La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, en el plazo de un año, todas las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública deberán contar en su interior con un “sistema de grabación visual y auditivo permanente”, para vigilar que sus agentes “no cometan actos de tortura”, tras confirmar que en marzo de 2011 una joven de 19 años –detenida por una falta administrativa– fue violada por uniformados dentro de un vehículo policiaco, en la delegación Álvaro Obregón.

Según la más reciente recomendación emitida por el ombudsman de la Ciudad de México –con número 4/2013–, “este sistema de grabación deberá, entre otras cosas, contar con un mecanismo de protección especial, que impida su manipulación por parte de los policías designados a las patrullas; (así como) permitir que en la grabación diaria de las detenciones se indique la fecha y el tiempo en que se llevan a cabo las detenciones; e incluir un protocolo de resguardo eficaz y seguro de la información grabada, para que pueda ser puesta a disposición de la autoridad competente, en caso de que se denuncie penal o administrativamente a los policías.”

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la SSP debe desarrollar, a más tardar en un año, un sistema de “registro de detenciones” en tiempo real, que obligue a todos sus agentes a reportar una captura tan pronto como ésta se da, y que contemple sanciones para aquellos que no lo respeten, impidiendo así que, luego de un arresto, los policías incurran en abusos en contra de los aprehendidos o sus familiares, ya que el organismo autónomo comprobó que, tras arrestar a la joven cuyo caso dio origen a la recomendación 4/2013, los elementos de Seguridad Pública la condujeron con sus tutores, a los cuales exigieron dinero para evitar su presentación ante el Ministerio Público, pero, al carecer éstos de recursos, los uniformados se marcharon con la víctima rumbo a un lote baldío donde, finalmente, uno de ellos la violó, mientras el otro vigilaba fuera de la patrulla.

Luego del ataque sexual, los policías involucrados, de nombre Juan Caros Rodríguez Rivera y Alberto López Hernández, se dieron a la fuga, abandonando el vehículo oficial en un parque (con las llaves puestas, además de sus chalecos y armas dentro), y aunque en su contra se emitió una orden de captura, dos años después del hecho, ambos permanecen prófugos.

La recomendación de la CDHDF subraya que ambos agentes tenían cuatro años en la corporación, dato que “permite cuestionar los mecanismos para el ingreso y permanencia (en sus filas) de los encargados de procurar seguridad ciudadana a los habitantes del Distrito Federal” y, por ello, fijó como plazo un año para que “todos y cada uno de los policías” de la Ciudad de México sean sometidos a los protocolos de control de confianza, además de que exigió a la SSP instaurar un sistema de reexaminación anual de sus elementos, para verificar que “siguen aptos para realizar actividades de patrullaje y aquellas típicas de la seguridad pública”.

Por último, el organismo autónomo expresó su “profunda preocupación por los avances insuficientes que se han dado en la democratización de los cuerpos policiacos” en la capital del país, debido a que “aún subsisten deficiencias que permiten que personas que cometen violaciones graves a derechos humanos se encuentren dentro de la corporación”.