Díaz e hijas de Gordillo, implicados en desvío de fondos
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Cuartoscuro

Díaz e hijas de Gordillo, implicados en desvío de fondos

Para el Ministerio Público las declaraciones de los testigos pueden fortalecer el caso contra Gordillo además de abrir nuevas líneas de investigación.
Cuartoscuro
Por Omar Sánchez de Tagle y Luis Brito
27 de marzo, 2013
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Juan Díaz, actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y las hijas de Elba Esther Gordillo están implicados en la investigación por el desvío de fondos que se le realiza a la ex líder magisterial.

Entre las declaraciones hechas por Nora Guadalupe Ugarte contenidas en la causa penal  11/2013 están aquellas que señalan que las hijas y otros familiares de la ex líder magisterial recibieron cantidades millonarias de recursos provenientes de diversas operaciones de las que el ex tesorero del SNTE, Héctor Jesús Hernández Esquivel estaba enterado.

De acuerdo al expediente radicado en el juzgado sexto de distrito Ugarte Ramírez prometió entregar otros documentos que no obran en las pesquisas y en las que se demuestra cómo es que, de las transferencias bancarias y desvió de recursos, estaban enterados al menos cinco personas.

En su declaración detalla que uno de los encargados de poder firmar y autorizar los movimientos era Héctor Jesús Hernández, Rafael Ochoa Guzmán, Francisco Arriola Urbina, José Ángel Ibáñez Montes y el actual líder sindical Juan Díaz de la Torre.

Dato importante es que Nora Guadalupe Ugarte fue despedida dos semanas antes que fuera detenida Elba Esther Gordillo Morales.

En su declaración detalla que uno de los encargados de poder firmar y autorizar los movimientos era Héctor Jesús Hernández, Rafael Ochoa Guzmán, Francisco Arriola Urbina, José Ángel Ibáñez Montes y el actual líder sindical Juan Díaz de la Torre.

A un mes de la detención de Elba Esther Gordillo Morales la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con sus investigaciones y además de la ex cajera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) actualmente procesada, tiene un testigo clave: un ex colaborador del tesorero del SNTE, ahora arraigado.

Además, el juicio contra Elba Esther ha generado que al menos 12 personas cercanas a ella, entre quienes figuran sus hijas, ex esposos, nieto y yerno se ampararan en busca de cualquier orden de localización, presentación o de aprehensión que pudiera existir en su contra.

Aunado a lo anterior están las investigaciones que hasta la fecha realiza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en las que investiga los presuntos beneficios que recibe en el Centro de Readaptación Social de Tepepan.

Para el Ministerio Público de la Federación las declaraciones de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez han servido no sólo para fortalecer el caso sino también para abrir otras líneas de investigación que podrían llevar a otros implicados en el desvió de más de dos mil millones de pesos.

Ahora la PGR cuenta también con un nuevo testigo que mantiene arraigado en el hospital militar, se trata de Erick Salvador Rodríguez quien trabajara junto al ex tesorero del SNTE, de acuerdo a funcionarios del poder judicial será la próxima semana cuando este hombre declare ante el juez sexto de distrito y se prevé que dé muchos más datos entorno a los movimientos bancarios.

Gordillo cambia su estrategia legal

La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, buscará un amparo indirecto para revertir el auto de formal prisión por el que se le inició juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El 22 de marzo, la defensa de la también ex política determinó desistirse del recurso de apelación que había interpuesto contra la formal prisión que le dictó el Juez Alejandro Caballero Vértiz el cuatro de marzo, con el cual inició el proceso penal que enfrenta por el presunto desvío de mil 978 millones de pesos de cuotas sindicales.

Según fuentes cercanas al caso, en lugar de la apelación, los abogados de la ex lideresa preparan una demanda de amparo indirecto para presentarla ante un juzgado federal en los próximos días con la intención de tirar el auto de formal prisión.

Gordillo Morales fue aprehendida por policías federales ministeriales el 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un mandamiento judicial en su contra tras indagar presuntos desvíos de las cuentas del gremio magisterial entre 2009 y 2012.

El proceso abierto por el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF también abarca Isaías Gallardo Chávez, Juan Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, igualmente presos, como supuestos cómplices de la ex lideresa en la triangulación de los recursos.

La nueva estrategia legal se registra a menos de dos semanas de que Gordillo Morales, interna en el penal femenil de Tepepan, determinó relevar a su equipo de defensa, nombrando al abogado Marco Antonio Del Toro Carazo como su representante.

Desde su detención y hasta el 14 de marzo, su defensa había recaído en el ex subprocurador de la PGR, Arturo Germán Rangel, José González Sánchez y Felipe Borrego, quienes promovieron la apelación del auto de formal prisión, la cual estaba en manos del Primer Tribunal Unitario Penal en el Distrito Federal.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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