Cuando Edith Windsor se enamoró en 1963 de otra mujer, no se imaginó que más de cuatro décadas después, esta relación sería tema de debate en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Windsor, quien ahora tiene 83 años, es la mujer detrás de uno de los casos judiciales más comentados del año en el país ya que podría cambiar la definición del matrimonio en Estados Unidos.

La historia comenzó en los años 1950, cuando luego de confesarle a su esposo que era gay, Windsor dejó atrás su pueblo y se fue a vivir a Nueva York a estudiar matemáticas. Allí conoció a una sicóloga llamada Thea Spyer y se volvieron inseparables. En 1967, Spyer le propuso matrimonio regalándole un diamante, pero aunque Windsor aceptó, no había ninguna jurisdicción que las casara.

En 2007, luego de vivir décadas como pareja, Spyer y Windsor decidieron casarse en Canadá y regresaron a Nueva York hasta la muerte de Spyer en 2009. A la hora de repartir la herencia y los impuestos federales que la acompañan, comenzaron los problemas para Windsor.

El gobierno federal define el matrimonio como “exclusivamente la unión legal de un hombre y una mujer como esposa y esposo”, bajo una ley aprobada en 1996 conocida como ley federal de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, hoy en día nueve estados del país y el Distrito de Columbia reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, creando un conflicto legal entre ambas jurisdicciones. Por ejemplo, el gobierno federal no reconoce a las parejas del mismo sexo para beneficios de salud, seguro social, pensiones e impuestos, entre otros.

Esta diferencia le está costando U$363.053 en impuestos federales, ya que el Departamento de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) no reconoce su matrimonio, ni los beneficios de herencia que este implica.

Si hubiera sido hombre, menos impuestos

Según Windsor, su demanda va más allá del dinero y lo que está buscando es un punto final a la discriminación y estigma social que sufrió durante años como lesbiana.

“Las cosas están progresando, pero en esa época la gente pensaba que uno tenía cuernos”, explicó Windsor.

Vale la pena mencionar que cuando Windsor buscó representación legal, las principales organizaciones de defensa de los homosexuales rechazaron su caso. Finalmente fue una abogada privada y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) quienes le dieron apoyo.

Ahora la Corte Suprema deberá decidir si DOMA y su definición del matrimonio es constitucional, o si la ley debe ser invalidada por discriminatoria y el gobierno federal debe reconocer por igual a todos los matrimonios sin importar el sexo.

“Yo quiero seguir viva hasta que la Corte Suprema decida” dijo Windsor en una entrevista reciente. “Es un caso muy importante, incluso más significativo que el matrimonio, y el matrimonio es algo grande. Si ganamos, será el comienzo del fin de un estigma”.

Cabe señalar que el impuesto que le cobraron a Windsor, también lo tiene que pagar una persona inmigrante si su pareja estadounidense fallece. Pero todavía nadie ha llevado ese tipo de caso a la Corte Suprema.

¿Constitución o democracia?

Windsor cuenta con el apoyo de la administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en febrero de 2011 decidió no apoyar esta ley. La decisión generó el repudio de los líderes republicanos de la Cámara de Representantes quienes cuestionaron la autoridad del mandatario para ignorar una ley vigente.

Los legisladores formaron un grupo que es ahora parte del caso ante la corte y argumentan que DOMA fue una ley aprobada por el Congreso como representante del pueblo así que se debe respetar.

Los defensores de DOMA también afirman que la ley no es discriminatoria, ya que no le impide a los estados otorgar los beneficios que quieran a sus residentes y tampoco impide que el gobierno federal dé beneficios adicionales de salud o de impuestos, siempre y cuando no sea con base en el matrimonio.

“DOMA no prohíbe ni invalida una ley estatal de matrimonio, pero deja que cada estado decida si va a reconocer los matrimonios del mismo sexo. DOMA simplemente afianza el derecho del gobierno federal como una entidad separada de definir el matrimonio para sus programas y presupuesto”, afirma el jurista Paul Clement, quien opina que DOMA es constitucional.

De forma similar, una coalición de estados como Kansas, Indiana y Virginia se oponen a cambios en la “definición tradicional del matrimonio que ha sido reconocida por siglos”, ya que pueden causar “daños irrevocables” en el proceso democrático. Estos estados también son parte del caso legal y señalan que en varios referendos populares, como la proposición 8 en California, los votantes rechazaron el matrimonio homosexual.

Si la Corte Suprema declara que DOMA no es constitucional, entonces las parejas integradas por personas del mismo sexo que estén casadas tendrán que recibir los mismos beneficios que las demás por parte del gobierno federal, explicó a BBC Mundo Nancy Polikoff, catedrática de la American University, que ha estudiado este tema por más de 35 años.

Polikoff explica que estos cambios legales relacionados con el matrimonio son parte de una evolución que comenzó con los derechos de la mujer y que hoy se extienden cada vez más a las personas en una relación legal sin importar el sexo.

“Anteriormente cuando una mujer se casaba perdía todos sus derechos legales, y la ley definía el papel de cada uno, según el sexo”, explica la académica.

“Así como estas medidas fueron declaradas inconstitucionales, es posible que esta ley también sea invalidada”, agregó.

Sin embargo, sea cual sea el fallo de la corte, Polikoff anticipa que el debate sobre el matrimonio y cómo debe ser definido seguirá siendo parte del debate público mientras se logra un consenso.