Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil, anunció este 12 de febrero que inició un juicio de amparo contra la corrupción y los desvíos de fondos en el sector educativo, afirmando que la inversión pública en materia educativa se encuentra plagada de depredación por parte del sindicato y autoridades educativas estatales y federales, lo cual ha violentado para muchos jóvenes el acceso al derecho constitucional a la educación.
Tras presentar cifras del desvío del presupuesto educativo y detallar el círculo vicioso en el que se mantiene, la organización explicó también su estrategia legal, la cual -afirmaron- podría llegar a la Suprema Corte de justicia. La demanda busca que las autoridades que manejan los fondos educativos sean obligadas a canalizar el gasto realmente en enseñanza y no a pagos para comisionados sindicales, aviadores o se pierdan en la opacidad de la cuenta pública de las entidades federativas.
De prosperar la demanda -lo cual se sabría dentro de al menos nueve meses-, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sería obligada a fincar responsabilidades a los funcionarios que desviaron los fondos y a exigir a las entidades demostrar el gasto apropiado del recurso. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados se verían obligados a crear restricciones en la entrega de fondos donde se haya detectado irregularidades previamente.
El derecho a la educación
El maestro David Calderón, integrante de Mexicanos Primero, afirmó que “el derecho a la educación es un bien social de valor incalculable”, que debe conseguirse “sin que el punto de arranque de cada joven represente un justificación para malograr sus oportunidades”, además de ser un derecho humano reconocido doblemente por la constitución en los artículos 3º y 1º (tras la reciente reforma en materia de derechos humanos), además de la firma de diversos tratados internacionales.
Sin embargo, afirmó Calderón en conferencia de prensa, el derecho se ve violentado “cuando los fondos públicos educativos, de por sí escasos, se desvían de su destino y son asignados a personas que no les corresponde o se usan para pagar bienes y servicios que no sirven a los niños, sino que se sirven de ellos.”
Mexicanos Primero busca llamar la atención “por el desvío, el despilfarro y la corrupción que plagan a la inversión educativa, que está sujeta a depredaciones que quedan impunes y que se reiteran ciclo tras ciclo.” La organización denunció “la insensata y ofensiva proliferación de comisionados sindicales, contrario al ideal de la escuela pública, gratuita y laica” y pidió a las autoridades marcar un alto al desvío de montos considerables que financia a una burocracia y a un sistema de cooptación político-electoral a favor de la cúpula del SNTE.
Sobre el SNTE, afirmó que la cúpula afirma sentirse “doloridos” por las condiciones de algunas escuelas o la situación de los maestros multigrado, “lo que no dicen es que sus sueldos, tomados ilegales año tras año de fondos que no tienen esa finalidad, servirían para mitigar esas situaciones”, afirmó Calderon.
Calderón afirmó que “estamos hablando de montos muy grandes y situaciones recurrentes” de apoyos y pagos ilegales que reafirman “la pérdida ya añeja de la rectoría del Estado en materia educativa.”
El círculo vicioso
Los pasos que llevan al desvío de los recursos públicos en materia educativa cada año son los siguientes:
1.- Cada año, la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el que se incluyen los recursos destinados al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) y el Ramo 25, sin atender las recomendaciones de la ASF, para evitar “pagos ilegales.”
2.- Posteriormente, los recursos son enviados a la Secretaría de Educación Pública para que, a su vez, envíe a la SEP y a las entidades federativas los fondos educativos, sabiendo de antemano que se convierten en pagos y apoyos que mantienen viva la estructura de control territorial con que se sofoca a los maestros. Este dinero desviado financia una extensa burocracia paralela, que acaba prevaleciendo sobre los funcionarios que sí recibieron formalmente un mandato.
3.- Dos años después de que se ha desviado el recurso, la ASF documenta multitud de irregularidades con gran detalle en el informe de cuenta pública, pero a pesar de informar, no inicia las sanciones ni finca responsabilidades según sus atribuciones de ley, que incluyen recuperar los recursos y prevenir pagos ilícitos futuros.
4.- El informa de cuenta pública de la ASF donde informa de los desvíos no se toma en cuenta en la Cámara de Diputados y el ciclo se reinicia cuando la SHCP realiza el presupuesto del año siguiente y lo envía a la Cámara sin que nadie haya corregido el asunto.
Mexicanos Primero presentó una demanda de amparo en un juzgado de distrito durante la noche del lunes pasado, “el primero de una serie de litigios estratégicos ” a favor del derecho a la educación y contra la disminución de los recursos destinados a la educación pública y gratuita.
Con el caso en los tribunales, la organización busca una asignación efectiva y una distribución equitativa de esos fondos, que se castigue la ilegalidad patente y que se impida una nueva captura.
Luis Manuel Pérez de Acha, fundador del despacho Pérez de Acha y Abogados, y quien asesoró legalmente a la organización para interponer el amparo, detalló la estrategia legal a seguir. El abogado agregó que la demanda “se hizo ante la Juez Segunda de Distrito en Materia administrativa, abogada Ana Lisa Mendoza Vázquez, quien decidirá si admite y da trámite a la demanda.”
De acuerdo con Pérez de Acha, la demanda que se está planteando está basada en varios pilares:
- La reforma constitucional de junio de 2011 sobre derechos humanos, con la que además del artículo 3º constitucional, la ley reconoce doblemente el derecho a la educación.
- la ley afirma también que el gasto público tiene que estar sujeto a cinco principios ineludibles (eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez), los cuales -como argumenta la organización- no se cumplen.
- Las irregularidades se argumentan con dos documentos como ejemplo, los cuales consisten en los resultados de obseración a la cuenta pública, rendidos por la ASF en 2009 y 2010, los cuales constan para todos los efectos legales y, no obstante, no han tenido consecuencias legales algunas, a pesar de que la Constitución exige a la ASF fincar responsabilidades cuando determine irregularidades de manera definitiva. Las sanciones deberían ser económicas, inhabilitación, resarcimiento y resPonsabilidades penales.
Pérez de Acha afirmó que en 2010, la ASF detectó una cantidad descomunal de irregularidades que a la fecha no han tenido consecuencias legales ni fincamiento de responsabilidades, lo cual indica que la ASF no ha procedido como se le indica en la ley.
Por lo tanto, la demanda de amparo busca en primer lugar que la ASF actúe como le manda la Constitución y finque inmediatamente responsabilidades contra quien proceda, es decir, las autoridades y las instituciones de educación en todo el país, entre quienes se distribuyen los diferentes fondos educativos en el país.
Mexicanos Primero busca demostrar a la jueza que la ASF ha detectado las “irregularidades reiteradas y sistemáticas” hace años y no ha hecho nada. Se pide establecer restricciones para evitar los desvíos detectados en estados y federación para lograr una administración eficiente de la educación.
Otra consecuencia -en caso de victoria- es que “si la Cámara Diputados conoce que esas irregularidades se han venido cometiendo de manera reiterada y sistemática, ponga candados a la SHCP y a las entidades para que se asegure que los pagos ilegales en materia educativa ya no se sigan realizando.”
Luis Pérez de Acha afirmó que un precedente importante son algunas restricciones presupuestales implementadas en 2012 y que desaparecieron en 2013, por lo que permite conocer que incluso se han dado pasos en sentido contrario y a conciencia.
Otro de los objetivos de la demanda de amparo que interponen, es lo que corresponde al ejercicio de 2013 por parte de la SHCP, a través de la unidad de coordinación con entidades, y la Secretaría de la Función Pública, pues se busca “que emitan controles específicos de forma tal que si las entidades federativas no demuestran que están destinando el gasto público a educación, la Federación no distribuya más fondos.”
A pesar que en este momento se encuentra ante la instancia de una juez segunda de Distrito, el abogado afirmó que el caso debe terminar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual no sería una novedad para la Corte, que ha aumentado su participación en la restitución de derechos.
El monto del desvío del presupuesto educativo
El doctor Claudio X. González Guajardo, también miembro de Mexicanos Primero, detalló las cifras de los desvíos en torno al presupuesto educativo, el cual corresponde al 20% se del presupuesto federal de cada año.
González Guajardo afirmó que el sistema sindical y la impunidad mantenida por el gobierno despilfarran la inversión pública en el sector educativo, violando el derecho a la educación de muchos jóvenes mexicanos. “Es increíble que en pleno siglo XXI existan fenómenos como el de los coomisionados, aviadores y los pagos desmedidos e ilegales a la cúpula sindical, resabios del corporativismo y la corrupción que tanto han lastimado a México.”
Los números que esbozan el monto desviado son los siguientes:
- 22 mil 353 personas trabajan para el SNTE
- Más de 100 mil comisionados que ganan como maestros pero no están asignados a la labor educativa, los cuales recibieron más de 3 mil millones de pesos en 2010.
- Cientos de millones desviados para gastos caprichosos e injustificados que son robados a la hacienda pública, pues en lugar de ser pagados por el presupuesto educativo, deberían pagarse con dinero del sindicato.
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Resumen de los pagos ilegales en el informe de resultados de la cuenta pública 2010 de la ASF (millones de pesos):
