Después de cuatro años de haber aprobado la reforma penal, la procuración de la justicia sigue siendo un arma utilizada por gobernadores para encarcelar adversarios o personas incómodas, aseguró el abogado Rafael Heredia.
El litigante que tomó fama a nivel internacional por ser el defensor de José Antonio Zúñiga, cuyo juicio exhibió el documental Presunto Culpable, advirtió que es momento de que los gobernantes agilicen en sus estados la implementación del nuevo sistema penal para transparentar los procesos, pues en junio de 2016 concluye el plazo de ocho años previsto en la reforma constitucional.
“Ya basta que la autoridad el día de hoy siga inventando culpables; las Procuradurías siguen siendo agentes de los señores gobernadores, de sus preferencias, y siguen utilizando el derecho penal como un medio coercitivo, un medio de meter al bote al que no cabe en el negocio o en la política”, sostuvo Heredia.
Un ejemplo, aunque a nivel federal, fue la acusación de nexos con el narcotráfico en contra del General de División Tomás Ángeles Dauahare y otros tres generales, pues en consideración de Heredia la investigación no tenía elementos para que fueran encarcelados.
Según la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), la reforma está en operación total en el Estado de México, Chihuahua y Morelos, y de forma parcial en 10 estados, aunque se estima que entre este año y 2014 otros 15 arranquen la transformación.
El mayor retraso se encuentra en el gobierno federal y, a nivel estatal, en el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. Como órgano implementador, la SETEC se encuentra actualmente perfilando el presupuesto que se destinará a los estados en los próximos tres años para la tarea.
Ayer, integrantes de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso anunciaron que entre el 7 y el 9 de mayo se desarrollará el Quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el cual se ha distinguido en años anteriores por la evaluación de la implementación a nivel nacional de la reforma aprobada en 2008.
“El foro es para que los actores digamos las grandes verdades y los señores gobernadores, procuradores y presidentes de tribunales de justicia se apuren”, agregó el abogado.
Anuncian propuesta de Código Único
Uno de los temas que se abordarán durante el foro es la propuesta de Código Único de Procedimientos Penales que elaboró la Red Nacional, la cual será presentada ante el Senado este jueves 25 de abril.
Alejandro Martí, Presidente de México SOS y cabeza de la Red Nacional, informó que el proyecto fue preparado por académicos, abogados y ministros tras un análisis de las regulaciones y la experiencia desarrollada en los estados que aplican la reforma penal. La senadora priista Arely Gómez presentará como iniciativa ante la Cámara Alta la propuesta surgida de la sociedad civil.
La propuesta es un modelo de referencia inédito que podría ser adoptado por el gobierno federal y los estados, los cuales actualmente cuentan cada uno con un Código de Procedimientos Penales propio.
“Este Código Único, la primera característica importante es que viene desde hace tiempo empujado por la sociedad civil; la segunda característica es que ha sido conformado por un grupo de especialistas de la Red que prácticamente su proyecto fue hacer un Código nuevo, que no existía”, explicó Orlando Camacho, director de México SOS.
Aunque Martí aclaró que notan un compromiso por parte del presidente Enrique Peña Nieto, indicó que es necesaria la voluntad de gobernantes, jueces y policías para que se concrete el nuevo sistema penal, cuyos ejes son el uso de juicios orales y la profesionalización de los cuerpos policiacos.
“Me preocupa, más que lo que va a venir, la voluntad política de todos y cada uno de los integrantes del Estado mexicano para decidirse y definir de una vez qué es lo que quieren dar a los ciudadanos, ¿un sistema justo? Entonces no es por el costo, es con la voluntad”, manifestó Martí.
El foro, el cual se prevé que sea inaugurado el 7 de mayo por el presidente Peña Nieto, abarcará nueve mesas en las que participarán gobernadores, funcionarios federales y estatales; legisladores, magistrados, académicos y activistas, entre ellos, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
