Ataques a la prensa en México aumentaron 20%: Artículo 19
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Ataques a la prensa en México aumentaron 20%: Artículo 19

En 2012 se registraron un total de 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 diferentes estados del país, revela el más reciente informe de la organización Artículo 19.
Por Francisco Sandoval Alarcón
13 de marzo, 2013
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La libertad de expresión en México se encuentra más amenazada que hace un año y presenta nuevos retos. Así lo muestran cifras y testimonios directos ofrecidos por la organización Artículo 19: En 2012 se registraron un total de 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 diferentes estados del país. La cifra se ubica un 20.34% por encima de lo registrado en 2011. Se trata de una de las peores escaladas de violencia contra la prensa en los últimos 12 años.

Animal Político obtuvo el informe que este miércoles presenta la organización Artículo 19, titulado: “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”.

El documento, recuento y análisis de lo ocurrido en México en materia de libertad de expresión y agresiones a la prensa durante 2012, consta de cuatro anexos. Los referidos a la “Alternancia y Violencia”, testimonios de periodistas “víctimas de la impunidad”, las acciones “cosméticas” del Estado para atender el problema y las “recomendaciones” para el actual Gobierno.

Artículo 19 es una organización internacional constituida en 1987, para defender los derechos humanos pero en particular la libertad de expresión. En el caso de México inició operaciones en 2006. Desde 2009, la organización cuya dirección ha recaído en Darío Ramírez, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Derecho Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam, ha elaborado informes periódicos para saber en qué condiciones se encuentra la libertad de expresión en México y las amenazas que enfrenta el periodismo en el país.

“2012, Alternancia y Violencia”.

Después de documentar a qué extremos se han incrementado las agresiones a la libertad de expresión –la mayoría provenientes de la autoridad- y enumerar como en 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación, el anexo “Alternancia y Violencia” del informe explica:

Es necesario precisar que una constante existe de manera clara en los últimos años, es el alto porcentaje en el que funcionarios públicos aparecen como responsables de agresiones a la prensa”.

Autoridades de los tres niveles de gobierno fueron responsables —sólo el año pasado— del 43.96% de los ataques a la libertad de expresión, casi tres veces más de los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Al desglosar ese rubro puede encontrarse más a detalle que son los cuerpos policiacos municipales y estatales quienes cometen la mayoría de los abusos desde el poder en contra de la prensa, a través de amenazas, violencia física o detenciones arbitrarias, entre otros métodos”.

En varios momentos del año, Artículo 19 tuvo conocimiento de incidentes en los que los efectivos policiacos actuaban de forma directa e injustificada contra reporteros y periodistas visuales en el marco de operativos y protestas, impidiéndoles hacer su trabajo, sin importar en muchos casos que se identificaran plenamente como trabajadores de la prensa”.

Alerta en el Golfo

El informe, que abarca todo el 2012, hace referencia al incremento de agresiones contra la prensa en los estados colindantes con el Golfo de México. Textualmente el documento señala que “en los estados de Tamaulipas y Nuevo León,  se concentra el total de los ataques violentos a instalaciones de medios de este último año. La problemática que enfrentaba la prensa en la zona Noreste del país se profundizó durante 2012”.

 “La acción violenta de los grupos de la delincuencia organizada, responsables en la última década del asesinato de cinco reporteros y de nueve atentados contra medios en los estados de Durango y Coahuila, amplió su radio de acción de manera importante hacia el área del Golfo”.

 “En Tamaulipas no han cesado las presiones sobre los medios, las amenazas, las compras masivas y la captura de ejemplares. El silencio sigue imponiéndose como política editorial ante sucesos que impactan a la entidad. La captura y presentación pública de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, así como la muerte de Heriberto Lazcano, líderes de las organizaciones delictivas del Cártel del Golfo y Los Zetas, respectivamente, muestran con claridad el fenómeno. Con excepción de El Mañana de Reynosa y la edición local de Milenio, ninguno de los principales diarios de la entidad llevó a su primera plana las notas de la detención de Costilla Sánchez o de la muerte de Lazcano en operativos de la Marina realizados el 12 de septiembre y 7 de octubre pasados. La mayoría de ellos tampoco lo consignó en páginas interiores. Para numerosos medios regionales, a juzgar por la nula información que publicaron, fue simplemente como si ninguno de estos hechos hubiese sucedido”.

Veracruz, impunidad total 

Las agresiones registradas en Veracruz, hicieron que Artículo 19 pusiera atención especial en ese estado que ocupa el nada honroso primer lugar de asesinatos de periodistas en la última década. En el informe sostienen que  “cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados a lo largo de 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días), para elevar a nueve la cifra de comunicadores ultimados sólo en el periodo de Javier Duarte al frente de la administración estatal”.

 “Los testimonios recogidos por ARTICLE 19 entre decenas de comunicadores permiten advertir un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente la relativa a temas de seguridad pública y delincuencia organizada. Buena parte de las presiones se da vía el uso discrecional de recursos públicos a través de la publicidad oficial. A través de la lógica de premio o castigo, se busca incidir en las líneas editoriales de los medios”.

“Emprender investigaciones periodísticas desde una perspectiva diferente a la cobertura superficial de sucesos policiacos y la reproducción de boletines oficiales, se convirtió en una labor poco apreciada de cara al proceso electoral de julio pasado. Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas —a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno— contra varios periodistas, de los cuales diez se vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado”.

Blogueros y tuiteros bajo amenaza

La labor informativa que hacen blogueros y tuiteros en ciudades con fuertes problemas de inseguridad, fue otro tema del estudio, el cual derivó para que los miembros de Artículo 19 solicitaran a las autoridades federales medidas para proteger el anonimato de estas personas que fungen como fuentes informativas en sus localidades.

Sostienen que en la  “medida que el flujo de información ha sido afectado por el patrón de violencia en contra de la prensa, comunidades y regiones enteras se han transformado en “agujeros negros” a lo largo y ancho del territorio mexicano; es decir, zonas en donde no entra ni sale información, lo que propicia rumores e información poco confiable al respecto. Sin embargo, la demanda de información por parte de la sociedad no sólo no decrece sino que incluso, en muchos casos, se incrementa”.

“Esto sucede de manera dramática en contextos donde las autoridades y los medios no informan sobre cuestiones de seguridad tan básicas para la población, como fuegos cruzados”.

“En ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad del Mante en Tamaulipas, o en caso de Coahuila en Saltillo, Piedras Negras y Torreón, así como en Monterrey, Nuevo León, las redes sociales, en especial Twitter han servido como fuente alternativa de información en tiempo real ante la falta de información confiable y la imposibilidad de poder confirmar o desechar la oleada de rumores que suelen acompañar los picos de los índices de incidencia de delitos de alto impacto”.

Cuatro testimonios

La “impunidad” que se vive cuando se trata de investigar la muerte o agresión de un periodista, fue abordada por Artículo 19 al documentar cuatro casos en los que la autoridad ha hecho muy poco para dar protección y justicia a los periodistas y sus familiares.

Mencionan por ejemplo los asesinatos de Armando Rodríguez de Chihuahua; Regina Martínez de Veracruz; José Antonio García Apac de Michoacán y la agresión a Lydia Cacho de Quintana Roo.

El informe indica que “Armando Rodríguez (Chihuahua) y Regina Martínez (Veracruz), fueron las víctimas de contextos que habían experimentado un acelerado proceso de descomposición; los grupos criminales habían establecido pactos, complicidades con los cuerpos policiacos y las bandas criminales habían logrado la aquiescencia de los gobiernos locales para operar e imponer nuevas reglas del juego en las que los periodistas simplemente podían ser asesinados sin que nada pasara”.

“El de José Antonio García Apac (Michoacán) es un caso doblemente trágico, pues tras su desaparición, han sido sus familiares y algunos compañeros de trabajo quienes han asumido la labor de reconstruir a ciegas, a falta de una indagatoria seria de la autoridad, parte de lo sucedido. El agravio comenzó en el momento que se lo llevaron, pero se ha prolongado durante todos estos años en que su esposa e hijos no han contado con una explicación satisfactoria sobre su suerte o paradero”.

“Lydia Cacho (Quintana Roo) puede contar su historia y narrar el viaje en que agentes ministeriales convertidos en torturadores le cambiaron la vida, por órdenes directas de un gobernador que empleando todos los recursos del Estado buscaba lastimarla por haberse atrevido a tocar a sus amigos. El caso de Lydia es emblemático porque ilustra una persecución desde el poder en contra del ejercicio de la libertad de expresión, además de una violación a sus derechos a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal. También es un ejemplo de la omisión del Estado para ofrecer protección a la periodista y dar con los responsables de las amenazas y castigar el abuso de autoridad cometido en su contra”.

Mecanismos de protección, “letra muerta”

En el tema relacionado con las acciones “cosméticas” del Estado para atender y prevenir las agresiones contra la prensa y la libertad de expresión, Artículo 19 concluye que los mecanismos de protección, que se derivarían de la Ley Federal de Protección a Defensores de los Derechos y Periodistas, son “letra muerta” a casi un año de su aprobación.

Textualmente señalan: “Desde la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el 30 de abril de 2012) y hasta el último día del año, seis comunicadores fueron asesinados, 14 tuvieron que huir de sus estados, ocho fueron privados de la libertad, 53 agredidos físicamente, 42 amenazados e intimidados, cinco detenidos ilegalmente y dos más desaparecieron, en tanto que las instalaciones de cinco medios fueron atacadas con explosivos”.

“En todos los casos, las autoridades encargadas de poner en marcha los mecanismos de protección contemplados en la Ley, han sido incapaces de prevenir las agresiones, aun cuando legalmente son responsables para hacerlo”.

“No lo han hecho porque la Secretaría de Gobernación (Segob), entidad responsable de diseñar los protocolos de la mencionada ley, no ha entregado a ninguno de los 24 gobiernos estatales que se acogieron al convenio, los mecanismos de protección que deben utilizar las entidades cuando se presenta una denuncia o situación de riesgo que afecte a un periodista”.

El informe da cuenta de cifras y testimonios que no dejan lugar a dudas de la situación de amenaza en que se encuentra la libertad de expresión, un derecho  protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en México se está vulnerando.

Ve o descarga aquí el informe íntegro:

Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impundad by articlex

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La impresionante (y costosa) operación del Kremlin para proteger a Putin del coronavirus

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades rusas han hecho enormes esfuerzos para proteger al presidente Vladimir Putin de la COVID-19.
7 de abril, 2021
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Desde el mismo comienzo de la pandemia de coronavirus, las autoridades rusas han hecho todo lo posible para proteger al presidente Vladimir Putin de la infección. Pero ¿cómo se organiza una cuarentena al estilo del Kremlin y cuánto ha costado?

Durante el último año, cientos de personas han tenido que ponerse en cuarentena en Rusia, antes de estar cerca de Vladimir Putin. Algunos tuvieron que aislarse incluso si no estaban en contacto directo con el presidente, sino como precaución porque estaban en contacto con otras personas que tenían previsto reunirse con él.

El 25 de marzo de 2020, el presidente Putin se dirigió a la nación y anunció que el 1 de abril marcaría el comienzo de una “semana no laboral”, mientras el coronavirus se propagaba rápidamente en Rusia.

Más tarde, en abril, se introdujo un confinamiento completo con el cierre de tiendas no esenciales y la prohibición de reuniones masivas, mientras una gran proporción de la población comenzó a trabajar desde casa.

Al mismo tiempo, 60 miembros de la tripulación de vuelo especial de la aerolínea Rossiya, al servicio del presidente Putin y de otros altos funcionarios del gobierno ruso, fueron puestos en cuarentena por primera vez el 26 de marzo de 2020 en un hotel no lejos de Moscú.

Desde entonces, cientos de pilotos, médicos, conductores y otro personal de apoyo, así como visitantes del mandatario, han pasado tiempo en cuarentena en una docena de hoteles en toda Rusia para proteger al presidente Putin de la infección.

Recientemente, se informó que el mandatario recibió una vacuna desarrollada en Rusia, aunque no se ha especificado cuál, pero los contratos con varios hoteles de “cuarentena” parecen estar vigentes hasta bien entrado el próximo año.

El servicio ruso de la BBC ha calculado que la Dirección del Presidente de la Federación Rusa, un órgano ejecutivo responsable del buen funcionamiento del equipo presidencial, recibió del presupuesto estatal unos US$84 millones para medidas de lucha contra la pandemia.

Los hoteles del Kremlin

Vladimir Putin en una pantalla.

Getty Images
El Kremlin ha hecho grandes esfuerzos económicos y logísticos para mantener a Putin a salvo de la enfermedad.

El servicio ruso de la BBC ha hallado que, al menos, 12 hotelesse han utilizado para las cuarentenas del Kremlin. Estos lugares de hospedaje se encuentran en Moscú y en su región circundante, la Crimea anexada, así como en una ubicación no muy lejos de la ciudad sureña de Sochi, el escenario de los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y uno de los lugares favoritos del presidente Putin.

En la lista de cuarentena no había hoteles privados: todos los lugares donde los visitantes y el personal de servicio pasaron tiempo pertenecen a la Dirección Presidencial. Algunas de las reservas están hechas hasta marzo de 2022.

Los miembros de la tripulación de vuelo de Rossiya parecen ser los principales ocupantes de estos hoteles. La tripulación sirve a funcionarios, incluido el propio presidente Vladimir Putin, así como al primer ministro Mikhail Mishustin y otros ocho ministros del gabinete.

El servicio ruso de la BBC pudo saber que el presidente Putin pasó gran parte del año pasado trabajando desde su residencia de Sochi.

Una fuente familiarizada con las condiciones de la cuarentena dijo que decenas de pilotos y otro personal aéreo tuvieron que ponerse en confinamiento cerca de Sochi para proporcionar transporte al mandatario, así como para el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores y muchos otros. Entre los que se pusieron en cuarentena se encontraban pilotos de aviones y helicópteros.

Confinarse para ver a Putin

Vladimir Putin en un escenario.

Getty Images
Antes de que Putin asista a actos públicos se toman numerosas medidas para minimizar el riesgo de que se contagie.

El 75º aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial debería haber sido una celebración importante en Rusia.

El recuerdo de esa guerra y el papel de Rusia en la derrota del nazismo son partes clave de la narrativa patriótica del gobierno de Putin. La celebración habría tenido lugar en la Plaza Roja el 9 de mayo, el Día de la Victoria de Rusia.

En lugar de ello, la conmemoración se trasladó al 24 de junio de 2020 y se realizó en una escala mucho menor, aunque todavía incluía un desfile militar. Los veteranos de guerra y las celebridades estrecharon la mano del presidente Putin y recibieron premios para conmemorar el aniversario.

Bloomberg informó que antes de reunirse cara a cara con el presidente, más de 200 personas, incluidos 80 veteranos de guerra de entre 80 y 90 años, tuvieron que ponerse en confinamiento durante dos semanas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó antes del desfile de junio que “un grupo de veteranos” estaba en cuarentena “en excelentes condiciones”, aunque destacó que esto se hacía como precaución por su bien.

El presidente Putin colocando flores sobre una tumba.

Kremlin.ru
Detrás de las apariciones de Putin en público hay toda una operación para asegurar que no corre riesgo de infectarse con el coronavirus.

Las agencias de noticias estatales rusas TASS y RIA-Novosti publicaron historias idénticas, describiendo cómo “uno de los hoteles de Moscú” había sido equipado para la cuarentena de unos 20 periodistas.

Se quedaron en habitaciones individuales, dejándolas solo mientras las limpiaban. No podían hablar entre ellos cara a cara y solo podían comunicarse virtualmente.

No se les permitió fumar ni beber alcohol. Los paquetes y las encomiendas que recibían de fuera del hotel de cuarentena solamente les eran entregados después de ser inspeccionados y desinfectados.

Los reporteros que se encontraban en aislamiento eran alimentados tres veces al día, dejando sus comidas y bebidas fuera de sus habitaciones, junto con cubiertos desechables. Cualquiera que entrara en contacto con ellos usaba trajes de protección personal completos.

También hubo informes sobre funcionarios del gobierno regional que se aislaron antes de las visitas del presidente Putin. Por ejemplo, en la ciudad de Sarov, en la región de Nizhny Nóvgorod, las autoridades locales asignaron US$13.000 para medidas “destinadas a prevenir la propagación de la infección por coronavirus durante la visita del presidente de la Federación de Rusia”.

El servicio ruso de la BBC se enteró de que alrededor de 20 miembros del personal de la administración local de Sarov estaban aislados en una pensión para veteranos de guerra. Los gastos de su estancia incluyeron camas de madera “de nogal”, juegos de ropa de cama, plancha y cuatro cajas fuertes de seguridad.

La BBC le preguntó al portavoz del Kremlin sobre las precauciones amplias y de larga escala tomadas para proteger al presidente Putin y si, en su conocimiento, otros países tenían prácticas similares en vigor. Dmitry Peskov declinó hacer comentarios.


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