Los disturbios del pasado 1 de diciembre, en los que resultaron afectados distintos negocios, oficinas públicas y mobiliario urbano del Centro de la Ciudad de México, y tras los cuales se detuvo a 99 personas inocentes –a 94 de las cuales se les consignó ante el Ministerio Público–, no fueron realizados por el conjunto de organizaciones civiles y políticas que ese día se manifestaron “legítimamente” contra la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, sino únicamente por un “grupo agresor” de “no más de 50 integrantes”, a los cuales la policía capitalina no sólo permitió actuar con impunidad, sino que, por el contrario, al mismo tiempo que éstos realizaban actos vandálicos, los cuerpos de seguridad “ejecutaban detenciones de personas que se manifestaban pacíficamente”.
Tal es la conclusión a la que llegó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) –plasmadas en su recomendación 7/2013, emitida el pasado 10 de abril–, tras analizar la actuación tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría General de Justicia capitalinas, durante el operativo de resguardo montado el 1 de diciembre en la Cámara de Diputados, el Zócalo y el Campo Marte, el cual dejó, informó el ombudsman local, un saldo de 99 víctimas de “detención arbitraria”, a las cuales se pretendió responsabilizar por los destrozos que causó el grupo “violento”, mismo que, se destacó, logró darse a la fuga gracias a la inacción e ineficacia policiaca.
El grupo agresor
Luego de analizar los informes, partes policiales, comunicaciones radiales, así como los videos que registraron las cámaras de seguridad del gobierno capitalino, la Comisión de Derechos Humanos del DF confirmó que desde las 6:40 horas del pasado 1 de diciembre, las autoridades locales tuvieron conocimiento de la presencia de un grupo beligerante, “de aproximadamente 40 o 50 personas”, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados –donde Peña rendiría protesta como nuevo titular del Ejecutivo federal–, contingente que, separado de la concentración pacífica que realizaban diversas agrupaciones civiles, atacaba a los uniformados destacamentados en la zona con “petardos, bombas molotov, piedras y otros objetos”.
De esta forma, destacó el ombudsman capitalino, para las 9:00 horas “los mandos superiores de la SSPDF y de la PGJDF ya contaban con la información necesaria (…) sobre el patrón de actuación de los integrantes del grupo (agresor), su capacidad beligerante y su persistente intención de provocar daños”, a pesar de lo cual el “mando único” del operativo, asignado al superintendente de la SSP Darío Chacón Montejo, “permitió que (el grupo de agresores) avanzara por distintas calles y avenidas de la Ciudad de México”, causando distintas afectaciones en bienes públicos y privados.
Así, en un trayecto que inició en avenida Congreso de la Unión y siguió por Eje 1 Norte, Eje Central, avenida Juárez, Paseo de la Reforma e Insurgentes, este grupo de medio centenar de agresores atacó tres hoteles, seis instalaciones bancarias, cinco restaurantes, tres tiendas de conveniencia, cinco oficinas e instalaciones gubernamentales, ocho vehículos (incluidos un camión de bomberos y dos transportes de la policía), además de semáforos, señalizaciones viales y alcantarillado de toda el área, entre otros daños, todo lo cual fue perpetrado sin oposición de la policía.
De hecho, señala el análisis de la Comisión de Derechos Humanos del DF, una vez que llegó al Centro Histórico, por más de una hora el grupo agresor logró operar impunemente en avenida Juárez, y luego replegarse hacia Paseo de la Reforma, hasta que, hacia las 13:28 horas, finalmente se dispersó sin que la policía les diera alcance en las inmediaciones del Monumento a la Revolución –donde hasta ese día se mantuvo la Acampada Revolución, plantón de universitarios y grupos civiles apostado ahí desde julio de 2012 y que, ese 1 de diciembre, fue retirado por sus ocupantes a toda prisa–.
Cabe destacar que, según constató la CDHDF, no fue sino hasta que este grupo beligerante se dio a la fuga que el mando policial dio la orden de que iniciaran los arrestos, aún a sabiendas de la gente que permanecía en el perímetro no estaban implicadas en los hechos violentos.
Mando “permisivo”
La recomendación 7/2013 señala que las fuerzas de seguridad no sólo permitieron actuar a este grupo de 50 “agresores” durante el tiempo que duró el mitin en la Cámara de diputados –de las 6:40 a las 10:30 horas–, sino que durante el tiempo que tomó su traslado al primer cuadro de la ciudad, entre las 10:30 y las 12:00, el superintendente Chacón no ordenó encapsularlos ni contenerlos, sino sólo darles “seguimiento”, a pesar de que en el camino iban realizando actos vandálicos.
De hecho, subraya el documento emitido por la CDHDF, la actitud “permisiva” del mando policiaco fue tal que, una hora después de que este grupo beligerante partió del Congreso de la Unión, realizando afectaciones a vehículos, negocios y mobiliario urbano, en vez de impedirles el avance, el mando único ordenó a los uniformados que les daban “seguimiento” colocarse detrás de ellos y dejarles el paso libre, y fue siguiendo esta orden, por ejemplo, que mientras este grupo violento atacaba un trolebús en Eje Central y 5 de Mayo, “los elementos de las fuerzas de seguridad permanecieron detenidas, inertes, únicamente protegiéndose con sus escudos y cascos de las agresiones”.
Esta situación pasiva del mando policial, subrayó la CDHDF, puso además en riesgo la seguridad personal de los uniformados, a grado tal que, para las 12:25, uno de los mandos que se hallaban en la zona de la refriega se comunicó con Chacón para decirle “jefe, ya no aguantamos más”. Aún así, la orden fue resistir los embates, sin intentar contener al grupo agresor, por otros 20 minutos.
Pretexto maestro
Aunque los actos violentos de este grupo de 50 agresores se dio en cuatro fases –en la Cámara de diputados, en Eje 1 Norte, en las inmediaciones de la Alameda, y luego en Reforma–, la refriega más fuerte del 1 de diciembre fue la registrada en la Alameda.
Pese a ello, para las 12:20 horas, el mando único del operativo reiteró la orden de no intentar nada contra los agresores que se hallaban en Juárez, con el argumento de que eso podría “provocar” a otras agrupaciones que también se manifestaban en la zona, particularmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, argumento que el superintendente Chacón mantuvo, a pesar de que, como comprueban las comunicaciones radiales, la jefa policiaca Adriana Campero le aclaró que los maestros estaban lejos, por lo que el riesgo de que se sumaran a la refriega era nulo.
De hecho, no fue sino hasta las 12:48 horas que se autorizó avanzar contra el grupo agresor, con el uso de gas lacrimógeno, con lo cual los agentes lograron hacer retroceder al grupo beligerante, pero dos minutos después “de nueva cuenta se les ordenó detenerse y continuar conteniendo, con el argumento de que permanecía (en la zona) un grupo de miembros de la CNTE”.
Durante estos minutos, los jefes policiacos sugirieron al “mando único” distintas estrategias para encapsular al grupo violento, pero “no se realizaron pues, de conformidad con la visión de los mandos superiores, continuaban en el lugar los integrantes de la CNTE y tenían que evitar cualquier acto de provocación”, esto a pesar de que los mismos videos y comunicaciones radiales de los policías en el campo daban cuenta de que los maestros ya se encontraban en Reforma, es decir “a una distancia considerable del grupo (beligerante)”.
Cabe destacar que, mientras la orden era mantener la formación, el grupo beligerante atacó tres restaurantes, dos oficinas públicas, dos bancos y una tienda de conveniencia de avenida Juárez, esto a pesar de que la misma jefa de policía Adriana Campero advirtió a Chacón que debían protegerse estos negocios. Sin embargo, señala la recomendación 7/2013, “no se asignaron elementos policiales”.
De hecho, la orden de resguardar los negocios de Juárez no llegó sino hasta las 14:22 horas, es decir, más de una hora y 20 minutos después de que los agresores se habían retirado hacia Reforma, para dispersarse.
“Necesitamos detenciones”
Una de las principales conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos del DF al analizar la actuación de la policía durante los disturbios del 1 de diciembre es que “quedó de manifiesto que para la SSPDF fue prioridad afrontar a personas que se manifestaban y expresaban legítimamente”, en vez de emprender “técnicas y tácticas policiales para el control y dispersión del grupo (agresor)”.
Así, por ejemplo, la recomendación destaca que mientras el grupo de 50 agresores atacaba negocios, Chacón dio la orden de encapsular y remitir al Ministerio Público a otro grupo de 30 manifestantes pacíficos, que se concentraban en Eje Central.
Además, la orden de recuperar avenida Juárez llegó hasta que los agresores se habían retirado, a pesar de lo cual Chacón señaló, tal como confirman las grabaciones policiales que “necesitaríamos R9 (detenciones”, razón por la cual, dos minutos después, se ordena a los uniformados presentes en la zona de operaciones detener a “todos esos jovencitos con mochila en la espalda, esos son vándalos”, indicación que, subrayó la CDHDF, “sin lugar a dudas impactó en la generación de detenciones ilegales”.
De hecho, para las 13:28 horas, cuando el grupo beligerante se había dado a la fuga, el mando policiaco dio la orden de arrestar “lo más que se pueda”, dando pie a las detención indiscriminada de personas que se se hallaban, de manera pacífica, en Reforma, Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.
Epílogo: responsabilidades
Tras constatar el proceder irregular de la policía capitalina, la Comisión de Derechos Humanos del DF solicitó al gobierno local, entre otras cosas, “denunciar ante la Fiscalía para Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la PGJDF, a los mandos medios y superiores (de la SSP) por sus acciones y omisiones en el operativo del 1 de diciembre, a fin de que se investigue los delitos en que éstos pudieron incurrir”.
Hasta la fecha, el gobierno capitalino no ha respondido si aceptará o rechazará las conclusiones y demandas de la CDHDF en torno a este caso.
