El multimillonario Carlos Slim, catalogado como el segundo hombre más rico del mundo, y dueño de la multinacional Claro, una de las reinas de las telecomunicaciones en América Latina, tendría que girar un cheque de unos 31 millones de dólares (casi 395 millones de pesos mexicanos), para pagarle una sanción histórica al gobierno colombiano.
De acuerdo con una nota publicada por el diario colombiano El Espectador, la multa al magnate mexicano sería la más grande que se le imponga a una empresa de telecomunicaciones en Colombia. La multa será impuesta debido a que que Comcel, ahora Claro, incurrió en una serie de comportamientos que no son acordes con la legislación nacional: prácticas de monopolio y abuso de su posición dominante en el mercado de la telefonía móvil celular, con una afectación directa sobre las empresas competidoras y, en segundo lugar, sobre los usuarios de este modelo de comunicación.
[contextly_sidebar id=”5ec1d49f149df070f5b5f51a0d44a8e4″]La investigación, a cargo de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, perteneciente a la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), reúne en un informe 176 páginas que corroboran cómo Comcel obstruyó, por ejemplo, los procesos de portación de usuarios que querían abandonar su red y cambiarse a las compañías Movistar o Tigo. “O, más grave aún, torpedeaba la apertura de bandas de los teléfonos, cuando estaban obligados a hacerlo”, dice la nota firmada por el periodista Edwin Bohórquez Anaya.
“En la recolección de pruebas aparecen entrevistas con representantes de las tres grandes compañías que prestan el servicio de telefonía móvil en Colombia, como parte afectada y parte acusada; con los fabricantes de los teléfonos, con los distribuidores y vendedores de las tarjetas sim card y hasta se copian correos electrónicos enviados por Juan Carlos Archila, presidente de Comcel, ahora Claro, en donde felicitaba a su equipo por las cifras obtenidas en materia de portabilidad prepago, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la investigación, muchas de ellas fueron fraudulentas”, dice el texto publicado el sábado pasado.
El diario asegura que desde el 15 de junio de 2012 se inició la investigación contra Comcel por prácticas restrictivas. La transnacional de comunicaciones Telefónica se presentó como tercera interesada y además, afectada. “Desde ese momento empezaron a reunirse las quejas de usuarios de Comcel que aseguraban no poder hacer uso de la Portabilidad Numérica Móvil. Luego, encontraron que la compañía del empresario mexicano estaba obstruyendo la entrega del Número de Identificación Personal (NIP), necesario para migrar a otro operador”, consigna la nota periodística.
En la investigación se detectó también que había problemas con la apertura de bandas de los teléfonos, algo ya era permitido en Colombia debido a una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Además, se comprobó que Comcel distorsionaba las cifras sobre el número de personas que habían, aparentemente, dejado a Movistar y Tigo porque estaban inconformes con el servicio.
Un año después, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Germán Enrique Bacca Medina, redactó el informe motivado en el que le recomienda al superintendente de Industria y Comercio (SIC), Germán Enrique Bacca Medina, “sancionar a la sociedad Comcel”. Si el SIC acoge la petición de su delegado para la competencia, podrá usar sus herramientas para imponer, por la calidad de las infracciones, una sanción de unos 31 milones de dólares, decisión que, de acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, se tomará esta semana. De aplicarse, pasaría a la historia como la más alta de su tipo y la más onerosa para Claro.
Lee la nota completa en la web de El Espectador.
