A 10 años del alcoholímetro, 96% lo aprueban: Parametría
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

A 10 años del alcoholímetro, 96% lo aprueban: Parametría

En una década, el alcoholímetro ha ayudado a reducir 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, y en 70% las muertes por conducir en estado de ebriedad.
Por Parametría
26 de marzo, 2013
Comparte

Desde su implementación en 2003, el programa “Conduce sin alcohol” mejor conocido como “Alcoholímetro” ha dado de qué hablar. Figuras reconocidas de la política y de la farándula se han expuesto y han puesto los reflectores en la medida preventiva; algunos repudian el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), y otros tras la exhibición pública aprueban la disposición. No obstante, con o sin polémica, la totalidad de la población capitalina (98%) ha escuchado del programa “Conduce sin alcohol” o “Alcoholímetro”.

De acuerdo con la información obtenida en la encuesta en vivienda realizada en el Distrito Federal por Parametría, para el 61% de los entrevistados la medida preventiva del alcoholímetro ha cumplido con su objetivo, ya que ha ayudado en mucho a disminuir los accidentes provocados por personas que conducen tras consumir bebidas alcohólicas. La percepción de los capitalinos es avalada por la SSPDF, la institución reporta que el programa ha contribuido a reducir en 30% el índice de accidentes fatales asociados con el consumo de alcohol, y a disminuir en 70% las muertes por conducir en estado de ebriedad. Óscar Pérez Coria director del programa “Conduce sin alcohol” afirma que en 2003 se tenían 671 decesos, y para finales de 2012 sólo se registraron entre 96 y 97 fallecimientos.

En el Distrito Federal, conducir un vehículo particular rebasando el nivel de alcohol permitido en la sangre (cantidad superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de narcóticos) tiene como pena una sanción administrativa: el vehículo se traslada a un depósito (salvo que cuente con alguna persona que conduzca el vehículo en los términos de la ley), y el conductor alcoholizado es arrestado de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, espacio conocido popularmente como “El Torito”.

Si bien, el total de los capitalinos (96%) está a favor del alcoholímetro, en la práctica no todos comparten dicha opinión; algunos arrestados han tratado de eludir el programa  amparándose, o sobornando a las autoridades a cargo o tratando de escapar para no cumplir con la sanción. Al preguntarle a los entrevistados si estos se han sometido alguna vez a la prueba del alcoholímetro, el 17% admitió haberse detenido en el retén y hacer el test de alcoholemia.

Sólo el 3% de los capitalinos aceptó haber sido llevado a El Torito para cumplir con la sanción por conducir bajo efectos del alcohol. La medida ha desatado polémica, el alcoholímetro ha sido atacado por algunos juristas que lo consideran un foco de abusos de autoridad y corrupción, aseguran que es una práctica arbitraria y anticonstitucional por obstaculizar el libre tránsito con retenes, pero también ha sido defendida por aquellos que aseguran que una persona en estado de ebriedad es un peligro al volante, no sólo para el propio conductor si no para quienes sufren los daños colaterales.

No obstante, las sanciones impuestas por el programa “Conduce sin alcohol” en la capital y en el área metropolitana son débiles en comparación con las normas adoptadas en países como Estados Unidos y Brasil. En la Unión Americana las medidas para castigar a los automovilistas que manejen intoxicados pueden ser bastante rígidas; estas varían de acuerdo a la jurisdicción de cada estado, siendo progresivas y más severas en cada reincidencia de personas que conducen en estado de ebriedad. Si un conductor está por arriba del límite legal (0.8 gramos por litro) se le impone el DWI o DUI (sanciones por manejar bajo influencia del alcohol), esto puede ir desde una multa de cientos o miles de dólares; a una suspensión de la licencia por uno, tres, cinco años o de manera definitiva en caso de reincidir; o pasar tiempo en prisión, dependiendo de sí hubo accidente, heridos y muertos; también se pueden imponer otras sanciones como la imposición de un dispositivo de bloqueo de encendido en el vehículo del conductor o servicio a la comunidad. Para los inmigrantes un DUI puede ser muy costoso, una sanción por conducir en estado etílico puede complicar o terminar con sus planes de ciudadanía; en el caso de los indocumentados un DUI termina en deportación.

En Brasil, la Ley de Tolerancia cero es una de las estrategias en legislación sobre conducción bajo los efectos del alcohol más exitosos. La Ley Federal 11.705 aprobada en 2008, establece que el límite de alcohol en la sangre sea cero, e incluyen penalizaciones severas para conductores que no acaten la ley, además de que la injerencia de bebidas alcohólicas antes y durante la conducción de vehículos es un crimen.

Las estadísticas muestran que en Estados Unidos, el número de muertes por lesiones causadas por el tránsito es mayor que en México, sin embargo la tasa es equivalente ya que varía dependiendo de la población. Las cifras no dejan de ser alarmantes.

Sin duda, las acciones para prevenir accidentes y sancionar a conductores en estado de ebriedad son controversiales y, en México y Brasil la discusión ha llegado a las redes sociales.  En la Ciudad de México las alertas en Twitter las cuales señalan el lugar dónde están instalados los retenes del alcoholímetro con el hashtag #Alcoholímetro, han abierto el debate en torno al uso de las redes sociales, dado que si se restringe se podría coartar la libertad de expresión. Pese a la facilidad que la red social brinda para evadir los exámenes de alcoholemia, el 95 % de los encuestados rechazó la idea de alertar a conocidos, amigos y familiares sobre la ubicación de los retenes, sólo el 5 % admitió haber notificado a sus conocidos, familiares y amigos dónde se situaban los alcoholímetros para poder evitarlos. Es importante señalar que aun cuando no está restringido legalmente el uso de este hashtag que alerta sobre el programa, si hay una reacción social para no avisar sobre la ubicación de los mismos.

En el país sudamericano, la oficina del Defensor del Estado del gobierno denunció a Twitter INC, por permitir que los titulares de cuentas avisen a los conductores dónde se encuentran los controles de la policía de tránsito. Para la defensoría del Estado brasileño, la conducta de la red social agrede la vida y la seguridad, y contribuye a que 55 mil personas pierdan la vida cada año en accidentes de tránsito.

En 2011, se estimó que en México el 60% de los accidentes de tránsito fueron por conducir bajo el influjo del alcohol; 24 mil personas murieron al año por esta causa; de estos accidentes derivaron 750 mil hospitalizaciones, 315 mil (aproximadamente el 40 % de los hospitalizados) necesitaron servicios médicos al menos durante un año; 40 mil personas resultaron discapacitadas. También se calculó que el impacto de los accidentes viales representó el 1.2% de PIB, casi 130 mil millones. En ese momento, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, destacó que en el Distrito Federal el 20 por ciento de las personas que conducían un automóvil lo hicieron alcoholizados.

En 2008, el perfil que el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA o CENAPRA) elaboró para el DF, proyectó que la tendencia de defunciones por accidentes de tráfico de vehículo de motor disminuiría, y de acuerdo con la información del programa “Conduce sin alcohol” la meta se ha logrado. Asimismo, desde 2008 los accidentes de tránsito relacionados con aliento alcohólico, han disminuido, se registró consumo de alcohol en el 4 % de los casos. La delegación que más accidentes tuvo por estado de ebriedad fue Cuauhtémoc, seguida por Benito Juárez. 2006 y 2007 fueron los años con más accidentes causados por intoxicación con bebidas alcohólicas.

Las últimas cifras emitidas por el Informe sobre la situación Mundial de la seguridad vial 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que la situación ha cambiado poco desde 2007. Las lesiones causadas por accidentes viales son la octava causa mundial de muerte, y la primera entre jóvenes de 15 a 29 años, si no se toman medidas los accidentes de tránsito se convertirán en la quinta causa de muerte para 2030.

El informe indica que sólo 28 países, aproximadamente el 7 % de la población mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en los cinco principales factores de riesgo: alcohol, exceso de velocidad, no usar cascos de motocicleta, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.

La información evidencia que en el país no existe una norma general para regular el manejo de automóviles en estado de ebriedad. La OMS  ha sugerido la disminución de los niveles de alcohol en la sangre BAC (Blood alcohol content) para conductores jóvenes o poco experimentados: el límite de alcoholemia menor o igual a 0.05 g/dl para la población general y tolerancia cero para jóvenes menores de 21 años. Esta decisión está fundamentada en la investigación que comprueba que este grupo es el más vulnerable a sufrir lesiones en el tránsito bajo los efectos del alcohol.

No obstante, en México dicha sugerencia no se ha aplicado, el programa de “conduce sin alcohol” de la Ciudad de México apenas se ha extendido a otros municipios del Estado de México colindantes con el Distrito Federal como Atizapán, Ecatepec y ciudad Nezahualcóyotl, pero hasta el momento la medida no es aplicada a nivel nacional. Desde 2011, se ha pugnado porque el resto de los Estados del país incluyan en su ley de cultura cívica o legislación el alcoholímetro, pero esto sólo ha quedado en propuestas o puntos de acuerdo.

PARAMETRÍA. Encuesta DF en vivienda. Representatividad: Estatal. Número de entrevistas: 400 cuestionarios hechos a personas de 18 años en adelante con credencial para votar que residan en el lugar de interés al momento de la entrevista. Fecha de levantamiento: del 16 al 20 de febrero de 2013. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 4.9 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
Comparte

Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=8fj-C_xCda8&t=3s

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.