Brasil: el Mundial de futbol, esa catástrofe
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Brasil: el Mundial de futbol, esa catástrofe

Agencia Pública, sitio brasileño de reportajes y periodismo de investigación, aborda siete razones por las que la Copa de Futbol se está transformando de fiesta a manifestación.

Costo/Legado

Brasil

Ya se gastaron 27 mil 400 millones de reales en la Copa y la previsión actual del costo total es de 33 mil millones, una cantidad que se aproxima al monto del presupuesto federal en educación para este año: 38 mil millones de reales. Una priorización de recursos que la población cuestiona en las calles, así como la concentración de dinero público en la construcción de estadios, que, en muchos casos –como en Manaos y Cuiabá—, son “elefantes blancos” sin utilización futura (NdT: 1 dólar estadounidense equivale a 2.2 reales).

Además de ello, las obras de movilidad urbana –presentadas por el gobierno como el principal legado para las ciudades sede y actualmente presupuestadas en 12 mil millones de reales—privilegian a los accesos viales para automóviles (viaductos, extensión de avenidas) y la ruta aeropuertos-hoteles-estadios que no es necesariamente prioritaria para la movilidad urbana en la vida cotidiana de esas ciudades. Un ejemplo claro es Itaquera, donde las obras reclamadas por la comunidad fueron suspendidas mientras se invierte a todo vapor en las obras de acceso al estadio. Promesas de inversión en transporte público, como la construcción del metro de Salvador y el Monorriel da línea Ouro en San Pablo fueron retiradas de la Matriz de Responsabilidades (el presupuesto federal para la Copa) y el transporte público llegó a ser perjudicado en Río de Janeiro, donde los moradores y el comercio sufren con la falta del tradicional tranvía –que no circula desde 2011, después de un accidente denunciado por los vecinos como resultante de un equivocado proyecto de modernización (que hubo que rehacer y todavía no está listo).

Finalmente, las obras de movilidad urbana son las principales responsables de la remoción de comunidades, amenazas ambientales y pérdida de instalaciones públicas.

Remociones violentas y demoliciones indeseables

Brasil protestas

Los movimientos sociales han contabilizado 170 mil personas amenazadas o ya removidas y/o recibiendo indemnizaciones de 3 a 10 mil reales, en el caso de aquellos que pueden probar la propiedad del lote y asistencia de renta de menos de un salario mínimo para los demás. No es raro que los desalojos sean realizados en forma violenta, sin transparencia ni diálogo entre poder público y residentes. En el morro de Providencia, en Río de Janeiro, por ejemplo, algunas personas descubrían que iban a ser expulsadas cuando sus casas aparecían marcadas, sin negociación previa alguna.

Además de las casas, los residentes pierden sus comunidades, en algunos casos centenarias, amigos, vecinos, tradiciones. Por lo general son enviados lejos de sus raíces y su vida cotidiana y pierden la infraestructura urbana de barrios más céntricos, por ejemplo en el caso de la amenazada comunidad de la Paz, en Itaquera, San Pablo. Las indemnizaciones recibidas son muy inferiores a los precios de alquiler e inmuebles en los barrios afectados por las obras de la Copa, forzando la partida también de aquellos que pueden decidir su destino. La especulación inmobiliaria en torno de los estadios y las mejoras realizadas para volver la ciudad más atractiva para los turistas expulsan a los residentes que deberían ser beneficiados por el cambio, de los morros de Río de Janeiro a la zona oriental de San Pablo, agravando el gran problema de falta de viviendas en las grandes ciudades brasileñas.

El patrimonio social y cultural también ha sido perjudicado, como demostró la expulsión de los representantes de las etnias indígenas que ocupaban el antiguo Museo del Indio en Río de Janeiro, reconocido por los antropólogos  como marco de relación entre indios y blancos en Brasil; o que el histórico estadio de Maracaná fuera despersonalizado por una reforma que ya costó mil 200 millones del tesoro público y acompañado de la destrucción de instalaciones deportivas públicas, como el gimnasio Célio Barros, para construir estacionamientos y accesos viales en torno del estadio.

Legislación de excepción para cumplir las exigencias de la FIFA

Brasil

Desde que Brasil cerró el acuerdo con la FIFA, el gobierno viene creando leyes por decreto para asegurar los intereses de ésta y de sus socios (Ley General de la Copa), permitir que Estados y municipios se endeuden más allá de lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para invertir en obras de la Copa, acortar los permisos ambientales y prescindir de licitaciones.

Algunos ejemplos del perjuicio que esa legislación trae para la población:

-las zonas de exclusión: la FIFA ha establecido como territorio propio –zona de exclusión—el área comprendida en un radio de hasta dos kilómetros en torno de los estadios. Allí controla la circulación de las personas, la venta de productos, fiscaliza el uso de marcas que considera propias –el propio nombre del evento, Copa 2014, y la mascota, entre otros–, protege la exclusividad de la venta de productos de sus patrocinadores –de la cerveza a la hamburguesa— y se encarga de la seguridad . Según la ONG Streetnet, en Sudáfrica 100 mil vendedores ambulantes perdieron su fuente de ingresos durante la Copa y se prevé una situación similar –caracterizada como violación del derecho de trabajo y persecución por trabajar en espacio público—en Brasil, donde más de  mil vendedores ambulantes ya perdieron sus puestos de trabajo por culpa de las obras de la Copa, principalmente en Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Fortaleza y Porto Alegre.

exenciones fiscales, excepciones legales: la creación de penas y la tipificación de crímenes para proteger los intereses de la FIFA y de sus socios –que castiga, por ejemplo, a quien utiliza símbolos de la Copa para promover eventos en bares y restaurantes o a quien viola la exclusividad de las marcas de la FIFA— son algunos de los abusos permitidos por la Ley General de la Copa, que también exime de impuestos a una serie de entidades y de individuos indicados por la FIFA, perjudicando los ingresos del país, que hasta carga con toda la responsabilidad jurídica en accidentes/incidentes, daños y procesos, incluyendo el pago de los abogados de la FIFA y sus socios.

-obras estaduales y municipales faraónicas y/o en contra de los intereses de la población: el caso más flagrante es la construcción de un Acuario en Fortaleza , sin arbitrio arqueológico y con diversas fallas en EIA-Rima, a un costo superior a los 280 millones de reales mientras Ceará vive una de sus peores sequías. En San Pablo, en Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades-sede, los gobiernos estaduales y municipales también participan en la inversión de dinero público en estadios que serán posteriormente explotados por la iniciativa privada . En Natal, la construcción del estadio pone en riesgo las dunas, y en Reciba un área hasta ahora preservada está siendo alterada completamente para crear instalaciones relacionadas con la Copa, como hoteles y centros de apoyo al estadio.

sobrefacturación, costos elevados y desvíos de recursos públicos: las siete mayores contratistas de Brasil –que también son las principales dotadoras de recursos electorales de los principales partidos y políticos— fueron beneficiadas con la Ley 12.462/2011 RDC –Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas– para fijar precios, aumentarlos a través de cláusulas y añadidos frecuentemente justificados por el ritmo de las obras y por la reformulación de proyectos equivocados. El TCU ya comprobó irregularidades en la arena Amazonas, en la reforma del Maracaná, en la construcción del estadio en Brasilia, en el aeropuerto de Manaos. El Ministerio Público del Distrito Federal inició una acción contra la sobrefacturación y otras irregularidades en el VLT de Brasilia.

Violación al derecho a la información y la participación política

Brasil

Los movimientos sociales denunciaron en el Dossier de Violaciones a los Derechos Humanos que también el derecho a la información y a la participación en los procesos de decisión son “atropellados por las autoridades de la FIFA, el COI y los comités locales”, porque los “proyectos asociados a la Copa y a las Olimpíadas no son objeto de debate público”. La falta de información y de debate sobre los proyectos, que usualmente incumplen los planes rectores aprobados por las legislaturas municipales, que afectan a comunidades y barrios, es denunciada por movimientos sociales en todas las ciudades-sedes. Asociaciones de vecinos también se quejan de audiencias públicas meramente formales y de la inexistencia de mecanismos más eficaces para la participación de la sociedad en los proyectos que afectan sus casas, barrios y ciudades.

Recrudecimento de la violencia policial y de la seguridad de la FIFA

Protesta Brasil

El presupuesto del área de seguridad de la Copa prevé inversiones de mil 800 millones de reales del gobierno federal. El Ministerio de Justicia declara haber invertido hasta ahora 562 millones de reales y el Ministerio de Defensa, 630 millones en gastos relativos a los eventos. Por un total de 49.5 millones, el gobierno federal arregló la compra de millares de armamentos no letales de la empresa Condor –la misma que proveyó los gases utilizados contra los manifestantes en Turquía y en las ciudades brasileñas—para la Copa de las Confederaciones, que se juega actualmente, y la Copa del Mundo de 2014.

El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, prevé la provisión de 2 mil 200 kits no letales de corta distancia (sprays de pimienta, granadas lacrimógenas con chips para ser rastreadas, granadas de efecto moral para uso externo y en interiores, y granadas explosivas de luz y sonido); 449 kits no-letales de corta distancia con cartuchos de balas de goma y cartuchos de expansión en el impacto (balas que se expanden en contacto con la piel, evitando la perforación); mil 800 armas eléctricas para lanzar dardos energizados (las pistolas “taser”) y otras 8.300 granadas de efecto moral, 8 mil 300 granadas de luz y sonido, 8 mil 300 granadas de gas lacrimógeno fumígenas triples y 50 mil sprays de pimienta. Dentro de los estadios y en la zona de exclusión, la seguridad privada es escogida y dirigida por la FIFA pero pagada por el gobierno federal. En las recientes manifestaciones en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, la cantidad de equipos y municiones llamó la atención, exactamente porque ya se estaba utilizando el material de seguridad de la Copa de las Confederaciones.

Además de la legislación de excepción referida en el ítem anterior –que incluye la tipificación de nuevos crímenes para proteger marcas y la exclusividad de los socios de la FIFA y la zona de exclusión–, el PL 728/2011, a fin de su trámite, incluyó la tipificación del crimen de “terrorismo”, algo que no existe en la legislación brasileña desde la última dictadura militar, y prevé duras penas para quien promueva “el pánico generalizado”. Para los movimientos sociales, el texto del proyecto, bastante vago, puede criminalizar las manifestaciones, en tanto sean encuadradas como causantes del pánico generalizado.

Elitización de los estadios y de las entradas a los juegos de la Copa

Maracaná

Las reformas de los estadios brasileños, a fin de seguir las recomendaciones de la FIFA, reducirán o extinguirán los sectores populares en los estadios, ampliando el área de palcos y los lugares marcados, principalmente en el Maracaná y el Mineirão, que perdieron casi el 50 por ciento de su capacidad. Como resultado, el precio de las entradas subió incluso en los juegos regulares –pasando, por ejemplo en el Maracaná, de los 40 a 60 reales que se cobraban por las entradas populares a un mínimo de 160 reales.

En cuanto a las entradas para la Copa 2014, mientras que 200.000 personas asistieron al partido final contra Uruguay en 1950 en el Maracaná, habrá apenas 74 mil puestos a la venta en el mismo estadio para la final del año próximo. En 1950, 80% de las entradas eran populares (tribunas y general), eliminadas para hacer lugar a los asientos acochados de las zonas VIP.

La FIFA también impone normas de conducta a los fanáticos completamente contrarias a la cultura de alegría y de participación de la hinchada brasileña de fútbol, con una platea sentada, sin las coreografías, los bombos y el baile de banderas a que estamos acostumbrados.

Incremento en el  tráfico y la violencia contra las mujeres, los adolescentes y los niños

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Fortaleza, Natal y Salvador están entre los principales destinos del turismo sexual, que trae hombres en busca de mujeres, travestis, adolescentes y niños, lo que se agravará con la Copa. El Esplar, ONG que trabaja con mujeres de Ceará y participa en la Articulación de los Comités Populares de la Copa, lanzó, en sociedad con la Fundación Heinrich Boll, un folleto informativo en un DVD para llamar la atención sobre el esperado aumento del turismo sexual durante la Copa. Según la abogada Magnolia Said, que coordinó la producción de ese material, ya se detectó un aumento del tráfico interno (del interior a las capitales del nordeste) de mujeres y adolescentes por causa de los preparativos de la Copa del Mundo. Una investigación de la agencia Pública también detectó el tránsito de travestis de Fortaleza hacia San Pablo para colocarse prótesis de siliconas a cambio de trabajo gratuito para las proxenetas que financian las cirugías.

 

Entra a Agencia Pública para leer la versión completa en portugués.

FOOTER-PUBLICA (1)

*Traducción El Puercoespín.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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