Le llaman “Jennifer”. Es el seudónimo con que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) bautizaron a un testigo protegido cuyas declaraciones sirvieron para encarcelar a decenas de personas entre alcaldes, diputados, fiscales y militares.
La mayoría de los señalados con estas declaraciones están libres por falta de pruebas o porque los jueces determinaron que la incriminación de “Jennifer” y otros testigos colaboradores eran falsas.
El uso sin control de estos testimonios perjudicó al sistema judicial de México, afirma a BBC Mundo el analista Gabriel Regino, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Causaron una alta erosión en la credibilidad de los sistemas de procuración de justicia que se traduce en falta de confianza de la sociedad”, explica.
“Muchas personas se encuentran privadas de su libertad, condenadas anticipadamente y violándose la presunción de inocencia con base en declaraciones manipuladas, en creaciones autoritarias del Ministerio Público”, según Regino.
En México el Ministerio Público (MP) es la entidad responsable de investigar los delitos y promover su castigo ante el Poder Judicial.
En las últimas semanas ha perdido varios casos que se fincaron en declaraciones de testigos protegidos. En uno de éstos, el del exfiscal Noé Ramírez Mandujano -acusado de colaborar con el cartel de narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva- el juez que atendió el proceso dijo que las autoridades fabricaron pruebas en contra del inculpado y solicitó que se investigue a “Jennifer”.
“Mateo”
¿Por qué el enredo de México con los testigos protegidos?
La investigadora Eloísa Quintero, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dice que es una combinación de leyes incompletas y un particular “modus operandi” de las fiscalías mexicanas.
Durante mucho tiempo, la legislación mexicana no definió quién y como podía convertirse en testigo protegido o colaborador, y entonces esa decisión quedó a cargo de los fiscales en turno.
La falta de límites provocó un fenómeno que la investigadora Quintero define como “dación de información en cuotas”, es decir, que los testigos ofrecían trozos de los datos que conocían a cambio de cada vez mayores beneficios.
A diferencia de otros países, como Italia, la legislación mexicana no establecía límites y por eso ocurrieron casos como el de “Jennifer” o “Mateo”, otro polémico informante a quien se han comprobado acusaciones falsas en los juicios.
“Lo que están haciendo es lucrar, por decir así, abusar de los beneficios que le pueda otorgar el estado y eso va en detrimento del proceso de investigación que se realiza”, advierte Quintero.
En eso coincide el académico Gabriel Regino. Alega que desde hace varias décadas, pero especialmente durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, los testigos colaboradores fueron utilizados como parte de una estrategia política para crear la percepción de que las autoridades ganaban la guerra contra el narcotráfico.
“En México los testigos protegidos suplieron la deficiencia de la capacidad de investigación del Ministerio Público, al ser utilizados como una especie de sustituto de evidencias forenses, investigaciones o razonamiento científico en la investigación criminal”, subraya Regino.
Testimonios desechados
En algunos casos, por la ausencia de reglas claras y los intereses particulares de fiscales y otras autoridades, esos testigos fueron utilizados para toda clase de casos, insiste Regino.
“Su testimonio se convirtió en un arcoiris que le permitía a la fiscalía en turno utilizarlos como instrumentos inquisitoriales, para enjuciar a quien había sido detenido, sin importar si era o no responsable”, explicó el abogado.
Así, durante el gobierno de Calderón hubo testimonios como el de “Mateo”, un presunto jefe del cartel Beltrán Leyva que lo mismo involucró en el narcotráfico a un exalcalde de Cancún, en el sureste del país, que a diputados de Michoacán, en el occidente de México y a periodistas en el noreste.
Todos los casos fueron desechados por los jueces porque la fiscalía no pudo probar que las acusaciones de los testigos fueran reales.
En los tres procesos el común denominador fue que los acusados eran críticos y opositores políticos del gobierno de Calderón. Hasta ahora los responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese periodo gubernamental no han respondido a las críticas y acusaciones penales.
¿Protegidos?
Legalmente la figura de testigo protegido es la de una persona que puede aportar información contundente para desarticular organizaciones criminales.
Una de las condiciones es que el informante se mantenga en el anonimato y sea custodiado por las autoridades. Pero en México eso a veces no ocurre.
El nombre real de “Jennifer” y de otros testigos colaboradores han sido publicados en casi todos los medios mexicanos, e incluso en algunos casos se hizo pública la ubicación de algunos de ellos.
Su identidad se conoce a través de los expedientes en los juicios donde participan, o por filtraciones de los investigadores. Jennifer, por ejemplo, es un exabogado del Cártel de Sinaloa que encabeza entre otros Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Y Mateo fue presuntamente el jefe del cartel Beltrán en el noreste mexicano.
Esa costumbre tiene consecuencias. En 2009, por ejemplo, fue asesinado Edgar Bayardo del Villar, uno de los testigos clave en la llamada Operación Limpieza que aparentemente informó de colaboraciones de fiscales mexicanos y empleados estadounidenses con el cartel Beltrán Leyva.
Otros informantes también han sido asesinados, según documentaron medios locales.
En medio de la polémica, algunos legisladores reclaman cancelar el uso de testigos protegidos, una decisión que podría ser equivocada, coinciden los analistas.
“Es un elemento indispensable para allegarse información y datos en ciertas investigaciones”, advierte la investigadora de Inacipe.
“Pero para operar con seguridad jurídica se tiene que contar con una regulación legal que no tenga lagunas”.
