[contextly_sidebar id=”79c3d43f330ad19778ce6540ac6a7051″] A casi cuatro meses de la explosión en la Torre de Pemex que dejó 37 personas muertas , la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no ha fijado los montos ni ha definido a los destinatarios de las indemnizaciones de quienes fallecieron en el incidente.

El órgano concentró los casos en la Junta Especial 7 Bis, la cual desahoga desde febrero los procedimientos. Ahí, los deudos han presentado la documentación para acreditarse y acordar con la paraestatal los beneficios que les corresponden. Pero ese trámite aún no concluye en ningún caso, particularmente en tres, donde “no es fácil” decidir a quién le corresponde el dinero.

Tras las explosiones registradas el 31 de enero, la paraestatal solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que abriera procedimientos para determinar a los beneficiarios de los 29 empleados y una pensionada fallecidos, por los que debe pagar indemnización y prestaciones.

También emprendió medidas para el caso de una niña de 9 años de edad, hija de un trabajador, que murió durante el incidente ocurrido, según la PGR, por acumulación de gas metano.

De los 29 trabajadores que estaban en activo, sólo un caso está a revisión, ya que los familiares apelaron a un proceso civil para que se defina a los beneficiarios, porque no se han puesto de acuerdo sobre quién debe recibir el dinero. Lo mismo ocurre en el caso de la empleada pensionada, quien estaba de visita cuando ocurrió el incidente.

Un tercer caso que todavía está en revisión es el de la niña, cuyo padre también falleció, porque los familiares igualmente están en un litigio para que se determine a quien le corresponde.

Víctor Díaz Solís, director corporativo de Administración de Pemex, explicó que han mantenido cercanía con los deudos y sólo están a la espera de que la JFCA dicte la resolución de cada procedimiento para entregar la indemnización y, en los casos que correspondan, pensión.

“Pemex no va a regatear los recursos en una tragedia de este tamaño. La instrucción del director general ha sido, primero, un sentido humano, y respeto mucho lo que digan las instancias jurídicas y administrativas, pero aquí es un tema de estar cerca de la gente. Tuvieron una perdida y es muy importante para nosotros, sin menoscabo de ninguna especie, la cercanía con las personas”, señaló en entrevista con Animal Político.

“No es una cuestión de no pagar o escatimar recursos, no va por ahí. No, es un tema humano, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que la autoridad correspondiente nos lo indique; aquí la autoridad civil es la que nos dice ‘él es el beneficiario’”, explicó el directivo.

Los respectivos laudos podrían ser emitidos por la JFCA a más tardar en julio para los casos en los que no exista conflicto, se acuerdo a la información de la Secretaría de Trabajo. Aseguró que se ha buscado que los procedimientos se desarrollen con agilidad para concluirlos en el menor tiempo posible.

El monto de la indemnización variará por cada trabajador, pues se contempla su antigüedad, salario, prestaciones, y otros factores. La relación de víctimas está compuesta en su mayoría por empleados que ocupaban plazas de domésticos, oficinistas, ayudantes, asistentes, secretarias o taquimecanógrafos, aunque 3 eran coordinadores; tres supervisores, y dos especialistas técnicos.

Díaz Solís aseguró que la paraestatal ha sido transparente en los procedimientos legales para alistar los pagos.

“No nos vamos a esconder en ningún nicho de la ley para escatimar recursos, de ninguna manera. No vamos a buscar cómo escatimar recursos, al contrario, vamos a buscar cómo ser generosos porque eran nuestros compañeros de trabajo”, insistió el funcionario.