Tras aludir a la nueva política de derechos humanos impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación propuso una “solución amistosa” a las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual durante el operativo policiaco de mayo de 2006 en Atenco, ordenado por el hoy titular del Ejecutivo federal cuando era gobernador del Estado de México.
Este acuerdo, planteado ayer “de manera solemne” por el gobierno mexicano, durante la comparecencia a la que fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implicaría la presentación de una disculpa pública, el reconocimiento de que durante el operativo se violaron los derechos humanos de las víctimas, así como la reparación integral de los daños causados, mediante atención médica y psicológica, además de apoyos educativos y para vivienda; a ello, la propuesta añade emprender acciones para evitar la repetición de estos abusos, tales como la creación de una ley que regule el uso de la fuerza pública, así como la impartición de cursos en derechos humanos y contra la violencia sexual entre los policías mexicanos, en apego a los principios establecidos en la nueva Ley General de Víctimas.
La viabilidad de alcanzar este acuerdo amistoso, sin embargo, fue inmediatamente descartada por las víctimas, presentes también en la sesión de la CIDH, ya que, subrayaron, “en estos más de seis años (transcurridos desde el operativo), el Estado ha demostrado su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco, y desde hace años ha buscado un espacio para dar por concluido este litigio en el sistema interamericano, por ello, solicitamos a la CIDH emitir el informe de fondo sobre este caso y las recomendaciones respectivas al Estado Mexicano”.
Al respecto, Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –el cual representa legalmente a las 11 mujeres que promovieron la queja ante la CIDH por la impunidad propiciada por las autoridades mexicanas en este caso–, recordó que desde los primeros días después del operativo, “el propio gobernador del Estado de México (el hoy presidente Enrique Peña Nieto) informó que las mujeres probablemente habían inventado las violaciones, siguiendo consejos de supuestos manuales de grupos radicales”, además de que, más recientemente, las autoridades ministeriales concluyeron que “la falta de acceso a la justicia, a casi siete años de los hechos, es de las mujeres afectadas, por no denunciar a tiempo”, lo que demuestra la poca disposición para aceptar su responsabilidad.
En la sesión de la CIDH, presidida por Tracy Robinson (relatora de este organismo continental para los casos de violencia contra las mujeres), estuvo además presente Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las mujeres agredidas por policías durante el operativo de 2006, quien rindió testimonio en torno a los abusos sufridos, que incluyeron golpizas, tortura sexual, tratos humillantes, negligencia médica y omisión de las autoridades para registrar dichos actos.
¿Justicia?
Integrante de la delegación del gobierno mexicano que acudió a la sesión de la CIDH –citada para aportar evidencias a la investigación que sobre los abusos en Atenco inició este organismo internacional–, el procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, reconoció que, aunque se tiene identificados a los 29 policías estatales que perpetraron los actos de tortura sexual en Atenco, sólo se decidió proceder contra los tres mandos que tenían bajo su responsabilidad el traslado de las detenidas al Penal de Santiaguito, trayecto durante el cual fueron vejadas.
Además, informó que nueve agentes del Ministerio Público estatal fueron sancionados por estos hechos, aunque sólo en el ámbito administrativo, mientras que otros 15 médicos legistas (que junto a los elementos del MP omitieron registrar los abusos cometidos contra las víctimas) aún son investigados.
Hay límites
A pesar de haber “tomado nota” de la negativa de las víctimas a llegar a alguna “solución amistosa”, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, insistió en su turno al habla en que es derecho del Estado mexicano el que su propuesta de arreglo sea impulsada por la CIDH, lo que evitaría que este órgano internacional emita una resolución en contra de las autoridades nacionales.
Por ello, abundó, “pedimos de manera solemne que esta Comisión nos acompañe en la búsqueda de una solución amistosa”, remarcando que “el estado mexicano tiene derecho de esperar el pleno acompañamiento de esta ilustre Comisión, para acordar los términos de dicha solución”.
Sin embargo, ante la insistencia de las autoridades en reclamar la aplicación de esta vía de arreglo con las víctimas, la presidenta de la sesión, Tracy Robinson, debió aclarar que “los límites para facilitar una solución amistosa es que ambas partes estén de acuerdo”.
El dolor sigue ahí…
A continuación, te presentamos de forma íntegra el testimonio vertido durante la comparecencia ante la CIDH, por Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las 11 promoventes de la queja contra el Estado mexicano por las violaciones a sus derechos humanos, durante el operativo de los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y Atenco.
Como se recordará, este operativo fue realizado por 2 mil 500 policías federales y del Estado de México, el 3 de mayo para levantar un bloqueo instalado por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la carretera Texcoco-Lechería; y el 4 de mayo este operativo continuó, en el poblado de San Salvador Atenco, cuna del dicha organización comunal.
Entre ambos días, los policías federales y estatales arrestaron a 146 personas, en una acción que ha sido censurada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que se trató de una acción dirigida a reprimir un movimiento político-social.
Aquí puedes leer el testimonio de una de las víctimas:
