ilegales.”

2.- Posteriormente, los recursos son enviados a la Secretaría de Educación Pública para que, a su vez, envíe a la SEP y a las entidades federativas los fondos educativos, sabiendo de antemano que se convierten en pagos y apoyos que mantienen viva la estructura de control territorial con que se sofoca a los maestros. Este dinero desviado financia una extensa burocracia paralela, que acaba prevaleciendo sobre los funcionarios que sí recibieron formalmente un mandato.

3.- Dos años después de que se ha desviado el recurso, la ASF documenta multitud de irregularidades con gran detalle en el informe de cuenta pública, pero a pesar de informar, no inicia las sanciones ni finca responsabilidades según sus atribuciones de ley,  que incluyen recuperar los recursos y prevenir pagos ilícitos futuros.

4.- El informa de cuenta pública de la ASF donde informa de los desvíos no se toma en cuenta en la Cámara de Diputados y el ciclo se reinicia cuando la SHCP realiza el presupuesto del año siguiente y lo envía a la Cámara sin que nadie haya corregido el asunto.

Mexicanos primero

Un amparo para evitar ls violentación del derecho a la educación

Mexicanos Primero presentó una demanda de amparo en un juzgado de distrito durante la noche del lunes pasado, “el primero de una serie de litigios estratégicos ” a favor del derecho a la educación y contra la disminución de los recursos destinados a la educación pública y gratuita.

Con el caso en los tribunales, la organización busca una asignación efectiva y una distribución equitativa de esos fondos, que se castigue la ilegalidad patente y que se impida una nueva captura.

Luis Manuel Pérez de Acha, fundador del despacho Pérez de Acha y Abogados, y quien asesoró legalmente a la organización para interponer el amparo, detalló la estrategia legal a seguir. El abogado agregó que la demanda “se hizo ante la Juez Segunda de Distrito en Materia administrativa, abogada Ana Lisa Mendoza Vázquez, quien decidirá si admite y da trámite a la demanda.”

De acuerdo con Pérez de Acha, la demanda que se está planteando está basada en varios pilares:

  • La reforma constitucional de junio de 2011 sobre derechos humanos, con la que además del artículo 3º constitucional, la ley reconoce doblemente el derecho a la educación.
  • la ley afirma también que el gasto público tiene que estar sujeto a cinco principios ineludibles (eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez), los cuales -como argumenta la organización- no se cumplen.
  • Las irregularidades se argumentan con dos documentos como ejemplo, los cuales consisten en los resultados de obseración a la cuenta pública, rendidos por la ASF en 2009 y 2010, los cuales constan para todos los efectos legales y, no obstante, no han tenido consecuencias legales algunas, a pesar de que la Constitución exige a la ASF fincar responsabilidades cuando determine irregularidades de manera definitiva. Las sanciones deberían ser económicas, inhabilitación, resarcimiento y resPonsabilidades penales.

Pérez de Acha afirmó que en 2010, la ASF detectó una cantidad descomunal de irregularidades que a la fecha no han tenido consecuencias legales ni fincamiento de responsabilidades, lo cual indica que la ASF no ha procedido como se le indica en la ley.

Por lo tanto, la demanda de amparo busca en primer lugar que la ASF actúe como le manda la Constitución y finque inmediatamente responsabilidades contra quien proceda, es decir, las autoridades y las instituciones de educación en todo el país, entre quienes se distribuyen los diferentes fondos educativos en el país.

Mexicanos Primero busca demostrar a la jueza que la ASF ha detectado las “irregularidades reiteradas y sistemáticas” hace años y no ha hecho nada. Se pide establecer restricciones para evitar los desvíos detectados en estados y federación para lograr una administración eficiente de la educación.

Otra consecuencia -en caso de victoria- es que “si la Cámara Diputados conoce que esas irregularidades se han venido cometiendo de manera reiterada y sistemática, ponga candados a la SHCP y a las entidades para que se asegure que los pagos ilegales en materia educativa ya no se sigan realizando.”

Luis Pérez de Acha afirmó que un precedente importante son algunas restricciones presupuestales implementadas en 2012 y que desaparecieron en 2013, por lo que permite conocer que incluso se han dado pasos en sentido contrario y a conciencia.

Otro de los objetivos de la demanda de amparo que interponen, es lo que corresponde al ejercicio de 2013 por parte de la SHCP, a través de la unidad de coordinación con entidades, y la Secretaría de la Función Pública, pues se busca “que emitan controles específicos de forma tal que si las entidades federativas no demuestran que están destinando el gasto público a educación, la Federación no distribuya más fondos.”

A pesar que en este momento se encuentra ante la instancia de una juez segunda de Distrito, el abogado afirmó que el caso debe terminar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual no sería una novedad para la Corte, que ha aumentado su participación en la restitución de derechos.

El monto del desvío del presupuesto educativo

El doctor Claudio X. González Guajardo, también miembro de Mexicanos Primero, detalló las cifras de los desvíos en torno al presupuesto educativo, el cual corresponde al 20% se del presupuesto federal de cada año.

González Guajardo afirmó que el sistema sindical y la impunidad mantenida por el gobierno despilfarran la inversión pública en el sector educativo, violando el derecho a la educación de muchos jóvenes mexicanos. “Es increíble que en pleno siglo XXI existan fenómenos como el de los coomisionados, aviadores y los pagos desmedidos e ilegales a la cúpula sindical, resabios del corporativismo y la corrupción que tanto han lastimado a México.”

Los números que esbozan el monto desviado son los siguientes:

  • 22 mil 353 personas trabajan para el SNTE
  • .

  • Más de 100 mil comisionados que ganan como maestros pero no están asignados a la labor educativa, los cuales recibieron más de 3 mil millones de pesos en 2010.
  • Cientos de millones desviados para gastos caprichosos e injustificados que son robados a la hacienda pública, pues en lugar de ser pagados por el presupuesto educativo, deberían pagarse con dinero del sindicato.

Resumen de los pagos ilegales  en el informe de resultados de la cuenta pública 2010 de la ASF (millones de pesos):

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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