Desaparecidos, 3.5 millones de condones "comprados" por Marín
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Desaparecidos, 3.5 millones de condones "comprados" por Marín

El gobierno de Mario Marín gastó supuestamente 77 millones de pesos en anticonceptivos, pero no hay facturas que comprueben el gasto, ni se encuentran en bodegas.
Por Ernesto Aroche
19 de marzo, 2013
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Tres y medio millones de condones, y millón y medio de inyecciones anticonceptivas supuestamente comprados por el gobierno de Mario Marín, se encuentran desaparecidos.

En 2009, el gobierno de Mario Marín en Puebla destinó 77 millones de pesos para la compra de estos métodos anticonceptivos, sin embargo, no hay facturas o documentos que comprueben el gasto, ni recibos de ingreso a las bodegas de la Secretaría de Salud de Puebla.

Ese mismo año se celebró en Puebla el proceso electoral intermedio en donde se renovaron presidencias municipales y Congreso, unas elecciones en las que el PRI arrasaría con sus adversarios.

En julio de 2009, una semana después de la jornada electoral, fue nombrado como titular de la secretaría de Salud Alfredo Arango García, quien al término del sexenio sería acusado de “enriquecimiento inexplicable” y encarcelado en el penal de San Miguel, el penal estatal.

De acuerdo con versiones periodísticas, la llegada de Arango García a la dependencia se produjo después que su predecesor, Antonio Marín y López, se había negado a apoyar al PRI en el proceso electoral de ese año.

En 2012, ya en el sexenio de Rafael Moreno Valle, la dependencia reconocería a una solicitud de información, que no encontraron en sus archivos huella de los documentos que comprueben que en 2009 ingresaron a las bodegas de la dependencia los 3.5 millones de condones y el 1.6 millones de inyecciones anticonceptivas que supuestamente se compraron con el presupuesto asignado.

A pesar de ello, los diputados de la legislatura pasada –todavía controlada por la mayoría priista— aprobaron de último minuto la cuenta pública 2009 de la Secretaría de Salud, eso sí, con el cuestionamiento del entonces diputado del Partido del Trabajo, José Benigno Pérez Vega, y la abstención de la bancada panista.

Por lo pronto, la Auditoría Superior del Estado ha retrasado la entrega de la documentación comprobatoria mediante la cual se avaló la cuenta pública de Alfredo Arango, con el argumento de que la solicitud no aclara a qué periodo se refiere la solicitud presentada la semana pasada.

ONG descubre el gasto exorbitante

El 15 de abril de 2010, Jasmine Gómez López, integrante del equipo de fiscalización que conformaron la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México (Ddeser) y la asociación Equidad de Género, ingresaba una solicitud de información a la Secretaría de Salud de Puebla (folio PUE-2010-000456).

La mujer pidió al gobierno marinista le informara el monto del presupuesto asignado para 2008 y 2009 para la compra de métodos anticonceptivos y las unidades compradas con dichos recursos.

La solicitud formaba parte de un paquete de peticiones de información que el equipo de Ddeser y Equidad de Género presentaron en 10 estados como parte de un proyecto de fiscalización para revisar el abasto y el acceso a usuarios de métodos anticonceptivos.

La respuesta dejaría atónitas a las mujeres del equipo. Era un presupuesto insólito e inédito, en ningún estado  del país se encontraron con una cifra parecida, según explicó a este portal Sofía Román Montes, una de las coordinadoras del proyecto de fiscalización.

“De los estados que hemos detectado que reciben muchos recursos está Guerrero, y recibe en promedio alrededor de 20 millones de pesos para la compra de métodos anticonceptivos, y de los demás varía, pero la situación que encontramos en Puebla sí fue llamativa al encontrar ese incremento exorbitante, que además reportan gastos fuera de lógica, gastaron casi 60 millones en anticonceptivos inyectables”.

De acuerdo con la respuesta que ofreció la coordinadora de planificación familiar de la Secretaría de Salud, María de Jesús Vergara Eumaña, al equipo de fiscalización de las ONG, el presupuesto de 2008 fue de 9.6 millones, un año después el gasto sería de 77.3 millones de pesos y  en 2010 la cifra bajaría a 8.1 millones.

De acuerdo con la información desglosada por método anticonceptivo comprado, fue en inyecciones hormonales en donde se registró el crecimiento más alto, al aumentar de 3 millones a 59.3 millones de pesos el gasto entre 2008 y 2009, lo que representa un incremento de 1857%, para 2010 el gasto sería de sólo 4.4 millones de pesos.

Román Montes explicó en entrevista que los datos recabados fueron presentados a inicios de 2011 a un subsecretario de la Secretaría de Salud de Puebla, que les prometió darle seguimiento al tema pues acababa de incorporarse a la administración estatal tras el cambio de sexenio.

“Nunca recibimos una explicación oficial sobre esos montos y como tal lo publicamos a finales de 2011, quedamos de darle seguimiento, hicimos una presentación en medios, pero ha habido mucho cambio de funcionarios y prácticamente ya no está ninguno de los que trabajaron con nosotras”.

“El funcionario que nos recibió, que tenía nivel de subsecretario también se sorprendió un poco al conocer las cifras y el incremento en el presupuesto.

Mencionó que tal vez era alguna aportación del recurso del Seguro Popular, pero nos pareció una declaración a bote pronto”.

“A pesar de que presentamos el reporte, él nos notificó que no había como mucha aceptación por parte del ejecutivo ni de su jefe inmediato, el secretario de Salud (Jorge Aguilar Chedraui), y también nos ofreció trabajar en adelante de manera conjunta para lograr que los métodos les llegasen a todos los usuarios, que le enseñáramos estrategias de trabajo y etcétera, sentimos que había apertura, pero fue la única reunión que tuvimos, después ya no hubo encuentro con ellos. Después supimos que el secretario de salud previo (Alfredo Arango) estuvo involucrado en malos manejos”.

Los documentos desaparecen

En marzo de 2012, ya en pleno sexenio morenovallista, la Secretaría de Salud encabezada, por Aguilar Chedraui, respondería a un par de solicitudes de información que presentó este reportero reconociendo que no existían facturas ni documentos que comprobaran el gasto del 2009 y de 2005 –año de inicio del sexenio de Mario Marín–. Pero además ofreció montos totales diversos a los que había reconocido el gobierno marinista.

Así, de acuerdo con el gobierno de Moreno Valle, entre 2005 y 2007 se habrían gastado un promedio anual de 11.5 millones de pesos.  Para 2008 el gasto se triplicó al llegar a 36 millones, para 2009 la cifra prácticamente se duplicó hasta alcanzar los 63 millones para caer a 8.1 millones en el 2010.

Las cifras entre los datos otorgados en una y otra administración sólo coinciden en el gasto de 2010.

Pero a la hora de sustentar el gasto en facturas, las cifras vuelven a cambiar radicalmente (solicitud folio 78512).

En 2006 –en 2005 se declaró inexistente la información— sólo se registraron facturas por 19 mil 225 pesos. En 2007 los documentos prueban un gasto de 90 mil 994 pesos; para 2008 la cifra facturada llegó a 2.8 millones de pesos. En 2010 se justificaron 5.8 millones de pesos.

Año Cifras MMT Cifras RMV Facturado
2005 Sin datos 11 millones No hay facturas
2006 Sin datos 11.4 millones 19 mil 225
2007 Sin datos 11.8 millones 90 mil 994
2008 9.6 millones 36.6 millones 2.8 millones
2009 77.4 millones 63.4 millones No hay facturas
2010 8.1 millones 8.1 millones 5.8 millones

 

A mediados de marzo pasado, la Secretaría de Salud entregó a este reportero versiones digitales de los comprobantes de recepción en bodega de los métodos anticonceptivos comprados en 2008, 2010 y 2011, reconociendo también que no tienen los documentos respectivos a 2009.

“Cabe señalar que del año 2009 no se tiene información referente a la adquisición de métodos anticonceptivos, por lo que se levantó el acuerdo de inexistencia, la cual adjunto para mayor referencia (sic)” (solicitud folio 330712).

Una respuesta que la dependencia tardó en entregar casi medio año, y no fue sino hasta unos días antes de que se dictaminara el recurso de revisión que presentó este reportero en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) cuando finalmente hizo llegar por vía electrónica la documentación respectiva.

Y aunque se pidió de manera reiterada al enlace de comunicación social de la Secretaría de Salud entrevista con titular de la dependencia, jamás hubo respuesta alguna. También se buscó una entrevista con Antonio Marín y López, el secretario de Salud que antecedió a Alfredo Arango, y aunque hubo comunicación y promesa de un encuentro, este jamás se concretó.

La aprobación de la cuenta pública

Fue una sesión de último minuto. Extraordinaria pues no estaba programada, de hecho tres días antes la mesa directiva del Congreso había declarado “clausurado el Período de Sesiones Ordinarias, comprendido del 3 de enero al 14 de enero del 2011”. Convocada con unas cuantas horas de anticipación, justo al filo de que concluyera la LVII legislatura, la misma que acompañó a Mario Marín Torres durante la segunda mitad de su sexenio.

40 de los 41 diputados se presentaron al pleno del Congreso para aprobar la cuenta pública 2009 de la Secretaría de Salud, al menos la parte que correspondería a Alfredo Arango, y lo hicieron, a decir del entonces diputado del Partido del Trabajo, José Benigno Pérez Vega, con los ojos cerrados por la vía fast track pues el resultado del análisis nunca les fue presentado.

Pérez Vega subió a tribuna para criticar la sesión de último minuto cuestionó que la Legislatura de la que formó parte se despidiera de la ciudadanía con “una puñalada trapera”, pero nada evitó que la cuenta pública de la cual hoy no aparecen las facturas ni documento alguno que pruebe cómo se gastaron millones de pesos en la compra de métodos anticonceptivos se aprobara con los 29 votos de mayoría priísta, seis abstenciones del grupo parlamentario del PAN y cinco votos en contra de diputados de oposición.

Entre los diputados priistas que aprobaron sin chistar la cuenta pública de Arango García se encuentra las actuales diputadas federales: Josefina García Hernández, Rocío García Olmedo y el actual presidente del PRI en el estado, Pablo Fernández del Campo.

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El "chamán" de las teorías conspiratorias de QAnon, acusado por el asalto al Capitolio

Jacob Anthony Chansley se enfrenta a varios cargos después de ser identificado en las fotografías del interior del Congreso publicadas por los medios.
9 de enero, 2021
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Un destacado seguidor de las teorías conspiratorias no probadas de QAnon ha sido acusado por su participación en los disturbios del Capitolio de Washington.

Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angeli, se encuentra bajo custodia y se enfrenta a varios cargos, entre ellos los de entrada violenta y desórdenes.

Chansley, quien se denomina a sí mismo como el chamán de QAnon, es supuestamente el hombre fotografiado con la cara pintada y ataviado con una piel de animal y cuernos en el interior del edificio del Congreso este miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a su segundo proceso de “impeachment”, o destitución, por su papel en los incidentes. En el primero, la mayoría republicana en el Senado votó en contra, lo que le permitió seguir en el cargo.

Los demócratas acusan a Trump de haber animado a los asaltantes a tomar por la fuerza la sede del poder legislativo estadounidense en un episodio que terminó con 5 muertos.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha pedido la colaboración ciudadana para llevar a los asaltantes ante la justicia.

Chansley no ha comentado públicamente las acusaciones a las que se enfrenta.

El fiscal federal en Washington DC informó en un comunicado que Chansley ha sido identificado como el hombre que apareció en las imágenes difundidas por los medios con cuernos en la cabeza, vestido con una piel de oso, y pintura roja, blanca y azul y con el pecho descubierto.

“Este individuo portaba una lanza, de aproximadamente 6 pies (1,83 metros) de largo, con una bandera de Estados Unidos atada bajo la hoja”.

El comunicado da cuenta también de la detención de un hombre, residente en Florida. Se cree que es quien fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Adam Johnson, de 36 años, está acusado de varios cargos, entre ellos el de robo de bienes del gobierno y entrada violenta.

Un hombre, llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

Getty Images
Un hombre fue fotografiado llevándose el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes.

También figura en la lista de acusados difundida el legislador de Virginia Occidental Derrick Evans, quien, presuntamente publicó un video de sí mismo junto a los simpatizantes de Trump en el exterior del edificio del Congreso y entrando luego en él.

Evans fue detenido el viernes y se le acusa también de entrada violenta y desórdenes en el Capitolio, informó el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, más de una docena de personas han sido acusadas formalmente tras los disturbios, incluido un hombre de Alabama al que las autoridades encontraron con 11 cócteles Molotov.

Trump deberá dejar la presidencia el 20 de enero, cuando está previsto que su rival Joe Biden asuma como nuevo presidente. Los demócratas en la Cámara de Representantes planean presentar una acusación para su “impeachment” en el Congreso el próximo lunes por “incitación a la insurrección”.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que una medida así a estas alturas solo serviría para agudizar la división en Estados Unidos, pero los líderes demócratas aseguran que Trump ha dado pruebas de no ser apto para el cargo y han reclamado al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos para relevar inmediatamente a Trump.

Pese a haberse desmarcado de él en los últimos días y al goteo de dimisiones en la Administración Trump de los últimos días, Pence no ha dado muestras de tener intención de dar ese paso.


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