Entre 2006 y 200, el Congreso aprobó al menos tres autorizaciones de deuda con lo que conseguiría un total de 6 mil 253 millones de pesos.
Sin embargo, la Administración de Humberto Moreira “recicló” varias veces los decretos y obtuvo un total 16 mil 756 millones de pesos, por lo que gran parte de esos recursos en realidad se tramitaron sin aval del Poder Legislativo.
El 11 de julio de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 510 para autorizar la contratación de 3 mil 500 millones de pesos.
Ese monto se adquirió entre julio de 2008 y mayo de 2009, mediante tres préstamos con Bancomer, por mil millones; Banobras, por 800 millones, y Banorte, por mil 700 millones.
Sin embargo, el Gobierno de Humberto Moreira no tuvo empacho en utilizarlos nuevamente en cuatro créditos más con Bancomer; por mil 650 millones; Interacciones, por 2 mil 200 millones; Santander, por mil 100 millones y Bansi, por 500 millones, entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010.
El Decreto 160, publicado el 11 de diciembre de 2009, autorizaba a contratar créditos por mil 753 millones; la Administración de Moreira obtuvo 5 mil 806 millones, a través de tres préstamos con Bansi, Interacciones y Banorte, a los cuales solicitó la cantidad autorizada.
Con el mismo decreto le pidió 550 millones a Bancomer.
Mediante el Decreto 153, publicado el 22 de diciembre de 2006, para adquirir deuda por por mil millones, consiguió 2 mil millones solicitados a Banorte e Interacciones.
Las fuentes de bancos indicaron que, para obtener cada crédito, el Estado debió presentar el decreto de autorización y comprobar que no la había agotado, por lo que se trató de un engaño a los bancos.
Los documentos de los créditos que elevaron de 184 millones de pesos a 35 mil 457 millones la deuda del Estado de Coahuila fueron reservados por la la Auditoría Superior de la entidad.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la PGR cinco denuncias por el llamado “moreirazo”, correspondientes al número de créditos irregulares.
En sus denuncias, la Procuraduría Fiscal pide investigar la falsificación de documentos utilizados por el Gobierno de Coahuila para registrar ante Hacienda créditos por 5 mil 300 millones de pesos, y que se garantizaron con la entrega de participaciones federales.
